Un perito de la Policía Federal que estuvo a cargo de registrar las escuchas telefónicas realizadas en la causa por narcotráfico en la que es enjuiciado el intendente de Paraná, Sergio Varisco, afirmó que el dinero para financiar las operaciones de venta de drogas "salía de la municipalidad".

"Escuché, interpreté, desgrabé y envié", explicó el perito Carlos Frías al detallar cuál fue su rol en la investigación, según informó la agencia Télam. El intendente de la capital de Entre Ríos, de Cambiemos, está acusado de haber realizado, en septiembre de 2017, un acuerdo con el presunto narco Daniel Celis mediante el cual "se comprometió a entregarle 50.000 pesos mensuales para financiar" la venta de drogas, según la investigación judicial.

La acusación fiscal sostiene que Varisco proporcionó "periódicamente recursos económicos" a Celis para la "adquisición y comercialización" de cocaína y también lo acusa de haber adquirido, junto con otros funcionarios municipales, "al menos seis panes o ladrillos de cocaína" valuados entre 150.000 y 165.000 pesos cada uno para "distribuirlos" en Paraná y en Concordia.

El perito Frías aseguró además que según el análisis de las comunicaciones, Celis "tenía manejo en la municipalidad, le pedía a empleados que la brigada de barrido fuera a tal lado, que arreglara la iglesia, que le mandaran tal o cual camión y tenían un mecánico a disposición de ellos".

Luego, con Celis ya detenido, las indicaciones eran a través de un teléfono que le fue secuestrado en el penal, en el que "había un audio sobre una plata que iba a recibir mensualmente". Eran "unos 50.000 pesos por mes, que ya había arreglado. Esa plata se la iba a llevar un tal González, de la municipalidad".

Frías precisó que entre los "más de 15 teléfonos intervenidos" se encontraba el de Alan Viola, del área de Tránsito de Paraná, quien "se encargaba de llevarle ese dinero a [Luciana] Lemos", expareja de Celis.

También señaló que el concejal Pablo Hernández, detenido en esta causa, "era muy amigo de Celis". Y que este tuvo una discusión con la exsubsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira por una deuda de 300.000 o 400.000 pesos de 2017.