| Entre Ríos EN LOS MEDIOS NACIONALES |
Domingo 05 de abril de 2020
Coronavirus: el Gobierno reparte 14.000 tarjetas de teléfono en las cárceles (los habilitan en Entre Ríos)
CarcelesPresos

El gobierno nacional puso en marcha un operativo para repartir en las 35 cárceles federales 14.000 tarjetas de teléfono para que usen los detenidos. Como consecuencia de las medidas de restricción impuestas ante el avance de la epidemia del coronavirus, quienes están presos ya no pueden recibir visitas. El objetivo del Gobierno es posibilitarles, de todos modos, la comunicación con el mundo exterior y evitar así que crezca la violencia en los penales del sistema federal. Los motines de Santa Fe encendieron las alertas.

El operativo de reparto de las tarjetas todavía no terminó. "Está avanzado, pero falta llegar a algunos penales del Sur del país", informó una fuente oficial. Para optimizar viajes, el Gobierno subió las tarjetas a los camiones destinados a llevar a las cárceles productos de limpieza, como lavanda y alcohol.

Las tarjetas fueron donadas por la empresa Telefónica, informaron en el Ministerio de Justicia. En paralelo con esta decisión, y con idéntico objetivo, el Servicio Penitenciario Federal dispuso también que los internos tengan acceso a las salas de videoconferencia de los penales para comunicarse con sus familias.

En el gobierno nacional no están dispuestos, en cambio, a autorizar a los detenidos a usar teléfonos celulares, algo que hoy sí está permitido en la provincia de Buenos Aires. Fue una decisión de la justicia que el gobierno de Axel Kicillof recibió con alivio porque -dicen- redujo la tensión en los penales. El hacinamiento y la superpoblación -en su récord histórico- eran ya un drama antes del coronavirus. "Ahora caminamos por la cornisa", dijo un alto funcionario bonaerense a LA NACION .

Primero, habilitó el uso de celulares en dos cárceles un juez de Necochea, y esta semana, el Tribunal de Casación Penal bonaerense extendió el permiso a todos los presos de la provincia "durante el período que subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social". La Casación sostuvo que "la incomunicación absoluta" es violatoria de derechos humanos fundamentales reconocidos por instrumentos internacionales.

A nivel federal quieren evitar disponer una medida así en forma general y de un día para otro. Dicen que hay países que permiten que los detenidos tengan celulares, pero que tienen especialmente regulado su uso. "Algunos tienen una nube por donde pasan las llamadas, que permite a las autoridades un control, sin violar la privacidad de los presos", relató un funcionario argentino que sigue de cerca los modelos penitenciarios extranjeros. En algunos países la autorización para usar celulares está prevista como una forma de flexibilización del encierro, al igual que las salidas transitorias.

Desde que se legalizaron los celulares en las cárceles bonaerenses, hubo al menos tres presentaciones judiciales de presos del sistema federal pidiendo que los jueces los habilitaran a ellos también a usar telefonía móvil. Por ahora no prosperó ninguna, informan fuentes oficiales.

La situación de las cárceles federales y las bonaerenses es muy distinta. Las federales tienen menos de un tercio de detenidos y la superpoblación es del 9,35%, mientras que en la provincia de Buenos Aires hay más de 45.000 presos en cárceles donde la capacidad -en el mejor de los casos- es para 28.000. Además, hay presos en comisarías. La superpoblación, según fuentes oficiales, es cercana al 110%. En octubre pasado, el Tribunal de Casación Penal bonaerense hablaba ya de una situación de grave crisis humanitaria en los penales.

Celulares en las cárceles

Además de Buenos Aires, otras provincias, como Entre Ríos, empezaron a autorizar el uso de celulares. Quienes cuestionan la decisión de habilitar la telefonía móvil dentro de los penales dicen que implica regularizar una situación de hecho que el Estado siempre prohibió, sostienen que podrían usarse los teléfonos para cometer delitos y advierten sobre el peligro que implica, por ejemplo, darles celulares a los agresores sexuales, que podrían utilizarlos para perseguir a sus víctimas. Dicen también que después va a ser muy difícil dar marcha atrás con este permiso.

De acuerdo con lo que estableció la Casación de la provincia, el Sistema Penitenciario Bonarense (SPB) puso en funcionamiento un "protocolo" para la implementación de la nueva autorización. Cada unidad carcelaria va a llevar un registro de quién usa cada teléfono ("Estará garantizada la trazabilidad", explican) y quienes estén detenidos por haber cometido delitos relacionado con celulares van a tener un tratamiento especial. Además, no se autorizará el uso de redes sociales, a excepción de WhatsApp.

El protocolo prevé incluso la posibilidad de regularizar teléfonos que ya estaban, ilegales, dentro de las cárceles. Durante los últimos dos años el SPB secuestró 50.000 celulares, informaron fuentes oficiales. Hoy mismo, a pesar de que ya rige el permiso, se incautó un teléfono escondido dentro de una caja de sal en la Unidad 31 de Florencio Varela.

En el gobierno de la provincia son conscientes de que queda mucho por regular pero creen que la medida "fue importante para descomprimir" la situación y evitar que escalara la violencia. Dicen que cuando pase la pandemia se reverá la situación para determinar si se retiran los teléfonos o se establecen, con ayuda de la tecnología, pautas de control que permitan que los detenidos los conserven minimizando los riesgos.

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