A menos de una semana de dejar el cargo de intendente de Paraná, Sergio Varisco escuchó el pedido de pena que formularon para él los fiscales del juicio por presunto financiamiento del narcotráfico: 10 años de prisión, el pago de una multa de 250.000 pesos y su inmediata detención domiciliaria.

Varisco está siendo juzgado junto a integrantes de una banda liderada por un conocido narcotraficante de la ciudad llamado Daniel "Tavi" Celis, quien ya se encuentra purgando penas anteriores.

Los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada consideraron que Varisco y Celis celebraron "un acuerdo espurio que excedía lo político" y que "había un acuerdo dinámico en torno al financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes".

El exintendente y exdiputado nacional radical está acusado de financiar con recursos públicos las actividades ilegales de Celis, para quien la fiscalía pidió 15 años de prisión.

Luego de enterarse del pedido de pena de la fiscalía, el exintendente de Cambiemos afirmó: "Es una locura, una barbaridad, porque no hay nada más que lo que se dijo en el proceso, y porque esto fue un intercambio con una sola testigo que me involucra, según sus palabras. No hay ninguna escucha, no estoy en absolutamente nada vinculado y por eso estoy muy confiado".

La testigo a la que se refirió Varisco es Luciana Lemos, la expareja del jefe de la banda, que involucró al mandatario paranaense en el caso.

Para Varisco, la fiscalía "se basó en los dichos de la procesada, también condenada pero a la que le disminuyeron su pena. Ahora empieza el alegato de la defensa y ahí vamos a escuchar bien cómo fue todo".

En sus alegatos que se extendieron más de diez horas durante dos días, los fiscales dijeron que "Daniel Celis puso su estructura al servicio de un grupo político en tiempos de campaña, a cambio del manejo de la Unidad Municipal 2, contratos y dinero para financiar a su organización; y el retiro del Estado permitió el avance de una organización dedicada al comercio de estupefacientes a gran escala".

Los acusadores aseguraron que se desviaron fondos públicos para la actividad ilícita, dado que "la contabilidad de la Municipalidad de Paraná no era clara y eso permitía un manejo incontrolable de los fondos".

Es el juicio más grande que se tenga memoria en Entre Ríos e involucra a una treintena de acusados. El concejal Pablo Hernández y la exsecretaria de Seguridad de la municipalidad Griselda Bordeira se encuentran también en el banquillo y con prisión preventiva en la cárcel local desde hace más de un año.

Para el exconcejal Hernández y la exfuncionaria Bodeira, los fiscales pidieron 9 años de prisión.

Los dirigentes políticos y el propio Varisco afirman que el acuerdo con Celis era político, a través de la tarea social y el apoyo proselitista que prestaba una agrupación denominada Movimiento Vecinalista del Oeste, liderada por Celis.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que el exintendente, el exconcejal y la exfuncionaria no podían desconocer la actividad de Celis.

El fiscal Candioti consideró que en el caso de ser condenado, Varisco debería ser detenido en forma domiciliaria, al menos hasta que la sentencia quede firme.

"Cuando el juez federal (Leandro Ríos) dispuso que Varisco continúe en libertad, había dicho que era mientras dure el desempeño funcional que él tenía y ya ha cesado. En aquella oportunidad el juez aclaró que simplemente por eso fue dejado en libertad", sostuvo Candioti.

En ese sentido, recordó que "todos los otros imputados están privados de su libertad". De todos modos, recomendó una detención domiciliaria con un dispositivo electrónico por "cuestiones de salud", ya que Varisco tuvo "una operación coronaria y una fractura de cadera".

Además de una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro hace casi un año, Varisco fue operado en la cadera hace dos meses y medio debido a la fractura que sufrió durante el ataque de un vecino que le reclamaba por un contrato incumplido.

Los alegatos continuarán esta semana y se espera que el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, anticiparán la sentencia antes de fin de año.