La Corte Suprema informó ayer que aún no pudieron ser frenadas las muertes por violencia de género. Según datos que detalló el informe oficial, en 2018 se registraron un total de 255 femicidios y travesticidios y 23 femicidios vinculados, es decir que hubo 278 víctimas mortales . La cifra, en tanto, reveló que los crímenes de género se mantenían en alza, ya que en 2017 fueron 251 femicidios y travesticidios y 22 femicidios vinculados.

El máximo tribunal de Justicia difundió esos datos 72 horas antes de una nueva manifestación social con la consigna Ni Una Menos . Según el Informe de Femicidios de la Justicia Argentina elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.

La tasa de víctimas directas de femicidios entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año pasado fue "idéntica" a la de 2017, ya que en ambos casos se notificó 1,1 muertes cada 100.000 mujeres.

De las 245 causas analizadas durante 2018 -ya que en algunas se investigó la muerte de más de una víctima- solo tres tenían sentencia firme y cuatro estaban con recursos de apelación en trámite.

En las causas relevadas, el 40% de las imputaciones tomó la violencia de género como agravante. Entre las víctimas hubo 19 niñas de hasta 12 años, y 13 que tenían entre 13 y 17.

La OVD, además, dio a conocer hoy que en los primeros tres meses de este año tuvo un incremento en la atención de casos "del 19% en relación con el mismo período del año anterior", lo que implicó a 2518 mujeres mayores de 14 años afectadas por hechos de violencia.

El informe de femicidios empezó a elaborarse para cumplir con parte de los reclamos que se hicieron en la primera manifestación Ni Una Menos, que se concretó el 3 de junio de 2015, y se realizó con aportes de los poderes judiciales de todo el país, consignó la OVD que dirige la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco.

En relación a los lugares del país con las tasas más altas de femicidios, la OVD identificó a Neuquén, Tucumán, San Luis, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Salta y Corrientes.

Sobre los atacantes, el análisis judicial señaló que 57 se suicidaron después de cometer el asesinato.

Con respecto a la variable "hechos previos de violencia", se contabilizaron 41 denuncias formales que habían realizado las víctimas contra los asesinos. Pese a esas advertencias, el sistema estatal no logró evitar tampoco la muerte de esas mujeres.

Asimismo, constató que al menos 31 mujeres obtuvieron medidas judiciales de protección, situación que finalmente no evitó las muertes de esas víctimas que habían solicitado la tutela judicial. Las medidas de seguridad -como el uso de botones antipánico- se encontraban vigentes en 24 casos en el momento del femicidio, mientras que en siete situaciones se encontraban vencidas las órdenes de restricción contra el potencial agresor.

El estudio también identificó a 202 niñas, niños y adolescentes que se encontraban al cuidado de las mujeres asesinadas.

La casa es el lugar más inseguro para las mujeres en situación de violencia, ya que el 66% de los femicidios ocurrieron en los hogares, y el 19% en espacios públicos.

Por otro lado, el estudio indicó que el 83% de las víctimas tenían un vínculo previo con los agresores y que el 42% convivían con el violento.

Además, el documento elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema reveló que diez víctimas mortales fueron personas con discapacidad, que seis estaban embarazadas, 16 eran migrantes, una integraba el pueblo originario wichi y 12 eran explotadas sexualmente.

En tanto, el informe precisó que las víctimas principales fueron mujeres jóvenes de entre 25 y 34 (25%), luego siguió el grupo de entre 35 y 44 (19%), y en tercer lugar, las de 45 y 59. También hubo 32 femicidios de mujeres mayores de 60 años.