“Pueda ser que cuando termine muerta por culpa de él, la policía y el juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo, puedan hacer algo. Mientras tanto, tenemos que seguir pagando las consecuencias con el gordo”. Las palabras de Fátima Florencia Acevedo –Flor para sus amigues- se reproducen una y otra vez, pero ya es tarde. “Ya no sé qué hacer”, dice en otro audio de whatsapp. Fátima siguió el camino de las denuncias, una y otra vez, para terminar con el círculo de violencia con Nicolás Martínez, un hombre que antes de matarla dejó sembradas las evidencias de lo que pensaba hacer: el 31 de enero, la amenazó con un cuchillo e intentó tirarle ácido muriático en la cara. El gordo de los audios es el hijo en común, de dos años y medio, que hoy está institucionalizado. El femicidio de Fátima hace mucho más que subir un número insoportable, el que viene contando una mujer asesinada cada 23 horas este año. Deja al descubierto la desprotección que sufren las mujeres de parte del estado, del sistema judicial, de los entornos sociales que escuchan los gritos, conocen las acciones de los violentos y sin embargo, dejan que las cosas pasen, consideran que no llegará a mayores, especulan con que se calmará. Seis denuncias había hecho Fátima Florencia Acevedo contra su agresor. Había evidencias de la escalada de violencia que sufría. Por eso, estaba alojada en la Casa de la Mujer de Paraná. Había recurrido incontables veces a pedir ayuda.

“Me dieron un papel de 2018 que no me sirve ni para mierda”, cuenta en otro audio enviado a una amiga. Ese papel, la medida perimetral, había sido notificada seis días después de una de las denuncias. Debió ocurrir algo más para que le dieran el botón antipánico, que necesitaba de un celular con datos o wifi para activarse. Esos requisitos fueron comunicados –pero sin chequear que la joven contara con ello- por la oficina que brindó el dispositivo. No hubo tobillera ni pulsera electrónica para controlar el accionar del femicida. Florencia López, la receptora de los audios y amiga de la víctima, encabezó públicamente la búsqueda desde el domingo 1° de marzo, cuando Fátima no volvió al refugio municipal. Una semana después, el cuerpo sin vida tirado en un pozo, a 18 metros de profundidad, fue la mayor evidencia del fracaso: habrá condena contra Martínez, pero es necesario poner la lupa en los mecanismos que podrían haber evitado el crimen de una chica de 25 años.

Nicolás Martínez tiene antecedentes de violencia: a su anterior pareja quiso estrangularla. Esa fue la forma en que mataron a Flor, según lo determinó la autopsia. Fátima había denunciado desde 2017, también lo hizo en 2018. El 31 de enero pasado, cuando Martínez le tiró ácido muriático y la amenazó con un cuchillo, el fiscal de Género, Leandro Dato, decidió que Fátima fuera alojada en la Casa de la Mujer porque entendió que su vida corría peligro, pero no se tomaron acciones en relación al agresor. Sólo la notificación de la restricción de acercamiento, medida perimetral que fue violada por el agresor, que merodeaba en la Casa de la Mujer de Paraná. Eso denunció Fátima el 13 de febrero y se decidió entregar el botón antipánico, el 17 de febrero pasado, a Fátima. Para usarlo, el celular con sistema Android 5.0 debía contar con wifi o datos móviles. No fue eficaz para proteger la vida de Fátima. Tras matarla, Martínez intentó sacar dinero con la tarjeta de la víctima, pero no pudo, y envío un mensaje de whatsapp haciéndose pasar por ella. Todo eso ocurrió entre el domingo –el día en que Fátima fue asesinada- y el jueves, cuando el agresor fue detenido. La pena en expectativa es prisión perpetua. La pena de las que temen ser la próxima es la desprotección.

Si bien toda cifra es provisoria, por el espiralamiento de la violencia machista en 2020, se contaban 71 femicidios hasta el 10 de marzo. Cada uno de ellos interpela profundamente al Poder Judicial, a todo el Estado y a la comunidad. “Se sigue subestimando de una manera trágica la problemática de la violencia hacia las mujeres”, consideró Carina Carmody, integrante de la Asamblea Feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, que nuclea a 60 organizaciones. “Lo escuchamos el otro día al procurador García hablando de psicópatas y de víctimas que están predispuestas, y eso demuestra que sigue habiendo una visión de un problema desanclado del sistema patriarcal”, apuntó la activista.

