En plena campaña agrícola, la aplicación de agroquímicos está escalando en el debate público y traspasa las tranqueras. El asunto ha llegado a instancias judiciales en localidades de distintas provincias, y en Pergamino, corazón agrícola del país, la situación llegó a la detención de tres personas acusadas de haber realizado pulverizaciones en zonas de exclusión.

A las pocas horas, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la liberación de los detenidos. Pero este caso, sucedido cerca de la localidad J.A de la Peña –un pueblo del Partido de Pergamino- representa un incidente más en la creciente intervención que el magistrado viene teniendo sobre el tema.

Semanas atrás, Villafuerte Ruzo procesó a otras tres personas, en el marco de una investigación más compleja y de larga data, a partir de la denuncia de vecinos de un barrio de las afueras de esa ciudad bonaerense. En ese caso, la imputación penal es por el delito de “contaminación del ambiente en general”, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos.

Las detenciones de esta semana -el dueño del campo, el ingeniero agrónomo y el operario del pulverizador comparten la responsabilidad-, se produjeron porque, según la denuncia de vecinos, no habrían respetado por 10 metros la ordenanza municipal que establece una zona de exclusión de 100 metros desde los sectores residenciales.

La normativa pergaminense sobre “manejo responsable de fitosanitarios”, sancionada en diciembre de 2014, establece como zona de exclusión –implica ningún tipo de pulverización agrícola- a los 100 primeros metros desde el límite urbano, y como zona de amortiguamiento un anillo de 500 metros.

En Entre Ríos

En el último mes, la problemática por esta situación se descomprimió un poco en la provincia de Entre Ríos, que atravesó varios meses de incertidumbre mientras la situación también se tramitaba en instancias judiciales. A fines de octubre, el Superior Tribunal de Justicia entreriano ratificó la validez del decreto provincial 2239, que establecía distancias de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 500 metros para las aéreas en zonas con escuelas rurales. Hasta entonces, regía un límite de 1.000 metros para las terrestres y 3000 para las aéreas, según lo ordenado por la Justicia provincial, tras un pedido de organizaciones ambientalistas y una entidad ligada a educadores.

En Córdoba

En tanto, en la provincia de Córdoba parecer haberse entendido mejor que en ningún otro distrito la necesidad de actuar proactivamente. A la respetada Ley Provincial 9164 de Fitosanitarios, constantemente se suman acciones que acercan posiciones entre la población. Esta semana, por caso, se firmó un convenio entre cuarenta municipios –entre los cuales se cuenta Monte Buey, Municipio Verde certificado por Aapresid-, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Provincia de Córdoba, conscientes de que es fundamental tender puentes de diálogo y confianza, contar cómo se hacen las cosas, e incluso prestarse a la realización de “auditorías sociales” con bases científicas.

"Hay que generar confianza, que es lo que necesita el hombre y la mujer que viven en una zona urbana respecto de lo que pasa en la zona rural", señaló el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busso.