¿Quién puede estar en desacuerdo con adherir de algún modo a un recorte de haberes en una situación excepcional como la que atravesamos? Así comenzó el diálogo con una alta fuente judicial que aseguró que los siete vocales que integran el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sostienen la misma posición.

Hay consenso en que el país atraviesa una crisis multidimensional a propósito de la pandemia del COVID-19 y que es necesario un aporte del sector judicial. Son cautos, no obstante, al definirse sobre el eventual recorte del 30% a los haberes de funcionarios que, por otra parte, aún no se conoce en detalle.

Este medio consultó a la presidenta del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati, quien respondió: “Fuimos los primeros en afirmar que el Poder Judicial va a acompañar institucionalmente a los otros dos poderes del Estado, sin dudas. Somos absolutamente conscientes de la grave situación de emergencia que estamos viviendo”.

Por su parte, el vocal Luis Rubio explicó: “Yo creo que las actuaciones del gobierno están encaminadas a que cada uno tiene que poner todo de sí para garantizar la solidaridad, deben aportar más los que más tienen, incluidos los jueces”. Y añadió: “No me gustaría hacer predicciones de futuro, pero primero está la vida, segundo la salud y tercero veremos cómo se van resolviendo todas las cuestiones en un ámbito donde los que más tienen, son los que tienen que ayudar más”.

Aída Tarditti, en tanto, opinó que es “una decisión moral, no hay que esperar (la decisión) del Ejecutivo. Atravesamos un momento muy difícil y por eso hay que contribuir”. En ese sentido, señaló que decidió realizar una contribución personal al fondo que creó la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba.

Es más que evidente la decisión entre los miembros del máximo tribunal provincial de acompañar. Sobre el recorte salarial de un 30% a funcionarios anunciado por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, no opinaron. Por un lado, no se sabe cómo, desde cuándo y a quiénes afectará. Pero, además, ninguno de los vocales quiso expresarse porque será materia judiciable, aún si se instrumenta a través de una ley de emergencia. Es decir que podría plantearse una demanda que terminará en la decisión del Alto Cuerpo.

El juez Domingo Sesín, en este sentido, explicó: “Si hay un agravio debe haber un juez que controle y diga si es constitucional o no. Por esa razón no opino, no quiero tener que inhibirme en un futuro”. “Estamos en un momento gravísimo”, acotó.

Hasta el momento lo único que trascendió desde la administración Schiaretti es que el descuento, estimado en un 30%, se aplicará con el sueldo de abril que se cobrará en mayo. Pero no está claro qué universo de funcionarios abarcará, si también podría incluir a trabajadores de mayor rango o a todos ni cómo se implementará efectivamente. Tampoco se conoce el destino que se dará al ahorro producido por la rebaja temporal de los sueldos.

En otras provincias, como Entre Ríos y Mendoza, se constituyó un Fondo de Emergencia para la contingencia. Ante esas indefiniciones, hay prudencia en el TSJ. Están decididos acompañar de algún modo el recorte. También es cierto que hay división de poderes, pero el manejo de los recursos y salarios es resorte del Ejecutivo.

El gremio rechaza. “Es inadmisible cargar sobre las trabajadoras y trabajadores el peso de esta crisis sanitaria cuando ya venimos soportando un atraso salarial frente a la inflación”, sostuvo en un pronunciamiento el gremio de los judiciales provinciales. En el documento recordaron que “a los empleados judiciales todavía se les debe una parte del aumento de 2019, concretamente un 10 % a diciembre del año pasado y retroactivos que hoy totalizan una deuda de más del 60 % del sueldo con cada empleado judicial”.

Mujeres Juezas. En tanto, la delegación local de la Asociación Mujeres Juezas de Argentina (Amja) resolvió que las donaciones de sus socias fueran dirigidas a la fundación Manos Abiertas.