El Ministerio de Economía nacional puso ayer en blanco sobre negro los criterios con los que distribuirá entre los gobernadores que así lo soliciten los créditos preferenciales por $ 60 mil millones, que forman parte del paquete de asistencia a las provincias por $120 mil millones anunciado a principios de abril por Alberto Fernández para paliar el impacto de la pandemia.

Se trata de la letra chica de los préstamos que serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), y que se suman a la distribución escalonada de $60 mil millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El objetivo del programa es reforzar las finanzas provinciales por un total de $ 120.000 millones.

Esos créditos -oficializaron desde el Palacio de Hacienda de Martín Guzmán- “serán otorgados según las necesidades financieras de cada provincia y por las condiciones estructurales con las que cada jurisdicción puede hacer frente a la actual crisis” por el coronavirus.

En despachos nacionales se manejaron ayer con hermetismo respecto de qué mandatarios ya les anticiparon su intención de acceder a ese préstamo.

Pero, según un sondeo de Ámbito Financiero sobre distintas provincias, ya un nutrido número de gobernadores avanzó en gestiones para recibir esos recursos.

El lote de quienes ya lo pidieron -o al menos manifestaron su intención de hacerlo- incluye a, entre otros, el radical Gerardo Morales (Jujuy) y los justicialistas Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca), además del misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) y del salteño Gustavo Sáenz. Una pretensión en la que coinciden provincias grandes y chicas.

Pero si bien el contexto general es el del apremio generado por la caída de la coparticipación y de las recaudaciones locales por la cuarentena, hay matices según el distrito.

En algunas provincias la urgencia está puesta en apuntalar o normalizar los pagos de sueldos, que en algunos casos opera ya de manera desdoblada. En otras, menos agobiadas, destinarán los recursos a financiar obras.

Pero además hay diferencias en términos burocráticos: algunos distritos necesitan obligadamente el aval de la Legislatura para iniciar la gestión, mientras que otros ya cuentan con una autorización parlamentaria vigente.

Por caso, en Jujuy, el Gobierno de Morales logró que le aprobaran ya en la Legislatura la autorización para tomar un crédito del FFDP. En tanto, Alicia Kirchner busca lograr ese aval en las próximas horas, mientras que Jalil enviará el proyecto en breve (en pos de unos $2 mil millones), para que tome estado parlamentario la semana que viene y con destino a obras.

El caso de Jujuy se anota entre los más avanzados. Morales gestionó $ 3 mil millones, pero los recursos no llegaron a tiempo como para evitar el desdoblamiento en el pago de los sueldos de abril. Y tampoco tiene la certeza de los fondos que recibirán.

En ese final abierto coincidieron funcionarios de distintas provincias consultados ayer por este diario. “Nación determinará los montos máximos, según los criterios definidos”, aseguró uno. “El monto lo define Nación; nos pidieron flujo de fondos de donde surgen las necesidades”, explicó otro.

Precisamente, la decisión del monto final a repartir a cada distrito quedará en manos del Gobierno nacional, aunque en base a los criterios de asignación dados a conocer ayer por la resolución del Palacio de Hacienda:

las necesidades reales de financiamiento en el corto plazo (60%),

el nivel relativo de atraso en las condiciones de vida de la población, medido en función de las Necesidades Básicas Insatisfechas (20%) y

el grado de afectación relativo de cada provincia en el contexto de la emergencia económica y sanitaria, en función en un 50% de la tasa de informalidad y cuentapropismo, y en otro 50%, por la difusión territorial del Covid-19 en relación a la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes (20%).

“Cada provincia podrá solicitar el préstamo por hasta un monto máximo establecido por dicho criterio en condiciones, incluso, más favorables a las que están sujetas en los mercados de deuda en tiempos de “normalidad”, dijeron desde Hacienda. Además remarcaron que son préstamos “con tasa de interés prácticamente nula y período de gracia”.

La amortización del capital, que será actualizado por CER desde el momento de su desembolso, se efectuará en 36 cuotas mensuales, con un período de gracia que va hasta el 31 de diciembre. La TNA aplicada será del 0,1%.