| Entre Ríos EN LOS MEDIOS NACIONALES |
Viernes 03 de mayo de 2019
Los recaudadores políticos, molestos porque los empresarios retacean plata para la campaña (recuerdan resultados de las PASO en Entre Ríos)
CasaRosada

Un dirigente de Cambiemos que se dedicó a recaudar fondos en las últimas dos campañas nacionales sondeó en estos días a un empresario. Su urgencia era la misma de siempre. "No quiero estar en ningún futuro cuaderno", se excusó el consultado. Será una disculpa bastante frecuente de aquí a octubre. En términos de recolección, y no precisamente de residuos, la campaña empezó hace por lo menos un mes.

No es un momento fácil. Ni para los hombres de negocios ni para aquellos a quienes la política llama "fundraisers": los encargados de recabar fondos. Por la crisis económica y por un elemento nuevo en la región y el país, que son las investigaciones de corrupción. Lo vivió Brasil el año pasado con el Lava Jato. Según un trabajo del diario Folha de Sao Paulo, en las elecciones en que se impuso Jair Bolsonaro, los ocho partidos más importantes gastaron, todos juntos, apenas 45% de lo que una sola fuerza, el PT, había empleado en 2014 para la candidatura de Dilma Rousseff.

Pero son sólo registros declarados que, al igual que aquí, se difícil contrastar con lo que ocurre debajo de la mesa. En la Argentina, casi el 90% de lo que se gasta en una campaña es en negro. No hay ningún sector de la economía que se mueva con semejante nivel de informalidad. Ni siquiera el servicio doméstico, que llegó en algún momento a equiparársele en ese aspecto hace 20 años, pero que evolucionó desde 2005 en adelante con la ley 26.063, que permitió a los empleadores deducir del impuesto a las ganancias las contrataciones. La financiación de campañas no corrió esa suerte, y es todavía un tabú que acompaña, casi cuatro años más tarde, a un gobierno que llegó pregonando una transformación institucional.

Es probable que la recesión y las causas judiciales acaben siendo de todos modos una buena excusa. En general, salvo excepciones, ningún empresario parece desesperado por colaborar: lo hacen sólo en casos en los que se sienten acorralados por pedidos que, por una cuestión de resguardo, equiparan para el resto de los aspirantes; no sea que un batacazo los exponga a la venganza del ganador que no vieron venir. ¿Qué mejor motivo que una ola de transparencia para ahorrarse el disgusto? "Que no cuenten con nosotros", anticiparon a este diario en la Cámara Argentina de la Construcción, uno de los sectores más involucrados en las investigaciones.

Será entonces una campaña más austera que otras. Aunque sus operadores intenten seguir como si nada hubiera pasado. "De diez empresas a las que fui, ocho aceptan pagarme encuestas", se entusiasmó ante LA NACION alguien que trabaja para un precandidato a jefe de Gobierno porteño. Esos sondeos cuestan 100.000 pesos por mes y son el modo más fácil de facilitar insumos.

Es cierto que, después de los escándalos por los aportantes apócrifos en la provincia de Buenos Aires, causa que está desde diciembre en manos del juez Adolfo Ziulu y que desencadenó el año pasado el alejamiento de María Fernanda Inza, contadora general de la gobernadora María Eugenia Vidal, todos son algo más cuidadosos. Más en Cambiemos, donde decidieron concentrar el trabajo en pocas manos. "No puede recaudar el chofer del chofer", explicó alguien con experiencia en la materia.

La vieja pregunta de si es posible hacer política fuera del Estado parece a esta altura más inocente que nunca: sin presupuestos públicos a mano se estará en problemas. Cambiemos lo ve desde ambos lados: es oficialismo en la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y oposición en casi todo el interior, donde hay distritos en los que no vale siquiera intentarlo. Uno de ellos es Tierra del Fuego, donde la gobernadora, la peronista Rosana Bertone, que irá por la reelección el 16 de junio, tiene la ventaja de haberse convertido en defensora de una industria que el macrismo desdeña: la electrónica, algunos de cuyos referentes más conocidos han decidido respaldarla. "Mirá que después vas a tener que seguir negociando con nosotros", le advirtió un funcionario nacional a uno de esos hombres de negocios urgido por colaborar. Será una discusión interesante en la que no sólo participan armadores electrónicos: dos laboratorios que confían en la otra promesa de Bertone, la de sumarlos en el largo camino a la reconversión productiva que requiere la isla, parecen últimamente encantados con el proyecto fueguino. Si ocurre, será una venganza módica y tardía de ese sector, aportante a la campaña de Macri en 2015, pero enemistado con él por los contratos del PAMI el año pasado. Durante la última visita a la Unión Industrial Argentina, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, escuchó en persona la queja de Alberto Álvarez Saavedra, representante de Gador y vicepresidente de la entidad fabril, que le dijo que, a pesar de que los empresarios estaban habituados a ejercer el oficialismo casi con todos los gobiernos, el de Macri estaba haciendo todo lo posible para convertirlos en opositores.

Los recaudadores de Cambiemos maldicen ahora los 9 puntos de coparticipación que el Gobierno les cedió a las provincias. Vienen de pésimos resultados en el fondeo en Entre Ríos, donde arrasó en las internas el gobernador peronista Gustavo Bordet (58,15%) contra el candidato propio, Atilio Benedetti (33,65%), y anticipan un panorama similar en otros distritos. "En Córdoba no pone nadie", agregó uno de los protagonistas a propósito de las generales del 12 del mes próximo en esa provincia. Algo parecido se vivió en Neuquén, donde triunfó el gobernador Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino): Horacio Pechi Quiroga, aspirante de Cambiemos, que salió tercero, tuvo sólo el respaldo del aparato municipal por su condición de intendente de la capital.

Una campaña a presidente cuesta en la Argentina más de 100 millones de dólares. Lo más caro ocurre el día de la elección: remises, viandas, fiscales suplentes. El gasto en boletas tampoco es superfluo: el Estado paga por ley un padrón, pero fuerzas históricas como el Justicialismo tienen la costumbre de reservar para sus adherentes entre 6 y 8 padrones con boletas que, ahora en colores y con foto del candidato -es decir, más caras-, llegan a los domicilios.

¿Hasta dónde los nuevos condicionamientos acotarán el festival? Hace tres semanas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo que integran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocó el procesamiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos, pero dio por ciertos los aportes que empresarios de la obra pública les dieron para la campaña de 2013 a Juan Manuel Abal Medina y Hugo Larraburu, dos dirigentes a quienes encuadró en una carátula más benévola, la de cohecho pasivo con un rol de participación secundaria, contra la de asociación ilícita en la que los había implicado el juez de instrucción, Claudio Bonadio. Los aportantes fueron Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra, Armando Loson, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Goycoechea y Gabriel Romero.

¿Servirá al menos para empujar la ley de financiamiento de campañas, que tiene media sanción y permite aportes de empresas? En el oficialismo dicen que, si no avanza en un mes en Diputados (ya se aprobó en el Senado el 16 de abril), es probable que no salga nunca. El sector más interesado es aquí el PJ no kirchnerista: uno de los puntos de discusión del proyecto es la posibilidad de aceptar financiamiento de los sindicatos, su histórica fuente cada vez que está fuera del Estado. Para Unidad Ciudadana es más sencillo porque gobierna todavía municipios grandes como La Matanza, Avellaneda y Moreno.

Pero el aporte genuino, el del empresario con nombre y apellido, como ocurre en democracias modernas, parece todavía difícil de captar. No hay mayor desprestigio para una tarea que no poder ser ejercida a la luz del día.

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