La Fiscal Federal ante el Tribunal Oral de la ciudad de Concepción del Uruguay María de los Milagros Squivo fue sancionada por maltrato laboral hacia sus empleadas y empleados cuando cumplía funciones como Fiscal de Primera Instancia en esa jurisdicción. Las violencias que se le atribuyeron corresponden a hechos graves reiterados en un lapso prolongado de tiempo, que se consideraron como falta grave.

Mediante la resolución 294/19, el 24 de octubre el Ministerio Público Fiscal de la Nación le aplicó una multa del 20 por ciento de la remuneración mensual y una suspensión de 10 días, lo que parece a simple vista una multa menor en relación a los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, dado que es muy difícil lograr algún tipo de sanción para altos magistrados resulta una medida importante. “Consideramos un avance enorme que el sumario haya llegado a buen puerto, y haya una resolución que reconoce lo denunciado por les trabajadores, y toma de los diversos testimonios recolectados en la instrucción del expediente administrativo diversas menciones a las que todos hicieron referencia respecto al maltrato que fueron objeto. Al momento, la sanción, se encuentra entre las mayores sanciones posibles dentro del régimen disciplinario del MPF. Pero debemos señalar que demoró más de cuatro años la tramitación y esto no resulta menor, ya que la demora de estos expedientes genera, en las personas denunciantes, temor a posibles sanciones y persecuciones laborales, además de acarrear desprotección por parte del organismo”, dijo a este diario Julieta Colantuano, de la Comisión de Género y Diversidad del sindicato SITRAJU Nación. El actual régimen vigente para sanción de Magistrados es la ley de Ética Pública (25.188); en conjunción con la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (24.946/1998) y su modificatoria (27.148/2015).

En 2017, sin embargo, Squivo fue ascendida a fiscal general. Lo que fue visto entre los denunciantes como una forma de sacarla del foco del problema, y a la vez un premio que indigna a quienes se vieron afectados por su trato. Sin embargo, no es el único caso en el que las sanciones saben a poco en el ámbito del Poder Judicial. En la ciudad de Buenos Aires el ex Defensor Oficial Ramiro Sánchez Correa denunciado por ejercer violencia laboral y de género hacia sus empleados y empleadas de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 fue separado de su cargo en 2016 pero ahora es funcionario de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad. Es decir que su “sanción” consistio en su remoción del lugar donde ejerció los distintos episodios de violencia de género. Y su traslado se cumplió a un área de su incumbencia.

En el sumario se dio por probado un patrón de comportamiento conceptualmente correspondiente con maltrato laboral, mobbing, hostigamiento en el trabajo, lo que afectó psicológicamente a sus empleados y empleadas, que en algunos casos se tomaron licencias psiquiátricas y no volvieron a trabajar a la fiscalía. Uno de los testimonios recabados en el sumario señaló que las personas que eran de confianza de la fiscal eran bien tratadas y las demás eran maltratadas. A veces el maltrato pasaba por vedarle la posibilidad de interrelacionarse con sus compañeros, por dejar a alguien sin tareas. “El ambiente de trabajo era pesado, muy denso, era una carga ir a trabajar, tener miedo a hablar con los compañeros porque podía venir el reto porque no estábamos trabajando, miedo a pedir permiso para salir a hacer un trámite, miedo a pedir licencias porque estábamos supeditados a la arbitrariedad de la fiscal”. Destacó además que la mayoría de los agentes deseaba irse pero ello resultaba difícil: “el período en la fiscalía nos ha marcado a todos, de manera profunda, claramente negativa”.

El expediente se inició en el año 2015 ante la Oficina de Bienestar Laboral y luego pasó al área Disciplinaria. De esas actuaciones se desprende que en la fiscalía se vivía un clima de mucha violencia en el trato y en lo laboral. En diálogo con Página|12 una persona que trabajó con ella y no quiere aún hoy decir su nombre contó que cuando entró a trabajar le habían advertido de que era un lugar complicado. Contó también que no les dejaban hablar con sus compañeros, no se podían reír ni consultarse sobre causas. Había una persecución y no había un norte en las directivas: un día algo estaba bien y al otro día no. Hubo gente despedida sin motivo y pedidos de renuncia para favorecer el nombramiento de otra persona de su preferencia.

“Desde Sitraju, venimos demandando una mesa de trabajo ya que vemos que este régimen es obsoleto, no establece taxativamente la violencia de género que existe en las oficinas, y realizamos una propuesta concreta al respecto. Al momento aguardamos la convocatoria de parte de la Procuración General de la Nación”, apuntó Colantuano. “La Procuración debe trabajar hacia dentro de sus estructuras para promover la prevención de estos hechos, con políticas de concientización y visibilizarían de estas prácticas violentas y discriminatorias”, agregó.