La Procuración General dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en las demandas de las 15 provincias que cuestionaron tres decretos del gobierno nacional que afectan sus fondos coparticipables.

Los dictámenes, firmados por la procuradora ante la Corte Laura Monti, sostienen que estos son casos de "competencia originaria" del máximo tribunal.

La Corte, no obstante, no tiene planes de resolver estos expedientes en lo inmediato.

Fuentes del tribunal adelantaron que esperarán a que se terminen trámites pendientes ante el Congreso, donde debe cumplirse con el procedimiento ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que podría dictaminar por el rechazo de los decretos cuestionados por las provincias. Desde que rige el reglamento actual -hace más de diez años- nunca el Congreso dejó sin efecto un DNU. Sin embargo, la Corte esperará el proceso.

Más allá de las cuestiones de procedimiento, hay consenso en la Corte en que estos casos encierran una discusión eminentemente "política", que excede los planteos jurídicos, y en distintas vocalías advierten que el tribunal siempre se manejó con especial prudencia en tiempos como este, con el país en medio de una crisis y en pleno proceso electoral.

Los dictámenes de la Procuración se refieren exclusivamente al tema de la competencia: no entran en la cuestión de fondo planteada por las provincias. Son opiniones no vinculantes, aunque todo indica que la Corte coincidirá con la Procuración en este punto.

El caso en el que Monti desarrolló los argumentos es el de Santiago del Estero. En los expedientes de las otras provincias remitió a este. "En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte", escribió la procuradora Monti, en un escrito de menos de tres páginas. Las partes son una provincia y el Estado nacional. En un caso así, afirmó Monti, le corresponde intervenir al máximo tribunal "cualquiera que sea la materia del pleito".

Era un dictamen previsible, muy parecido al de la semana pasada, referido a un planteo similar de provincias petroleras contra la Nación por el congelamiento del precio del combustible.

En el caso de las 15 provincias los decretos atacados son tres (561, 566 y 567). Con estas normas, Mauricio Macri eliminó el IVA a un grupo de alimentos, subió el piso de Ganancias y congeló el precio del petróleo.

Los planteos de los gobernadores incluyeron el pedido de una medida cautelar para que no se ejecuten los decretos mientras se discute la cuestión de fondo.

Las presentaciones las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Misiones.

Los fundamentos de las demandas son, básicamente, que los decretos -dispuestos después de las PASO para dar un alivio económico ante la crisis- violan el régimen federal de coparticipación de recursos fiscales y desconocen el "principio de legalidad" en materia tributaria. También, que Macri se excedió en sus atribuciones constitucionales al firmarlos y que deshonró el Consenso Fiscal, que había firmado el 13 de septiembre de 2018 con los gobernadores de todas las provincias, excepto Buenos Aires, y con el jefe de gobierno porteño.