Señora ¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?... Vuelva con él y déjese de molestar”. Julieta María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, le contestó así a una mujer que había ido a denunciar a su marido por violencia. La Suprema Corte bonaerense suspendió a la jueza por 90 días. Lo de Ormaechea es una constante en ciertos operadores de la Justicia, que suelen revictimizar a las mujeres que se acercan a relatar golpes, maltratos, violaciones. A comienzos de este año se promulgó la Ley Micaela, que obliga a los funcionarios públicos a capacitarse en perspectiva de género. La ley se llama así por Micaela García, una joven de 21 años, violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Por el crimen la Justicia sentenció a prisión perpetua a Sebastián Wagner, que en 2012 había sido condenado a 9 años por abuso sexual. Pero un juez lo había liberado en 2016. El excéntrico diputado de Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, -el que siempre viste de amarillo, el que ahora es evangelista, el que se opuso al Matrimonio Igualitario y al aborto legal-, presentó un amparo contra la Ley Micaela: quería que se declarara inconstitucional. Esta semana la Justicia rechazó su pedido por ilegítimo.

El falso síndrome 

El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había organizado para el 28 de mayo una charla sobre abuso sexual en la que se hablaría del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un síndrome que no existe en ningún manual de psicología del mundo y que es usado por la Justicia para desoír a las madres que denuncian abusos contra sus hijos con el argumento de que “les llenan la cabeza a los chicos”. Ante la ola de repudio de especialistas, se bajó la charla sobre el falso SAP.