La Argentina está dividida en 24 jurisdicciones: 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esos 24 territorios que delinean el mapa político, nada menos que catorce no contemplan un ciclo lectivo con los 180 días de clases que estipula una ley sancionada en 2003. El dato se desprende de un informe que llevó a cabo el Observatorio Argentinos por la Educación con la información que los distintos Ministerios de Educación provinciales y sindicatos tuvieron disponibles hasta el 17 de enero de este año.

Ese conteo, el de las catorce provincias que desde su planificación no tienen previsto cumplir con los 180 días de clases, contempla los feriados nacionales, el receso invernal y también las jornadas docentes de capacitación que deben llevarse a cabo. Entre esas catorce hay nueve provincias que, aún sin contemplar las jornadas docentes y siempre según el informe del observatorio, están por debajo de los 180 días de clase que los alumnos deben tener garantizados en todos los niveles educativos obligatorios.

Esas nueve jurisdicciones son Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Juan -todas con 179 días planificados-, Formosa, Misiones, Santiago del Estero -con 178 días previstos-, San Luis -177- y Catamarca -175-. Jujuy, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta y La Pampa son las cinco que, contando las jornadas que ya tienen previstas, llevan a catorce la cantidad de jurisdicciones que no garantizarán los días obligatorios a los alumnos de sus escuelas.

Según el informe del observatorio, cuyo autor principal es el especialista en Educación Gustavo Iaies, a lo largo del año se suman motivos que restan aún más días de clase a los chicos: problemas edilicios, fallas en los servicios públicos que deben abastecer a las escuelas, paros docentes y no docentes o factores climáticos. Entre sus conclusiones principales, el estudio destaca que no se implementa ninguna medida para recuperar los días perdidos por estos factores. "Estamos frente a un sistema educativo que no puede cumplir sus propias pautas", sostiene el informe.

Algo similar asegura Claudia Romero, directora de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT): "El primer problema es que no está prevista una sanción ante el incumplimiento de los 180 días de clases. No hay ni premios ni castigos ni una autoridad de aplicación, y una ley que no prevé sanciones es sólo una expresión de deseo", describe. Y agrega: "Hay una declamación te interés por la educación en los políticos y también en la sociedad, pero a la hora efectiva de que los chicos vayan a la escuela esto no se cumple".

"Esta información da cuenta de la falta de gobernabilidad del sistema educativo: ni siquiera en el planeamiento se puede garantizar lo que estipula la ley. Cuando mirás los resultados de los exámenes a alumnos de los últimos 15 o 20 años y ves que no mejoran, uno de los primeros pasos tiene que ser resolver el problema de los días de clase", enfatiza Gustavo Iaies, especialista en Educación y autor principal del informe que elaboró el observatorio. En coincidencia con Romero, suma: "Hay un problema de consideración de padres y funcionarios respecto de la importancia de que los pibes estén en la escuela. Los funcionarios no cumplen, ¿los padres no van a reclamar? En principio parece que no".

Para Iaies, el incumplimiento del calendario escolar estipulado por la ley "da un mensaje difícil porque el mensaje que hay que transmitir a los chicos es que ir cada día a la escuela es muy importante". Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación y director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, es contundente: "La Argentina nunca cumplió con esos 180 días de clases. Nunca nadie cumplió con aquello de que hay que recuperar los días de clase perdidos. Es una de las explicaciones del bajo nivel educativo de los chicos argentinos. Y es también una profunda discriminación hacia los chicos pobres, porque la escuela privada da clases. Los hijos de quienes toman las decisiones importantes del país van a escuelas privadas, y esas decisiones perjudican a los que van a las públicas".

Guadagni ilustra su observación: "Desde que se sancionó la Ley 1.420 -que estableció la educación obligatoria y gratuita- hasta 2003 nunca cayó la matrícula de primarias estatales. Pero en 2003 empezó a caer y crece la escuela privada. Los sectores más pobres se fugan a escuelas evangelistas o católicas en los barrios más vulnerables porque allí los chicos tendrán clase. Cada día que una escuela pública no le abre la puerta a un chico pobre le otorga un pasaporte a la exclusión social".

Para Romero, el cumplimiento de los 180 días de clase es requisito necesario -aunque no suficiente- para que los alumnos lleguen a ser competitivos en el mercado laboral en el futuro. "Hay que trabajar en la calidad, y otra deuda pendiente es extender la jornada. Pero cada día pasado en la escuela es una oportunidad para incorporar nuevas herramientas", sostiene. "La escuela es, para los chicos más pobres, el lugar en el que esa pobreza se puede combatir a través del conocimiento. Y el lugar en el que están cuidados y alimentados. Achicar el tiempo en la escuela reduce todo eso", agrega Romero.

Ante la consulta por las conclusiones del informe elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, fuentes del Ministerio de Educación de la Nación dijeron a Clarín que "la visión cuantitativa que se plantea sobre los 180 días de clases (contabilizando los días hábiles desde la fecha de inicio hasta la finalización del ciclo lectivo y restándole los días correspondientes al receso de invierno y los feriados) no contempla el caso de la doble jornada, la extensión de la misma las horas de tutorías en las que se desarrollan también actividades educativas con contenido pedagógico, las que en conjunto exceden en la práctica, la meta mínima de los 180 días". Esas mismas fuentes aseguraron que los días de clase que se suspendan por jornadas institucionales u otras razones serán recuperados. Es lo que establece la ley y, coinciden los especialistas, no se cumple.