Superposición de jurisdicciones y diferentes criterios para castigar las faltas al volante, controles insuficientes, demora en la comunicación de las actas a los infractores, cinemómetros instalados solo con fines recaudatorios e irregular aplicación del scoring. Son algunos de los factores que se combinan para que el sistema de multas de tránsito en la Argentina no logre prevenir los accidentes ni mejore los índices de seguridad vial.

En pleno Decenio de Acción para mejorar las políticas en esta temática, por un acuerdo firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunos casos recientes volvieron a encender la alarma sobre el débil funcionamiento del sistema de control del tránsito, que permite que conductores con tendencia a violar las reglas continúen a cargo de vehículos y terminen involucrados en hechos graves y violentos.

Uno de los últimos hechos involucró a un taxista porteño, Claudio Rímolo, que, al momento de agredir a otro automovilista en Villa Urquiza tenía en su haber antecedentes penales y al menos una decena de multas de tránsito acumuladas. Desde la Secretaría de Transporte de la ciudad explicaron que, en su momento, le fue dada la licencia profesional porque, según el Código de Tránsito y Transporte, ya habían transcurrido cuatro años desde que cumplió su condena por un robo armado en 2004. Ahora, el taxista está detenido en su casa, a la espera del juicio, y su licencia fue suspendida.

Recientemente, la Justicia porteña identificó a otro taxista que amenazó violentamente a un automovilista en una discusión de tránsito. El mismo hombre fue una de las personas que el último fin de semana agredieron a un chofer de Uber en los alrededores del Obelisco.

Otro de los casos más graves ocurrió en abril pasado en la autopista Panamericana, donde murió una mujer tras haber sido embestida por una camioneta. El rodado victimario posee, al día de la fecha, unas 40 multas en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y otras seis actas labradas en la ciudad. En principio, no existe ningún tipo de "alerta" previa automática que ponga la atención ante una reiteración de faltas. Esos datos se conocen de manera manual ante una consulta particular.

"En general, te piden que las multas estén pagas al momento de renovar la licencia o en un trámite como la venta del rodado, por ejemplo. No hay una exigencia previa", explicó Gonzalo Iezzi, abogado especializado del Estudio Jurídico Iezzi & Varone. "Esa es la condena, solo económica", resumió.

Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), entiende que el sistema "está mal de punta a punta". "Muchos conductores no se enteran de manera inmediata de que cometieron una infracción. Esa persona sigue manejando con esa actitud. Es como si no pasara nada", explicó.

En su opinión, fallan el proceso de control y, sobre todo, la comunicación: "Cuando te sacan una fotomulta te tienen que detener dentro de los próximos 10 kilómetros para ponerte en aviso de que estabas cometiendo una infracción. La idea es que ceses en tu accionar. Pero no ocurre. Les interesa más recaudar".

Un mes atrás, un fallo judicial a favor de un conductor de Entre Ríos reabrió la polémica sobre los cinemómetros. El hombre había sido notificado de una supuesta infracción por exceso de velocidad en Misiones. El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, consideró que como el acusado no había sido alertado in situ de la falta no se cumplía con el objetivo final de la ley, que es detener la acción y prevenir siniestros. En otros casos, en tanto, se cuestionan la validez de las cámaras y radares y su ubicación.

"Muchas personas saben que cometen una y otra falta pero siguen como si nada porque nadie detiene su accionar desde el principio. ¿Cómo puede ser que haya alguien que acumule 40 multas sin que ninguna autoridad haya hecho algo antes? Es gravísimo", enfatizó Alberto Gasparini, docente y capacitador de Luchemos por la Vida.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) argumentaron que parte de la raíz de estas falencias radica en que la característica federal de la Argentina da la potestad a cada municipio y provincia de legislar en materia de tránsito y ocuparse de las infracciones. "La autoridad para la notificación de las multas queda a cargo de cada municipio. La agencia valida que las infracciones estén bien, que los radares estén homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero el resto del proceso depende de cada jurisdicción", indicó Carlos Pérez, titular de ese organismo, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación.

Para Viviam Perrone, de la Asociación Madres del Dolor, "los funcionarios se tiran la pelota". "Cuando denunciamos alguna irregularidad en la Panamericana, como cuando se corren picadas, la provincia [de Buenos Aires] dice que no le corresponde el control, los municipios dicen que solo tienen injerencia en la colectora y así la discusión. Lo peor es que no hay controles de nadie", planteó.

El exceso de velocidad es un problema preocupante en el Acceso Norte. Solo durante el primer trimestre de este año se labraron alrededor de 200.000 multas por superar la velocidad máxima de 140 km/h. A fines de 2018 se reinstalaron ocho cámaras, aprobadas por el INTI, en ciertos puntos de la Panamericana. Una vez que la provincia de Buenos Aires firme el convenio para adherirse al Sistema Nacional de Administración de Infracciones (Sinai) -que tiene como objetivo centralizar la información sobre faltas de tránsito-, esas multas serán remitidas a los infractores. Porque, si bien los cinemómetros fueron instalados por la ANSV, la potestad de labrar las infracciones la tienen las jurisdicciones.

