A sólo cinco días de la elección presidencial, se profundiza la tensión entre el Gobierno de Mauricio Macri y un ramillete de provincias que cosecharon en la Corte Suprema a principios de octubre una cautelar que les blinda la coparticipación: frente a una poda de recursos que persiste y a la falta de respuestas a la andanada de intimaciones de pago, parte de esos distritos (las estrategias, en rigor, son dispares) agita la amenaza de la presentación inminente de denuncias penales contra el Presidente y contra su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, si se mantiene el incumplimiento.
La escalada brotó ante la merma en las remesas que les significó el impacto de las medidas post PASO -y pro consumo- de Macri, que incluyen la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica.
Luego de que la Corte desestimara días atrás un pedido de aclaratoria del Gobierno, la Casa Rosada prometió una mesa de diálogo para avanzar en el cumplimiento de la compensación derivada, que se dilata en medio del fin de la campaña y desató la reacción de varios de los mandatarios, bajo la pretensión de una resolución inmediata.
Por caso, desde San Juan, el gobierno del reelecto peronista Sergio Uñac envió el lunes sendas cartas documento a Macri y a Lacunza para exigir el inmediato respeto al fallo del máximo tribunal nacional, que ordenó que el costo de esas medidas sea financiado por la Casa Rosada y no por las provincias. Una definición judicial de la que deriva tanto la obligación de cesar en la erosión de las remesas como la de cerrar una compensación por los recursos ya detraídos.
Los tiempos urgen: en el Gobierno sanjuanino pretenden comenzar a percibir los recursos cuanto antes y mirarán con atención cómo avanza este tema esta semana. En esa línea, agitan la posibilidad de avanzar en una denuncia penal por retención indebida de fondos en incumplimiento de una orden judicial dictada por la Corte. San Juan en un distrito que ya litiga con Nación por el cobro de millonarias deudas nacionales para obras.
La estrategia de remitir cartas documentos bajo la advertencia de denunciar penalmente el incumplimiento se replicó, en rigor, en otros distritos, como en Santiago del Estero (que gobierna Gerardo Zamora, del Frente Cívico) y en Formosa (que comanda el peronista Gildo Insfrán).
“Hoy sigue sin cumplirse el fallo de la Corte, y por lo tanto siguen reteniendo indebidamente fondos a las provincias; hoy se fueron otros u$s 563 millones del BCRA ....Hasta dónde llegará tanta irresponsabilidad?”, enfatizó anoche Zamora, a través de su cuenta de Twitter.
En las cartas documento enviadas por el Fiscal de Estado santiagueño Raúl Abate se advierte que “hasta la fecha no se han restituido los fondos detraídos, por lo que la presente se formula bajo los apercibimientos de encuadrar vuestro comportamiento en las conductas tipificadas por los artículos 239 y 173 inciso 2, entre otros, del Código Penal de la República Argentina.
El artículo 239 determina que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
En tanto, el artículo 173 inciso 2 estipula que “se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena” que establece “el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”.
“Si Nación no cumple con el fallo de la Corte, en las próximas horas vamos a ir a la Justicia Penal para que devuelvan lo que les quitaron a las provincias”, aseguró por su parte en las últimas horas la Fiscal de Estado formoseña, Stella Maris Zabala de Copes.
Otras provincias, en cambio, optaron por el momento por planteos de corte administrativo para intimar el pago de lo adeudado, como en el caso del gobierno del peronista entrerriano Gustavo Bordet.
Catamarca, por su parte, está inmersa en el cierre de campaña de cara a las elecciones a gobernador del próximo domingo, por lo que las definiciones de los pasos a seguir quedarán para los días posteriores a la compulsa entre Raúl Jalil (Frente de Todos) y Roberto Gómez (Juntos por el Cambio).
El lote de 15 provincias que desembarcaron a fin de agosto en la Corte Suprema para batallar la inconstitucionalidad de dos decretos pos-PASO de Macri está integrado por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
La definición del monto a remitir a las provincias es un tema ríspido, y los gobernadores entienden que es la AFIP la que debe fijarlo, para luego ser pasado por el tamiz de los ojos de la Comisión Federal de Impuestos, el organismo -integrado por Nación y las provincias- con facultades para expedirse en materia de coparticipación federal.
La preocupación en esos distritos -en rigor, también en los que no fueron a la Corte- es creciente.
“La Corte fue muy clara: busca evitar que el daño se siga acumulando en el tiempo, y hasta el momento las autoridades nacionales han buscado dilatar el cumplimiento de la orden judicial”, dijo el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, a FM Meridiano, según lo reseñado por La Capital.
“Para nosotros no es novedad que esta gestión de gobierno no cumpla con los fallos”, disparó el funcionario del socialista Miguel Lifschitz, en referencia a la puja de Santa Fe con el Gobierno, además, por el cumplimiento de una millonaria deuda en coparticipación tras otro fallo de la Corte.
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