Pese a la importante modificación que se logró introducir en el debate parlamentario, los representantes de los puertos de la provincia de Buenos Aires están preocupados por el impacto que producirán en el sector las tasas extraordinarias impuestas sobre sus actividades a partir de la ley impositiva impulsada por el gobernador, Axel Kicillof, y sancionada anteayer. Si bien los montos se redujeron a la mitad respecto de los propuestos en el proyecto original, aseguran que el costo adicional generará una relocalización de gran parte de las operaciones hacia puertos de otras provincias.

En el artículo 100° de la ley se establece para este año y "con carácter extraordinario" algo que señala en el texto como un "incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos", pero en los hechos funciona como una tasa fija aplicable a las actividades de los puertos de la provincia, que ya están gravadas por Ingresos Brutos con alícuotas de 3,5% y 1,5% (dependiendo de la actividad). En concreto, se cobrarán $47 extra por cada tonelada -o fracción superior a 500 kilos- de mercadería cargada, $139 por cada tonelada descargada y $23 por cada tonelada removida.

Solo quedan fuera del alcance de la sobretasas las "mercaderías en tránsito", los productos vinculados con la actividad pesquera y la arena y otros productos áridos (entre lo que se incluye, por ejemplo, la arena que se utiliza para la extracción de petróleo en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta).

Según la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la medida generará "asimetrías negativas" respecto de los puertos de las jurisdicciones cercanas como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro e incluso Uruguay. "Desde nuestro punto de vista, no se ha morigerado el impacto con el texto final. Si bien el 50% es mejor que el 100%, no evita que haya una transferencia de carga hacia otras jurisdicciones. Sobre todo en materia de puertos de contenedores, cargas generales y vehículos, que tienen una competencia directa con puertos de Buenos Aires", explicaron a LA NACION.

De hecho, autoridades del consorcio del puerto de San Pedro aseguraron que, a pocas horas de sancionada la ley, recibieron la noticia de que había altas probabilidades de que se frustre un acuerdo cerrado poco tiempo antes. "Nosotros somos el puerto más chico de la provincia. En 2019 perdimos un cliente de frutas y se quedaron 120 trabajadores en la calle. Después de mucho trabajo logramos cerrar un acuerdo para este año para despachar desde San Pedro a Cuba porotos provenientes de Salta, que iban a llegar por tren hasta Santa Lucía, un pueblo rural del partido. Hoy [por ayer] nos llamaron diciendo que era una posibilidad que trasladaran la operación a Santa Fe", relataron.

En la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) señalaron que otro problema de la nueva disposición es su efecto acumulativo. Los diferentes ítems gravados coinciden, muchas veces, en una misma operación de comercio. "Por ejemplo una empresa de fertilizantes radicada en el país importa materia prima para procesar y por esa importación paga una sobretasa -explicaron fuentes de la cámara de puertos privados-. La procesa en Bahía Blanca, la manda por barco a San Nicolás, de donde sale la exportación y cuando tiene que bajarlo ahí vuelve a pagar. En el medio hay operaciones de estibaje, gravadas aparte". Por este motivo la expectativa está puesta ahora en la reglamentación de la ley, que podría tomar en cuenta ese aspecto y evitar el efecto cascada.

Según especificaron en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la modificación impositiva implicaría un costo adicional de aproximadamente US$12,4 millones para operar en esa plaza, que sumados a los US$2,5 M que ya tributa sumarían un total de US$14,9 millones. Según sus autoridades, el monto representa el 30% del total de los ingresos del consorcio por los conceptos gravados.

A nivel recaudación, se puede tomar como referencia a los dos puertos de la provincia más importantes por volumen operado, Bahía Blanca y Quequén. Según un ejercicio del estudio Ciancaglini, y suponiendo que estos dos puertos operarán volúmenes idénticos a los de 2019, el monto recaudado en 2020 mediante estas tasas en el puerto de Bahía Blanca sería superior a los $647 millones y en Quequén, de al menos $364 millones.