Entre las conversaciones que llevan adelante los gobernadores con el equipo de Alberto Fernández se cuenta la de las deudas que quedaron pendientes de resolución de la gestión macrista.

Las transferencias de fondos pendientes más importantes son por el dinero comprometido para obras públicas y, al menos, las dos últimas cuotas de los fondos que la Anses envía a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas, y de las cuales el viernes debe pagarse una. Los atrasos se profundizaron, coinciden las fuentes provinciales, en el segundo semestre del año pasado.

Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Obras Públicas nacional, a cargo de Gabriel Katopodis, explicaron que esta semana tendrán "información concreta y puntual" sobre la deuda con las provincias y adjudicaron la demora a que la organización ministerial cambió y "se está conformando".

Córdoba acumula, según la administración de Juan Schiaretti, unos $11.000 millones de giros comprometidos y no ejecutados.

Santa Fe espera, entre otros ítems menores, alrededor de $100.000 millones -al tipo de cambio del viernes, dado que la provincia lo contabiliza en dólares- pendientes por la transformación en autovía de la ruta nacional 19. La obra, de $126.000 millones, se hizo con recursos provinciales contra un convenio firmado con la Nación, que se comprometía a devolver esa inversión.

En el Ministerio de Hacienda de Mendoza indicaron que hay atrasos en dos convenios por obras y viviendas "en ejecución", pero no dieron detalles de números.

El sanjuanino Sergio Uñac, a fines de 2019, estimó en $7000 millones las acreencias con Nación por obras, programas de salud, asistencia alimentaria, presos federales y redes de gas natural. Con dos meses más, serían ahora unos $8000 millones. En Entre Ríos, Gustavo Bordet calcula una deuda de la Nación de alrededor de $3000 millones por "todo concepto" (presos federales, obras viales, programas sociales y de salud y giros de impuestos retenidos como IVA y Ganancias).

El último informe de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) señala que hasta octubre pasado las transferencias de capital a las provincias para sostener los trabajos de infraestructura registraron una baja interanual del 19 por ciento. Según datos del macrismo, quedaron en ejecución 650 obras de vivienda, 56 hídricas y 264 de mejoramiento urbano (agua, saneamiento, pavimento e infraestructura de servicios).

Los gobernadores esperan para esta semana una respuesta del Ministerio de Transporte respecto de la política de subsidios para el sector destinados a las provincias. Hay trascendidos de que esa cartera gestionaría entre $30.000 millones y $40.000 millones ante Hacienda para repartir en el interior.

No solo por obras

Un tema clave para las finanzas de las 13 provincias que no pasaron sus cajas de jubilación a la Nación es cuándo recibirán las cuotas de la Anses adeudadas y si, hacia adelante, se mantendrá el convenio firmado. Por ahora, "no hubo ni un llamado de teléfono" por esta cuestión, indicaron cuatro ministros de Economía provinciales.

En 2019 el presupuesto para este tema alcanzó los $20.000 millones; los giros varían en función del rojo de déficit de cada distrito. El compromiso por convenio es transferir el equivalente a que todos los pasivos provincias se jubilaran en las condiciones que fija la Anses. No se exigió más "armonizar" los sistemas. En promedio, la deuda pendiente es de dos meses con Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

A estos puntos -obras públicas, programas de salud y sistemas previsionales no transferidos-, comunes a todas las provincias, se suman deudas pendientes en particular.

Santa Fe reclama $60.000 millones por retención de fondos coparticipables derivados del fallo favorable de la Corte desde 2015; La Pampa exige $5500 millones ($4200 millones de la deuda previsional generada por la retención del 15% más intereses). San Luis asegura que tiene pendientes $15.000 millones. Y La Rioja insiste en que la Nación le devuelva un punto de coparticipación que perdió con la sanción de la ley de coparticipación en 1988.