Andrea Oviedo, también integrante de la Asamblea, reclamó la renuncia de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y del procurador García. Para ella, y el colectivo que integra, este femicidio es una bisagra. “Nos conmueve que los funcionarios y las funcionarias de Entre Ríos no salgan a hablar, con la conmoción que está viviendo la sociedad, ante un femicidio que para nosotras ha marcado un antes y un después. No nos callamos más, estamos cansadas de exigir y realmente queremos que renuncien los responsables de la muerte de Fátima y de la falta de respuesta que tenemos de la justicia”, dijo.

La periodista de Paraná Sandra Míguez consideró que “lo primero que surge es que se trata de una muerte evitable”, y que vuelve a poner en evidencia a “un sistema judicial al que le falta perspectiva de género y se resiste a incorporarla”. Por eso subrayó que “el procurador piensa así, pero también el resto de los jueces, fiscales de género, organismos interdisciplinarios, el resto de los funcionarios, no logran dimensionar el problema de la violencia de género, la minimizan, siguen subestimando las denuncias, siguen demorando las medidas como si fueran delitos menores, cuando en realidad estamos hablando de delitos que son contra la integridad de las personas y que son delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de 63 feminicidios desde el 1° de enero hasta el 29 de febrero, más muertas que días”.

Miguez escribió el libro Crímenes menores, en el que aborda otro femicidio emblemático, el de Micaela García, ocurrido también en la provincia de Entre Ríos, en 2017, así como el frustrado jury al juez Carlos Rossi, que había liberado previamente a Sebastián Wagner, quien terminó matándola. “Lo que veo es un sistema judicial que sigue minimizando las denuncias que hacen las mujeres, no dándole la celeridad ante la urgencia que tienen estos casos, como también veo falencias en la Casa de la Mujer donde las chicas estaban resguardadas. Las chicas los domingos salían a pasear y demás. ¿Quién se cercioró que Fátima estuviera en condiciones de salir sola? ¿Qué contención psicológica y psiquiátrica recibía?”, se preguntó Míguez sobre la cadena de acciones insuficientes que terminaron con la vida de Fátima.

¿Por qué Martínez no estaba detenido? ¿Por qué no le habían puesto una pulsera electrónica o una tobillera que le impidiera acercarse a Fátima? Florencia López es la amiga de Fátima, la que clamó por su desaparición y la que acompañó su peregrinar en busca de protección. A ella le mandó los audios en los que contaba todas las puertas que se le cerraron. “Flor (así le decían sus amigues a Fátima) estaba sola, con miedo, vivía con miedo de caminar, de que le pase algo, de que a esa criatura le pase algo. Ella vivía con una violencia que no se puede explicar cómo aguantó y cómo nadie hizo algo”, dijo Florencia.

Para Míguez, lo que está claro en la actuación judicial es que “siempre se revictimiza a las víctimas, las hace responsables de su cuidado por un lado, y desde el sistema judicial no se entiende el momento de vulnerabilidad que están atravesando. Se las responsabiliza de ir al encuentro del agresor, cuando estas víctimas están en un círculo de violencia en el que son manipuladas, amenazadas, extorsionadas con sus hijes. Es no entender lo que significa un contexto de violencia, estar desamparada, porque si lo ponemos en contexto, Florencia estaba completamente sola desde los 15 años, y sentía agradecimiento a este tipo”. Por eso, una de las tantas cuestiones a revisar es que “todas las medidas de protección, son de autocuidado, y le asignan la responsabilidad a las víctimas”.

