“Tenga por impugnado el cálculo proporcionado por la Nación , y por formulada la reserva de pago a cuenta de los fondos que están siendo girados”, afirma la presentación del Gobierno de Bordet, firmada además por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

“Los importes transferidos a las arcas de Santa Cruz no pueden ser consentidos, puesto que los mismos han sido arbitrariamente calculados y además insuficientes”, reza el escrito de la administración de Alicia Kirchner, sellado por el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro.

Esa reacción se da en paralelo a una estrategia disparada el miércoles por ministros de Economía de 18 provincias, que acordaron pedirle formalmente a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que se expida sobre el monto propuesto por la cartera de Hacienda nacional (ya se iniciaron los pagos) y para que avance sobre la cifra con la que deberían verse compensadas en realidad todos los distritos, tras las pérdidas derivadas de la suba del piso de Ganancias y la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica.

Esa embestida en bloque -una foto de peso político, a sólo horas de la unción de Alberto Fernández como presidente electo, y con la mirada en intentar resolver el reclamo antes de la salida de Macri- apunta a blindar un planteo conjunto derivado del malestar que les generó una propuesta de compensación de la Casa Rosada del orden de los $ 2.629 millones, muy lejos del costo fiscal del orden de los $ 45 mil millones que estiman a priori los gobernadores.

El enojo es doble: los mandatarios consideran “exiguo” el monto que recibirán por la quita del IVA, pero además se quejan porque no percibirán ninguna compensación por el impacto de los cambios dispuestos en el piso de Ganancias, porque Nación argumentó que no tiene impacto financiero porque involucra sólo una postergación de vencimientos.

El pasado viernes, el Gobierno de Macri formalizó el decreto que extiende a todas las provincias la compensación tras la cautelar de la Corte de principios de octubre, que -en beneficio de los 15 distritos que accionaron- ordenó a Nación financiar con recursos propios el costo fiscal de las medidas pro consumo lanzadas tras la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias de agosto.

Ese decreto -una suerte de derrame político- era esperado con ansiedad por los nueve gobernadores que no iniciaron acciones legales, un ramillete que incluye a pesos pesados como la bonaerense María Eugenia Vidal, el cordobés Juan Schiaretti y el mendocino Alfredo Cornejo.

Pero el malestar por el monto de compensación que baraja la administración nacional disparó el rechazo tanto de los Ejecutivos que fueron a la Corte como de los que recibirán las remesas por la vía política (y que evalúan avanzar en la vía judicial, como en el caso de Chaco).

El lote de 15 provincias que fue al máximo tribunal a fines de agosto está integrado por Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Chubut, Santiago del Estero y Santa Fe.