Productores y entidades del agro de Entre Ríos se movilizaron en la ruta 12, acceso a Colonia Merou. Reclamaron al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que defina los metros de la zona de exclusión para las aplicaciones de agroquímicos.

"Está en juego el 35% de la producción agrícola de la provincia", dijo a LA NACION el delegado de la Sociedad Rural ( SRA) en Paraná, Juan Diego Etchevehere. Contó que se manifestaron alrededor de 400 personas con 100 vehículos, entre tractores, camiones y otros equipos agrícolas.

Recientemente, el decreto provincial 2239 estableció distancias de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 500 metros para las aéreas, contra los 1000 metros para las terrestres y 3000 para las aéreas que había ordenado la Justicia provincial tras un pedido de organizaciones ambientalistas y una entidad ligada a educadores. Tras el decreto provincial, un fallo del juez Virgilio Galanti decretó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos del decreto que hacían referencia a la reducción de la zona de aplicación.

En este sentido, en el campo de la provincia vienen pidiendo a los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos una definición al respecto.

Etchevehere, que participó de la manifestación, insistió en la falta de diálogo con las autoridades provinciales. "Los productores somos víctimas de esta inacción del Gobierno provincial. A eso se suma que la Justicia trae más incertidumbre que certidumbre", indicó. Remarcó que el sector agroindustrial es el mayor aportante a las arcas de la gobernación.

El dirigente criticó a los miembros de la organización ambientalista que impulsó la demanda contra los agroquímicos y los calificó de "fundamentalistas que buscan generar incertidumbre y pánico".

Por su parte, Mariela Gallinger, delegada de la Federación Agraria Argentina ( FAA) filial Crespo, enfatizó en que el "desamparo que viven es muy grande".

"Nadie se hace cargo de las pérdidas que tenemos. El campo entrerriano aclama por nuestro futuro y el de nuestras familias", afirmó.

La dirigente rural explicó que en total hay 1024 escuelas y que alrededor de cada una hay entre 10 y 15 productores con pequeñas extensiones impedidos de producir. "El último fallo judicial lleva a un desarraigo rural y de los pequeños pueblos; va a haber un despoblamiento y eso es muy triste", opinó.

Gallinger aprovechó para pedirle a los jueces que tomen una decisión. "Que definan qué van a hacer con nuestras vidas. Si nos van a dejar producir o si dejarán que desaparezcamos", remarcó.

Los productores advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta, volverán a realizar una acción gremial. "Calculo que con más rabia y bronca, porque no entienden el daño que les están haciendo a las familias rurales y la producción entrerriana", dijo Gallinger.