El exintendente de Paraná Sergio Varisco (Cambiemos) escuchará hoy el pedido de pena en su contra en el proceso en el que se lo juzga junto a una banda dedicada al narcotráfico, causa que tiene detenidos un exconcejal y otros funcionarios del saliente gobierno municipal de la capital de Entre Ríos.

El exjefe comunal enrolado en el radicalismo está siendo juzgado porque presuntamente hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el líder de la banda. Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".

El juicio oral y público, que tiene 34 imputados y contó con más de 100 testigos, está llegando a su fin. El viernes pasado, Varisco declaró ante el Tribunal Oral en lo Federal de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango.

"Niego rotundamente haber hecho un acuerdo de financiamiento con el señor Celis", dijo Varisco en su breve declaración. Si bien reconoció haber celebrado un acuerdo político, negó que implicara el financiamiento del narcotráfico. Dijo además que no hay escuchas telefónicas que lo involucren en actividades ilícitas y afirmó que sus declaraciones juradas demuestran que no se ha registrado un crecimiento patrimonial ni proveniente de fondos públicos.

También apuntó contra la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. "¿Cómo se entiende que, después de miles de horas de escuchas telefónicas, yo esté procesado y en todas esas escuchas no hay una sola mención que me vincule con una actividad ilegal? ¿Cómo se sostiene que después de allanamientos en los que se secuestraron documentos no haya ninguna prueba? ¿Cómo se entiende que funcionarios policiales dependientes del Ministerio de Seguridad hayan hecho un informe sesgado y parcial que fue derribado por los funcionarios de carrera del municipio; que se haya presentado como una malversación de dinero?", se preguntó.

El exintendente consideró que hubo "intencionalidad política" y que hay personas -a las que no identificó- que quisieron destruirlo políticamente. "Yo no creo en las casualidades, creo que hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme: no me explico por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento ni que se haya victimizado acusando a mi espacio político por una foto, o que haya hablado de narcomunicipio", se quejó.

Varisco explicó que durante la campaña electoral tomó contacto "con casi todos los movimientos vecinales, empresarios y sindicatos; así ocurrió en el caso de Celis, que era un referente del Movimiento Vecinalista del Oeste". Y agregó: "Nunca dije que no lo conocía, pero mi relación [con Celis] era netamente política".

Durante el juicio quedó en evidencia que Celis, en los últimos 10 años, se relacionó con dirigentes locales de todas las fuerzas y se jactaba de ser un referente territorial.

El retiro del Estado

El viernes fue también el turno para los fiscales. En la descripción que trazaron se expresó la convicción de que el nivel de desarrollo territorial que había adquirido la organización narcocriminal no pudo darse sin la connivencia de políticos territoriales, quienes no podían desconocer la magnitud de un negocio que iba creciendo frente a sus narices. Y que, en ese escenario, una organización narcocriminal, la que encabezaba Celis, envenenó al gobierno municipal y penetró en las estructuras estatales hasta que estuvieron a su servicio.

Según la fiscalía, se trata de "la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes más importante que se haya juzgado hasta el momento" en la provincia de Entre Ríos, que tenía entre sus miembros a funcionarios municipales. Los más importantes fueron Griselda Bordeira, policía y entonces secretaria de Seguridad de la Municipalidad; y Pablo Hernández, entonces concejal por Cambiemos. El expediente acumula un sinnúmero de pruebas, muchas de ellas a través de escuchas, en los que ambos se relacionan con integrantes de la banda por la compra y venta de droga.

"El acuerdo que aquí se intentó caracterizar como político, excedía largamente ese marco", machacaron los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada.

El fiscal Ardoy citó uno de los primeros informes elaborado por la Policía Federal donde se aseguraba que "desde el gobierno municipal no solo se permitió el ingreso de personas vinculadas con el narcotráfico, sino que parte de los funcionarios integraban la banda y llevaban adelante actividades ilícitas". Bordeira y Hernández oficiaban como intermediarios y eran los encargados de transmitir mensajes de Varisco, agregó.

Para el juez federal de Paraná Leandro Ríos, que instruyó la causa, Celis y Varisco "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada". La banda se encargaba de la "financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" de esa droga en Paraná, Concordia y la Capital Federal.