Un proyecto para crear una Junta Nacional de Granos causó revuelo en las últimas horas en la agroindustria. La iniciativa es de la senadora nacional rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos) que ya lo había presentado en 2013, 2016 y 2018, y como fue perdiendo estado parlamentario, volvió a ingresarlo el 10 de marzo pasado.

La posibilidad es rechazada en forma contundente por los dirigentes del campo. “Son recetas del pasado, solo generaron trabas y una burocracia que obstaculizó el desarrollo del sector agropecuario”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

Según el dirigente entrerriano, cuando este tipo de entes estuvieron vigentes la operatoria “se tradujo en una merma de la producción y la destrucción de empleo y de inversiones que afectaron a todos los argentinos”. Y agregó: “este mecanismo generó también corrupción”.

También Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural Argentina, fue muy crítico: “Realmente es todo lo contrario a la idea de generar confianza. Más bien genera preocupación, incluso por los contenidos”.

Incluso Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro y uno de los dirigentes de la Mesa de Enlace más cercanos al Gobierno, también se opuso. “Estamos totalmente en contra de ese proyecto de ley, porque se contrapone con lo que durante años viene trabajando Coninagro, para que no haya este tipo de intervenciones, que lo único que hacen es producir desaliento en toda la actividad productiva y en la inversión del sector".

Pese al revuelo que generó, en general los ruralistas confían que este proyecto no avanzará. Iannizzoto reveló que se pusieron en contacto con los funcionarios del ministerio de Agricultura, y aseguró que “en forma concluyente y efusiva manifestaron su oposición a ese proyecto. Nos afirmaron que no está en la línea de la política agroindustrial que tiene el Gobierno y ratificaron la vocación de no intervenir los mercados de grano ni de tomar ese tipo de medidas”.

Con todo, aunque desde la agroindustria dijeron que estarán “atentos a eventuales avances del proyecto”, apuntan a que desde el Congreso se lleve adelante “una agenda propositiva que busque generar confianza, que es lo que la economía necesita para renazca la inversión. Este es el único camino para generar crecimiento, desarrollo, trabajo y divisas”, dijo Pelegrina, esperando "que de alguna manera el ministro (Luis Basterra) lleve este mensaje a las comisiones agropecuarias de Diputados y del Senado".

Justamente, como presidente de la Comisión de Agricultura del Senado quedó el puntano Adolfo Rodriguez Saá. Lo paradójico es que la provincia de San Luis fue la que más complicaciones ha generado en la cuarentena para el buen funcionamiento de las actividades agropecuarias como actividad esencial. Hubo fuertes restricciones para la circulación, mucho más estrictas que los protocolos nacionales, que motivó denuncias de productores y sus entidades para que se habilitaran los permisos en medio de la cosecha.

“Vamos a tener que juntarnos con la Comisión de Agricultura del Senado, al igual que con la de Diputados -concluyó Pelegrina- para buscar esa agenda propositiva, para continuar modernizando el campo argentino para que alcance todo su potencial motorizador de la economía”.