La participación del Estado ha subido a la exorbitancia del 60,4% de la renta financiera del campo a raíz de las nuevas subas en las retenciones. Tal vez ese fenómeno, poco menos que único en las finanzas mundiales, opaque hoy otras cuestiones de relevancia para el agro argentino. Una es la pendiente ley de semillas, sin cuya actualización el país pierde competitividad por el atraso tecnológico que se produce.

Parece mentira, pero la actualización de las normas sobre las que se legisló en 1973, cuando el tema de la soja no figuraba en ninguna discusión social o política y, menos aún, el de la biotecnología, ha insumido más de diez años de debates. Una ley de semillas como la que necesita la Argentina excede por mucho el espacio ocupado por la soja: involucra los otros dos cultivos en los que está presente la biotecnología el maíz y el algodón y a un frente inmenso de las economías regionales, que incluye legumbres de toda índole, el maní, los limones y la caña de azúcar. Sobre esta última, un gobernador norteño tuvo el acierto de decir que ella encerraba una "idea del conocimiento".

Esta sola mención reactiva el recuerdo de que el paso de Cambiemos por el gobierno dejó dos leyes de significación para el interés general. Una fue la ley de economía del conocimiento, que alienta el desenvolvimiento de las pymes, entre las que hay decenas de semilleros nacionales. Otra, la ley de promoción de la biotecnología.

Sin una ley de semillas adecuada a estos tiempos, el agro argentino ve resentida su productividad en relación con países más respetuosos que el nuestro de los derechos de propiedad intelectual. Así como están las cosas, en los Estados Unidos se han producido ocho eventos nuevos de soja; entre ellos, uno resistente a la sequía y otros, a las malezas, constituidas en uno de los problemas más candentes para el agro. Estos ya se utilizan en Brasil y Paraguay, con las consiguientes ventajas frente a los productores argentinos, que tienen vedado su acceso.

El dictamen aprobado hace más de un año en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados ha perdido estado parlamentario, pero es un punto razonable de partida para lograr el consenso a todas luces necesario para el país. Esa comisión estuvo presidida por el diputado radical Atilio Benedetti, a quien acompañaron como vicepresidentes el actual ministro nacional de la cartera, Luis Basterra, y el diputado Juan José Bahillo, quien ahora se desempeña como ministro de la Producción de Entre Ríos. Se trata, por cierto, de figuras representativas.

Ni el oficialismo ni la oposición pueden ignorar que el 15 de este mes, según se anticipa, Estados Unidos y China firmarán el acuerdo comercial fase uno, cuyo punto principal es el respeto por la propiedad intelectual. Nuestros políticos deben tener presente que el acuerdo Mercosur-Unión Europea contiene un capítulo sobre esos derechos. Aún no ha sido publicado, pero su mención configura un llamado más de alerta respecto de que las relaciones de comercio global incluyen como ancla, y agregado de valor, referencias precisas sobre el derecho de propiedad intelectual.

Debería estar fuera de cualquier controversia que el productor utilice la semilla producto de lo que coseche, pero en una superficie equivalente a la usada en el ciclo anterior. Si por eso tiene que pagar más, debe saberlo y abonarlo a la compra del insumo del caso. Lo que no resulta admisible es que solo el 20% de lo implantado, como en el caso de la soja, provenga de semillas fiscalizadas. Desde la perspectiva de los semilleros, esto implica algo así como que un negocio potencial de 1000 millones de dólares quede reducido a solo 200 millones.

Con la participación del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el sistema conocido como bolsatech funciona en el circuito de comercialización. Lo hace a través de las bolsas de cereales y cámaras de arbitrajes con una eficiencia del 100%. Puede determinar germoplasmas, ediciones génicas y biotecnologías empleadas. Cuando, además de identificar eventos, logre determinar el varietal correspondiente a cada germoplasma analizado, el sistema de fiscalización de la propiedad intelectual quedará perfeccionado.

Con el Estado como árbitro final de los intereses sectoriales en juego, no puede haber razones de más peso que demoren una ley indispensable para el desarrollo tecnológico, la productividad agrícola y el reconocimiento del país entre las sociedades legitimadas en el mundo de los negocios.