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Domingo 28 de julio de 2019
El largo camino hacia elecciones sin fraude (referencia a Entre Ríos)
Hipolito

La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821, en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Martín Rodríguez, bajo el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esa Ley establecía el sufragio universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia. La ley tuvo un alcance limitado porque la mayoría de la población no se enteraba de los comicios. En las primeras elecciones efectuadas con esa ley, sobre una población de 60.000 personas, sólo 300 emitieron su voto.

La Constitución Nacional de 1853 dejó un vacío jurídico en el sistema electoral que fue parcialmente cubierto por la Ley 140 de 1857. El voto era masculino y cantado y el país se dividía en 15 distritos electorales, en los que cada votante lo hacía por una lista completa, que contenía los candidatos para todos los cargos. La lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba sin representación política.

La emisión del voto cantado podía provocarle inconvenientes al votante, que iban desde la pérdida de su empleo o de la propia vida si su voto no coincidía con el del caudillo.

Rigió entre 1857-1912 un fraude escandaloso, como lo cuenta Sarmiento: “Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; fue tal el terror que sembramos que el 29 triunfamos sin oposición”.

Los días de elecciones los gobernantes hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Puede decirse que las “presidencias históricas” de Mitre, Sarmiento y Avellaneda y las siguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen porque todos llegaron al gobierno gracias al fraude electoral.

Hacia fines del siglo XIX las burguesías gobernantes comprendieron que la exclusión del pueblo tenía desventajas y la ampliación del sistema electoral lo legitimaba y legalizaba.

Entre ellos estaba Roque Sáenz Peña, que logró la sanción y aplicación de la Ley que llevaría su nombre y que garantizaba el voto secreto, universal y obligatorio a los argentinos varones mayores de 18 años.

El fin del fraude significaba un avance hacia la democracia y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas que habían sido marginadas por los gobiernos conservadores.

En las primeras elecciones libres llevadas adelante en la Argentina, en 1912, la bancada socialista creció y se sucedieron los triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe, y en octubre de 1916 llegaba a la Casa Rosada Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo en comicios libres y sin fraude en la Argentina.

El golpe de septiembre de 1930 interrumpió violentamente el proceso democrático y tras la dictadura del general Uriburu, se reinstaló el fraude. El 8 de noviembre de 1931, en un simulacro de elecciones, con un fraude escandaloso, la oposición encarcelada, acallada y perseguida, con la Ley Sáenz Peña convertida en letra muerta, el general Agustín P. Justo fue “electo” presidente imponiéndose a Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto.

Así terminaba la dictadura de Uriburu y comenzaba el gobierno fraudulento de Justo. Los generales no tenían problema en admitir que habían hecho fraude, pero un “fraude patriótico”. La negación o malversación del voto constituyó una de las más graves violaciones de los derechos básicos de todo ciudadano, el derecho al voto. 

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