El femicidio de Fátima dejó al descubierto otros aspectos de la Justicia. Esta misma semana, una joven cuestionó públicamente al fiscal de género que estuvo a cargo de la investigación, Leandro Dato. Luciana Sofía Gabas aseguró que le dio “impotencia verlo a Leandro Dato hablando de violencia de género, cuando me culpó para justificar un abuso”. El funcionario judicial, antes de su designación, se desempeñó como defensor de un acusado de abuso sexual. “Fui abusada a los 13 años, cuando me animé a hablar, a los 16, hago la denuncia y el abogado defensor de mi abusador, en este caso, mi progenitor, era el actual fiscal y, su manera de llevar adelante la defensa, lejos de pasar por negar el hecho en sí, porque estudio abogacía, así que no cuestiono el rol de los abogados defensores, pero si las estrategias para llevar adelante la defensa. La estrategia utilizada por Leandro Dato fue justificar el abuso, llevando a testificar a mi padrino, a quien en ese momento era mi ex novio, haciéndole preguntas como ‘si cuando se puso de novio, teníamos relaciones, si creía que una chica abusada podía tener relaciones’, totalmente improcedente”, contó la joven en una radio de Paraná.

La lupa está puesta en el Poder Judicial. “Lo que nosotras vemos es una serie de procesos burocráticos que pretenden resguardar, más que a las mujeres, travestis y trans, a la propia institución, cubriéndose con protocolos y medidas preventivas, no sólo porque no hay control de que las medidas se cumplan, sino porque todo el eje está puesto en que la mujer pueda sostener las propias medidas restrictivas, entonces todo el peso queda sobre la mujer y en el caso de la mujer denunciada, no hay medidas concretas de prevención, se dictan papeles, que no tienen efectos en la vida concreta, no hacen mella en las personas denunciadas”, consideró Carmody, de la Asamblea Participativa.

Justamente, a Oviedo le parece imperdonable “la falta de respuestas estatales. Esta gurisa hizo todos los pasitos, paso a paso, que tiene que hacer una mujer para que le den respuestas”. “Esto no es una responsabilidad individual de Martínez, acá hay una cadena de responsabilidades, ella desde 2017 empezó a hacer denuncias y también es una víctima del sistema patriarcal”, explicó la integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que el jueves pasado se autoconvocó frente a los Tribunales de Paraná. Justamente, fue allí donde escucharon a la mamá de la ex pareja de Martínez. Irene Molinare narró el maltrato que sufrió su hija, que tiene una hija de 12 años con el agresor. “Sufrimos mucho hostigamiento por parte de Martínez, dormía en la calle frente a nuestra casa para controlarnos. Acosaba a mi hija, le pegaba, una vecina la salvó, porque estaba arriba de ella y la tenía del cuello. En ese momento tomé la decisión de mandarla al sur con una tía, pero Nicolás la convenció y la trajo de nuevo”, relató.

Las integrantes de la Asamblea saben perfectamente lo difícil que es para las víctimas el derrotero por la policía y el sistema judicial. “El mismo jueves a la madrugada acompañé a una víctima de violencia que su ex tenía secuestrada a su hija. Es inimaginable el peregrinar entre las comisarías, la comisaría de Minoridad, donde nos maltrataron, y las secretarías a las que tenemos que ir”, detalló Oviedo. Para cualquier denunciante de violencia machista, los obstáculos se suman. "Desde lo que implica toda la órbita de la policía, hace mucho tiempo que venimos planteando las dificultades que encuentran las personas que acuden para hacer denuncias y muchas veces necesitan ser acompañadas por otras mujeres, amigas, vecinas, trabajadoras sociales, de los equipos de salud y de otras organizaciones sociales, para ser tenidas en cuenta y no ser vulneradas en ese primer momento en el que deciden hacer una denuncia, y también son vulneradas desde los ámbitos de la policía. En los documentos que hemos elaborado para el 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre, venimos planteando la necesidad de personal formado en perspectiva de género que puedan entender la problemática, el proceso que llevan adelante las mujeres y las medidas que se requieren para que esas mujeres puedan acceder a la autonomía”, agregó Carina Carmody, otra activista de la Asamblea Participativa.

La falta de perspectiva de género requiere de una solución más urgente que la aplicación de la ley Micaela que es “una acción a largo y mediano plazo”, consideró Míguez. Y también reclamó políticas integrales que contemplen la necesidad de autonomía económica y acceso a la vivienda de las víctimas de violencia machista. Otra vez: Florencia lo puso en palabras con claridad cuando le contó a su amiga –en otro audio- lo que estaba sufriendo:

“Nicolás sacó licencia sin goce de sueldo por lo tanto a partir del 10 de diciembre estamos en la calle con el gordo. Aparte el viejo (un familiar que la había alojado) nos rajó a la mierda, tenemos nada más que hasta el 10 de diciembre para quedarnos acá porque el señor (Nicolás) vino a hacer problemas, cortó la luz anteanoche y una de las vecinas lo filmó. Así que (el viejo) nos pidió que nos vayamos, que hasta el 10 tenemos tiempo para quedarnos, que después nos tenemos que ir, así que por lo pronto nos quedamos en la calle y el gordo sin comida, sin nada… Y yo no sé qué mierda hacer”.