Perrone, que convive con el dolor de la muerte de su hijo Kevin Sedano, atropellado hace 19 años, afirmó que "no solo hay conductores con muchas multas circulando sin problema, sino que hay gente que sigue manejando y que ya tiene muertes en su haber". Y prosiguió, justo en la semana en la que no solo se cumple un nuevo aniversario del homicidio de su hijo, sino que se conmemora la Semana Internacional de Seguridad Vial, declarada por la ONU: "Muchos jueces dan penas de tres años en suspenso o perdonan multas".

Pérez indicó: "Desde la ANSV estamos avanzando con el scoring nacional. Desde el consejo, conformado por un representante de cada provincia, ya hay acuerdo con 20 [distritos] sobre cuáles son las faltas graves y cuántos puntos se reducirán por cada una". Pero, al igual que ocurre con la ley de tránsito nacional 24.449, será voluntad de cada jurisdicción, provincial y municipal, la adhesión íntegra o parcial a esta nueva normativa.

"Para salir a conducir por el país hay que tener en el baúl un vademécum de leyes", reflexionó Pons, y ejemplificó: la ley 24.449 propone que la tolerancia máxima de alcohol para un conductor particular sea de 0,5 mg/en sangre, pero en todas las rutas que atraviesan la provincia de Córdoba el gobierno local dispuso que la tolerancia sea 0. A su vez, en la capital cordobesa, el municipio estableció una tolerancia permitida de hasta de 0,4mg para los automovilistas particulares.

En otro intento de unificar criterios, el titular de la ANSV explicó que la creación del Sinai "permitirá obtener datos más concretos sobre los lugares donde ocurren las faltas y qué tipo de infracciones son", entre otros datos.

La idea es que esas referencias den lugar a políticas públicas para reducir los siniestros viales -la primera causa de muerte en jóvenes de entre 14 y 28 años-. "Es una herramienta que permite realizar la trazabilidad del acta desde su confección hasta su posible pago o sentencia", agregó el funcionario.

Pero este sistema también requiere que cada jurisdicción suscriba convenios con la entidad nacional, ya que el circuito administrativo, de carga de actas de infracción y de su correspondiente juzgamiento está a cargo de cada gobierno local. Actualmente, hay 176 municipios de todo el país, de un total de 2400, adheridos al Sinai. "Quince de los suscriptos son capitales provinciales", aclaró Pérez.El proyecto de Bolsonaro

Para contribuir al "placer de conducir", según sus propias palabras, el presidente de Brasil anunció que hará retirar radares de velocidad de las rutas de su país. El proyecto de Jair Bolsonaro se contrapone a un juzgado civil de Brasilia que le reclamó al gobierno abstenerse de retirar radares y, en cambio, lo instó a hacer estudios para que instalen más aparatos.

Scoring, el esquema que penaliza hasta la inhabilitación

Se aplica en el distrito porteño; impone sanciones según la gravedad de las faltas viales

Durante el primer trimestre de este año, 90 automovilistas con licencia emitida en la ciudad de Buenos Aires fueron inhabilitados para conducir por al menos dos meses tras ser penados, luego de sumar varias infracciones, por descontar los 20 puntos otorgados por el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), como denomina el gobierno porteño al conocido scoring. Desde 2016, ya fueron impedidos para circular, por un tiempo determinado, 2152 conductores; en el primer trimestre de este año se contabilizaron 90.

El SEPC consiste en la asignación de un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos en función de las infracciones cometidas. Cada chofer tiene 20 puntos y recibe una quita parcial de estos cada vez que comete una falta vial, previa constatación de la infracción y notificación a la persona.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño explican a LA NACION que el infractor puede seguir al volante. Recién cuando el automovilista alcanza el cero la pena contemplada es la inhabilitación para manejar. La penalidad puede extenderse desde los 60 días (primera inhabilitación) hasta los cinco años (si reincide por cuarta vez).

El automovilista impedido para conducir es notificado para ejercer su defensa y, si la medida se mantiene, la Dirección de Licencias informa a las fuerzas de seguridad que esa persona está inhabilitada para conducir.

Cada dos años, si el conductor no llegó a 0 con la quita de puntos, el sistema reasigna la totalidad de los puntos a favor. A su vez, los automovilistas pueden realizar de manera voluntaria un curso que les permite recuperar cuatro puntos.

Entre 2016 y 2019, a 184.372 personas se les descontaron puntos de este sistema. En ese mismo lapso, la cantidad de puntos descontados fue de 1.160.843. El promedio de tiempo que una licencia estuvo inhabilitada entre 2016 y 2019 fue de 61 días.

"Estamos trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires para unificar el sistema de puntos y criterios", indicó a LA NACION Hernán Najenson, subsecretario de Justicia del Ministerio de Seguridad de la ciudad.

La falta de unanimidad genera distintas situaciones: si un conductor con licencia emitida en el distrito porteño comete una infracción en otra jurisdicción, la Ciudad solamente se entera si fue multado en un municipio que esté adherido al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat), pero, aun así, no rige la quita de puntos.

Según datos suministrados por la Dirección General de Administración de Infracciones de la ciudad, el exceso de velocidad en distintos grados según los kilómetros sobrepasados a lo permitido es la infracción que más puntos suele descontar. Las faltas graves, como un control positivo de alcoholemia o el exceso de velocidad, restan 10 puntos.

El abogado especialista Gonzalo Iezzi destacó que el scoring "es una medida más acorde en la prevención, ya que además de la sanción económica te puede impedir conducir durante un tiempo".