Fueron 50 oradores, entre jueces, fiscales, abogados y representantes de ONG’s, los que participaron de la tercera audiencia pública para debatir la modificación del Régimen Penal Juvenil en el Congreso. No hubo sorpresas. La mayoría de los especialistas cuestionaron la demagogia punitiva que rodea a la presentación del proyecto de ley y apuntaron contra la inutilidad de la baja de la edad de imputabilidad.  

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para los menores que cometen delitos con penas superiores a los 15 años, y supone un abordaje interdisciplinario de los menores que cometen delitos.

A lo largo de la jornada de debate el proyecto fue tildado de “incongruente”, “insostenible”, “inútil” y “regresivo”. Por ejemplo, el juez penal mendocino  Carlos Parma señaló que la iniciativa contiene “incongruencias” e “inestabilidades” de “orden semántico, jurídico y filosófico”. Sin embargo, exhortó al Congreso a trabajar en una norma que reemplace a al vigente. Y agregó: “En ese aspecto vamos por buen camino, es correcto estar tratando una ley de reforma integral”.

A la hora de referirse a la baja de edad de imputabilidad el juez dijo: “Debe rechazarse la baja. Quien se encargó de la redacción del proyecto ha improvisado en la materia”.

Por su parte, exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner remarcó que “no es cierto que cualquier cambio sea un avance. No lo es si una decisión de la democracia convalida o legitima contenidos dictatoriales”. El exfuncionario consideró “insostenible” bajar la edad de punibilidad y habló de “penas exorbitantes”.

“Vamos a ser famosos en el mundo si este proyecto es aprobado. Los autores dicen ‘no hemos puesto ningún tope’ pero remiten al artículo 55 del Código Penal y les están poniendo a los chicos de 16 y 17 años una pena máxima de 50 años”, subrayó.

Ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); Familia, a cargo de Alejandra Martínez (UCR-Jujuy); y Presupuesto, encabezada por Luciano Laspina (PRO), también expuso Julián José Hollman que, con 16 años, habló en representación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa. El joven detalló que “las diferencias interprovinciales no se tuvieron en cuenta” a la hora de redactar el proyecto, y también cuestionó la baja de la edad porque “vulnera más nuestros derechos” y “es desconocer plenamente la situación socio-económica de los niños, niñas y adolescentes”.

“La niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos. Esto deberían estar discutiendo ustedes señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos a la niñez y adolescencia”, enfatizó.

El defensor público oficial y cotitular de la comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN), Damián Muñoz, también expresó su rechazo al proyecto al afirmar que "es importante destacar que existe una imposibilidad normativa para aprobar esta ley, que podría traer consecuencias a nivel internacional para el Estado argentino".

Muñoz explicó que “no existen datos empíricos sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, y esto es incluso reconocido por los propios presentadores del proyecto oficial”.

El defensor oficial explicó que el Estado argentino está incluido en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y "eso condiciona a los poderes del Estado y a todos los operadores estatales, porque tenemos que realizar conductas públicas conforme a esos estándares internacionales".

A su turno, el juez penal de Niños y Adolescentes de Entre Ríos, Pablo Barbirotto, destacó la necesidad de “adecuar la legislación nacional y dejar de lado el decreto de la dictadura” aunque se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad.

Uno de los pocos invitados que se expidió a favor del proyecto fue el juez especializado de Córdoba, Horacio González del Solar, quien se mostró de acuerdo con bajar a 15 años la edad de imputabilidad, al sostener que “es oportuno y conveniente porque va a permitir a todos trabajar en esa edad en la que se está configurando el estilo de vida, de transgresión en el adolescente: antes será prematuro y después sería tardío”.

Por la asociación Usina por la Justicia, Diana Cohen, celebró que “se ponga fin a la discrecionalidad del juez dada por el vacío legal de no contar con una ley penal juvenil; se prohíba el alojamiento de menores en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a mayores de 18 años; y la brevedad de los procesos”.

Aunque apuntó sus diferencias con la iniciativa y aseguró que bajar la edad de 16 a 15 años es “inútil” porque “no producirá disminución alguna del delito”, Cohen recordó el caso de Brian Aguinaco y manifestó: “Hoy uno está reintegrado a su lamentable entorno socio-ambiental. En cambio el otro está bajo tierra, sin justicia”.

“El pseudo-progresismo, avalado por la jurisprudencia de las últimas décadas, produjo el escenario en el que hoy nos encontramos y esa es una realidad que parece que aquí nadie quiere ver”, añadió. Y pidió “coherencia legislativa con la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos”.

Para concluir, lanzó: “Vayan a la casa del Brian que ya no está, que se sienten a conversar con sus padres y que se den cuenta que él no fue condenado a 50 años de cadena perpetua, fue condenado a una ausencia perpetua, él y todos los seres queridos que todavía lo lloran”.

El plenario se volverá a reunir el próximo jueves a las 9:00 para continuar escuchando a especialistas. La intención del oficialismo es culminar a fines de abril con las exposiciones para empezar luego el debate con los diputados que integran esas comisiones y llegar al recinto en mayo.