El oficialismo se encaminaba esta madrugada a sancionar en el Senado la controvertida ley de emergencia económica y social, que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, que hace recaer un fuerte ajuste impositivo sobre la clase media, suspende la actualización de las jubilaciones y delega amplios poderes legislativos en el Poder Ejecutivo.

Para que el proyecto pudiera ser debatido en la Cámara alta fue clave el apoyo pasivo de la principal bancada de oposición. Al momento de habilitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, requisito indispensable para discutir un texto sin dictamen de comisión, los senadores de Juntos por el Cambio se ausentaron del recinto.

De esta manera, el Frente de Todos consiguió, por unanimidad, el voto de los dos tercios de los presentes que le dio a Cristina Kirchner, en su debut como presidenta del Senado, luz verde para dar inicio al debate. En ese momento, el interbloque opositor tenía 25 senadores presentes, número más que suficiente para frustrar la marcha forzada que el oficialismo le imprimió al trámite legislativo del denominado proyecto de solidaridad social y reactivación productiva.

El gesto de buena voluntad opositor fue el resultado de un intenso debate interno en el que varios legisladores reclamaron bloquear el debate. Fueron tres reuniones en poco más de una hora, radicales y macristas discutieron por separado antes de encontrarse como interbloque, que pusieron en tensión la unidad del conglomerado opositor.

Al final, se impuso la postura de los sectores más decididos a no entorpecer la nueva gestión y a cumplir con el compromiso asumido por los gobernadores radicales con Fernández como parte de la firma del Consenso Fiscal que la Nación selló con las provincias.

Espíritu de colaboración

La postura colaboracionista quedó personificada en los presidentes de los dos jefes de bancada, Humberto Schiavoni (Pro-Misiones) y Luis Naidenoff (UCR-Formosa).

Ambos senadores ya habían quedado en una difícil situación, como consecuencia de la polémica generada luego de que sus pares de la Cámara de Diputados denunciaran que el proyecto suspendía la fórmula de actualización para los haberes superiores a $19.000, pero la mantenía para las jubilaciones de privilegio de jueces, diplomáticos y políticos.

En la vereda de enfrente se ubicaron los macristas Esteban Bullrich, Gladys González y Alfredo De Ángeli y los radicales Silvia Elías de Pérez (Tucumán) y Martín Lousteau (Capital), quienes querían entrar al recinto e impedir el debate de la iniciativa.

Una muestra de la postura de ese sector se pudo ver en el inicio del debate, que arrancó poco después de las 19.30, cuando Bullrich habló como miembro informante del interbloque opositor. "No vamos a acompañar esta ley, no estamos satisfechos ni con el fondo, ni con las formas", afirmó el senador, luego de haber asegurado que la sanción del proyecto iba a dejar un "fétido hedor" y que muchos legisladores la iban a votar "tapándose la nariz".

Además del apoyo pasivo de Juntos por el Cambio, el oficialismo estrenó ayer sus nuevas alianzas con los pocos legisladores de fuerzas provinciales que quedan en la Cámara alta. El exgobernador Alberto Weretilneck (Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén) colaboraron a juntar el quorum para iniciar la sesión y, también, para alcanzar los dos tercios para el debate sobre tablas. En esta última votación también participó el santafecino Carlos Reutemann, socio de Juntos por el Cambio.

La votación para habilitar el debate no estuvo exenta de nervios para el oficialismo cuando varios de sus senadores no aparecían por el recinto. Con claros gestos de tensión y con teléfono celular en mano, la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se paseaba por el recinto tratando de ubicar a los senadores propios que, distraídos, no se habían percatado de que estaba por reanudarse la sesión que había pasado a cuarto intermedio casi dos horas antes.

Antes de comenzar a discutir la emergencia, el Senado aprobó por amplia mayoría y giró a la Cámara de Diputados el acuerdo para suspender el Consenso Fiscal 2019.

La iniciativa fue aprobada por 63 votos a favor, el rechazo de Alfredo De Ángeli (Pro-Entre Ríos) y la abstención de Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán).

Por este acuerdo, las provincias y la Capital Federal recibirán una inyección de $60.000 millones, como consecuencia de la eliminación del compromiso para reducir impuestos locales que habían firmado en 2017 con el gobierno de ricio Macri.