El Poder Judicial de Entre Ríos se sumerge, hace meses, en una crisis sin precedentes. Un ministro de la Superior Tribunal de Justicia denunció connivencia entre sectores políticos, judiciales y de la prensa para manipular causas de corrupción y ahora fue denunciado por violencia de género por otra integrante de la Corte provincial. Una serie de episodios que se manejaban al interior de la comunidad judicial saltó el cerco para explicitarse ante el gran público.

El primer salto ocurrió cerca del mediodía del domingo 1º de diciembre, cuando el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón , viralizó un duro mensaje en clave de denuncia a través de WhatsApp.

"No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien (y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos", escribió en su teclado el juez. Y agregó: "Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humo, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos". Dos días después debía llevarse adelante la renovación de autoridades en el seno del máximo órgano de Justicia de la provincia, que dejó finalmente de presidir.

Castrillón no la terminó allí. Al otro día brindó declaraciones en diferentes medios en el que ratificó sus dichos y dio más detalles. Aseguró que existía connivencia, sobre todo en causas de corrupción, entre un sector del poder político de la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet, el Ministerio Público Fiscal y un sector de la prensa. El magistrado mantiene un enfrentamiento con el procurador general Jorge García y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, a quienes apuntó en reiteradas ocasiones.

Castrillón es uno de los que promueve una revisión al sistema acusatorio que rige en la provincia y donde el monopolio de la acción penal recae en la figura del fiscal. Este esquema -según los críticos- se ha desequilibrado en favor de la parte acusadora (el fiscal) y en detrimento del juez de garantía.

Segundo round

La jueza de la Corte Susana Medina dejó trascender este fin de semana en la prensa una denuncia a Castrillón por violencia de género. La misma se habría originado en una conversación en el grupo de WatshApp en la que Castrillón se habría dirigido en malos términos hacia Medina. Castrillón dio a entender que se trata de una reprimenda por haber denunciado a un sector del oficialismo y a la procuración.

"No he cometido ninguna violencia de género contra la doctora Medina. Me parece risueño, pero cada una tiene su derecho. Estaré a derecho, como corresponde. Voy a poner abogado", reaccionó Castrillón.

No se detuvo ahí: "Total después buscaré recuperar lo que gaste [a través de una denuncia por] daños y perjuicios [contra Medina]. Considero que es artero, dañino. Me lesiona mentalmente, psíquicamente. Me está haciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño", anticipó el juez.

Lo interesante es que en la causa, si se concreta, los principales testigos son los otros siete ministros de la Corte que integran el grupo de WhatsApp y tienen en sus celulares el cruce entre denunciado y denunciante. Medina no ha hablado sobre el tema.

Ayer, el Comité Provincial de la UCR emitió un documento en el que afirmó que el Superior Tribunal de Justicia ha convertido al Poder Judicial en un "conventillo cheto" en el que priman "el egocentrismo" y "las viejas luchas por poder que tienen un par de millonarios" por sobre la imperiosa necesidad de mejorar el servicio de justicia y transparentar su accionar. Además le dio crédito a la versión de Castrillón sobre la connivencia de un sector de la política y el Ministerio Público Fiscal.

Este episodio se da en el peor momento. En Entre Ríos dos femicidios evitables ocuparon las primeras planas de los medios locales y también nacionales. Se trata de los casos de Fátima Acevedo y Romina Roda, víctimas de sus exparejas. Ambas ya habían denunciado violencia en sede judicial. Ante el primer femicidio hubo multitudinarias movilizaciones a Casa de Gobierno y los tribunales con reclamos y pedidos de renuncia por parte del colectivo feminista.

Las manifestantes apuntaron, entre otros, al procurador general por la salida del juez Carlos Rossi, quien había firmado las salidas transitorias del asesino de Micaela García, aquel femicidio que le dio título a la ley que hoy se implementa en todo el país.

Las protestas fueron aplanadas con la implementación de la cuarentena. El gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta anunciaron un paquete de medidas a iniciativas a nivel legislativo. La semana pasada ocurrió otro femicidio.

Contratos truchos en la Legislatura

En los tribunales de Paraná tramita una de las causas sobre corrupción más escandalosas que se conozca en la historia reciente. Se la etiquetó como "contratos truchos en la Legislatura".

La investigación la llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes por estos días esperan el resultado de las pericias contables. Se estima que el desfalco es de 2000 millones de pesos, que fueron desviados entre el 2008 y 2018 a través de un sistema por el cual se adulteraban contratos en la Cámaras de Diputados y el Senado provincial, para fugar dineros públicos a través de prestanombres. La mayoría de ellos fueron identificados en la investigación como personas de escasos recursos.

En el legajo están imputados exempleados administrativos de la Legislatura e integrantes de dos estudios contables en los que se administraban esas contrataciones a terceros. Sin embargo, la causa no tiene a diputados ni senadores imputados, pese a que en la reglamentación de ambas cámaras, para contratar a personal, la orden corre por cuenta de los presidentes de los cuerpos.

Cuando se conoció el escándalo y se inició la investigación, el 20 de septiembre de 2018, se encarceló a los encargados de buscar las personas para contratarlas, asignándole una suma de dinero generalmente de 50 mil pesos, monto que no iba para quien firmaba ese contrato.

Cuando la causa empezó a tomar un ritmo amenazador para la dirigencia política local se conoció que la entonces fiscal anticorrupción y coordinadora de la investigación, Cecilia Goyeneche, era socia en dos propiedades con uno de los contadores imputados. Antes, se había revelado una relación laboral del marido de Goyeneche, Sebastián Orlando, con el estudio Asesoría Integral, cuyos integrantes también están imputados, aunque no fueron a la Unidad Penal, como sí ocurrió con los integrantes del otro estudio involucrado en la causa. 

La procuradora adjunta debió apartarse de la investigación ante la presión de los abogados defensores. No hubo pedido de juicio político -con lo que se amenazó en un momento- pero el ritmo que había tomado la investigación se vio notoriamente resentido.

El procurador general García adelantó que la causa sería elevada a juicio prontamente, sin dirigentes políticos imputados, pero con la promesa de que habrá seguramente una segunda parte. Sectores de la oposición y abogados defensores han expresado disconformidad con la promesa de que la causa se divida en dos, porque dan por sentado que un segundo proceso oral no llegará. En ese escenario, las denuncias del juez de la Corte adquieren otro sentido.