Que una mujer sea asesinada cuando está alojada en un centro de protección es otro índice de las falencias de las intervenciones estatales. “No es suficiente la acción del estado, la Casa de la Mujer es un recurso que tiene que existir, pero si no se cumple con políticas integrales no es suficiente, no dan una respuesta duradera. Hay un proyecto de un plan de viviendas para víctimas de violencia de género, pero duerme en los estamentos estatales sin concretarse. Las mujeres son retiradas del domicilio, alojadas en la casa de la mujer, pero luego no hay políticas integrales para garantizar su subsistencia y autonomía. Incluso, las personas que trabajan en la Casa de la Mujer, tanto provincial como municipal, están precarizadas”, apuntó Carmody.

En la línea de cuidar a la institución más que a las personas vulneradas, Cristina Ingleson, subsecretaria de Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Paraná, salió a defender el accionar de su área, y dijo que se habían realizado las acciones pertinentes, ante la ausencia de Fátima en la Casa de la Mujer. “No hubo negligencia por parte del Estado Municipal. Todo lo contrario. Las prácticas de uso para estos casos fueron activadas en tiempo y forma. Lo que no significa que no estemos absolutamente consternados, preguntándonos qué más pudimos haber hecho e indignados porque parece que nada alcanza para detener estar violencia machista que nos arrebata la vida de las mujeres”.

Florencia López, la amiga de Fátima, denunció a Nicolás en 2017, cuando ella la llamó desesperada en la puerta de la casa de los padres de su agresor, y después recibió amenazas, ya que el hombre aseguró que “nunca le había levantado la mano a Florencia”. Pero Martínez no es un hombre aislado: trabajaba, tenía amigos, hace chistes, se relacionaba con sus compañeros de trabajo en el hospital. La familia lo justificó y protegió, al punto que el padre fue a los canales de televisión a defenderlo. Hay una trama social que ve las acciones del violento, escucha los insultos, percibe el hostigamiento. “Hay testigos que hablan de que escucharon gritos, situaciones de violencia pero que no intervienen, no hay un compromiso de la comunidad para acompañar a estas mujeres, que quedan solas, sigue siendo tomado como un tema privado, en la sociedad y también en el poder judicial, más allá de la ley de protección integral, la 26485, subterráneamente sigue siendo considerado como un tema privado y no como un tema estructural”, planteó Carmody, de la Asamblea Participativa.

El femicidio de Fátima generó también el miedo a ser la próxima, un miedo que muchas pibas escribieron en forma de pancarta casera en la marcha del 8 de marzo. “Este caso ha conmovido a la sociedad toda, no solamente porque se liberaron esos audios donde ella cuenta toda la peregrinación que hizo pidiendo auxilio, sino por todos los procesos que tenemos que hacer para tomar una denuncia, porque a partir de esta situación, nos estallan los teléfonos y las redes sociales, porque las pibas están cansadas de hacer lo que tienen que hacer y temen por su vida. Estamos ocupadas porque estamos en alerta, estamos organizándonos porque creemos que tienen que dar respuestas”, dijo Oviedo, también de la Asamblea.

Aunque el Ni Una Menos haya puesto en la superficie, el 3 de junio de 2015, que una buena parte de la sociedad argentina –y las mujeres que venían activando desde hacía años contra las violencias- ya no toleraba los femicidios, es un hecho que cada vez más mujeres, lesbianas, travestis y trans son asesinadas por serlo, tomadas como objetos de la propiedad de hombres que ven amenazado su poder patriarcal ante la decisión de sus parejas de terminar un vínculo, o denunciarlos. ¿Comunicar los femicidios puede generar un efecto permisivo para que la crueldad sea replicada y naturalizada? ¿Cómo se cuentan las muertes que ya no se pueden seguir contando, porque no se toleran?