Una reunión con el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, le sirvió ayer a la senadora Cristina Kirchner de argumento para ausentarse de la nueva audiencia realizada en el juicio en que se investiga la distribución ilegal de la obra pública durante su gestión.

Kirchner recibió a Urribarri, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en su despacho del Senado. Desde el kirchnerismo aseguraron que el encuentro sirvió para tratar la situación de los productores citrícolas de esa provincia.

De esa forma, el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros doce acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública y pago de sobreprecios en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez se reanudó ayer sin la presencia en la sala de la senadora nacional.

La audiencia ante el Tribunal Oral Federal 2 continuó ayer con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Luego se abordarán algunos puntos del dictamen de la Oficina Anticorrupción, que es querellante en el juicio, y, finalmente, la acusación del juez que investigó la causa, Julián Ercolini.

Una vez finalizado este tramo del juicio comenzarán los llamados "planteos preliminares" que podrán hacer todas las partes, incluidos los abogados de los 13 acusados.

Fernández de Kirchner tiene permiso para ausentarse de las audiencias que se realizan los lunes cuando justifique labor parlamentaria. En este caso, el compromiso fue la reunión con Sergio Urribarri.

Los presentes

En la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro estuvieron los demás acusados, entre ellos, los detenidos Julio De Vido, exministro de Planificación; el empresario Lázaro Báez; José López, exsecretario de Obras Públicas, y Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner.

La expresidenta tiene ya permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia del 2 al 10 de julio.

Sin embargo, todavía resta definir si se presentará a la audiencia del próximo lunes 1° de julio o hará alguna presentación ante el tribunal para poder volver a ausentarse.

Todos los acusados están procesados por supuesta asociación ilícita para cometer delitos como el direccionamiento a favor de las empresas del grupo Báez del 80 por ciento de la obra pública nacional que se realizó en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.

Se trata de 52 obras en esa provincia, que, según la acusación, se adjudicaron de manera direccionada al grupo Austral Construcciones, de Báez, y en muchos casos tuvieron sobreprecio o no fueron terminadas pese a que se abonaron en su totalidad.