| Entre Ríos EN LOS MEDIOS NACIONALES |
Viernes 15 de mayo de 2020
La insumisión de Julieta (femicidio de María Julieta Riera en Paraná)
NiUnaMenosFemicidios

Hasta que María Julieta Riera fue golpeada, estrangulada y arrojada desde el balcón de un octavo piso en Paraná por quien los fiscales de la causa consideran su femicida, Jorge Julián Christe, la vida era un camino de resistencia. Se supo ahora que ya no está, y en el contexto del aislamiento social que paradójicamente vislumbró aún más la lucha que llevaba en solitario por no angustiar a los demás, por estar madurando un pedido de auxilio, por seguir buscando respuestas. Su ausencia repentina y brutal se convirtió en el cuarto femicidio en Entre Ríos, el segundo en lo que va de la cuarentena, y volvió a trazar la curva ascendente de las violencias en una coyuntura de dominación patriarcal, confinamiento y el reclamo de organizaciones feministas para que se declare la emergencia por violencia de género.

“Mañana te traés un poquito de ropa, venís y te quedás”. Un sobresalto demasiado espantoso debe haber sacudido el cuerpo de Ana María, la madre de Julieta, para decírselo casi por instinto el miércoles 29 de abril, 24 horas antes que un llamado de la policía le comunicara la caída de su hija de 23 años en el patio interno del edificio donde vivía con Christe, hijo de una ex jueza. “Juli era alegre, optimista, muy reservada. Hasta que una de sus hermanas le vio los moretoncitos en las muñecas, le preguntó si se los había hecho él y Julieta asintió con la cabeza. Esa noche le pedí que volviera a casa, quizá para hablar más tranquilas y hacer algo. Pero no tuve tiempo de salvarla, y creo que ella estaba vulnerable porque con el aislamiento no se podía salir.”

Julieta era “la del medio” de tres hermanas y un hermano menor. Cuando el 8 de marzo encontraron el cuerpo de Fátima Florencia Acevedo en un pozo de Paraná y se contabilizaban 63 femicidios entre el 1° de enero y el 29 de febrero en todo el país, Ana María y sus hijas marcharon junto con organizaciones feministas a los mismos tribunales donde hoy reclaman Justicia por Julieta. “Estábamos conmocionadas por el femicidio de Fátima y decidimos ir a manifestar. Juli no vino porque fue a cuidar a su abuela. Yo pensaba entonces que para una madre debía ser horrible que a su hija le pasara algo semejante. Y ahora que siento el dolor en carne propia, busco razones para seguir aferrándome a la vida.”

Desde que se dispuso la cuarentena, Julieta fue día por medio a la casa de su abuela materna para acompañarla y realizar tareas de cuidado. Amaba a Carmen, esa mujer a quien le respondía que se había caído o golpeado con algo las veces que observaba alguna marca en el cuerpo. Prefería contarle que estaba preparando un par de materias pendientes del secundario, para ingresar a la Universidad del Litoral y estudiar Abogacía. Su sueño era ayudar a lxs demás y tener herramientas para recuperar la tenencia de su hijo de cuatro años, que se la había quitado su pareja anterior, con quien atravesó situaciones de violencia, y que se había presentado en los tribunales reclamando al niño porque su madre no tenía trabajo estable.

“Con ese cuento, la Justicia misógina y patriarcal le quitó al niño, y a Julieta le costó mucho poder establecer un régimen de visitas”, detalla la abogada feminista Nina Brugo, interiorizada con la causa por su relación de parentezco. “Luego Christe quiso dominarla para que hiciera lo que él quisiera, pero creo que la sumisión de Julieta de la que tanto hablan no era tal, tuvo conciencia de empoderamiento. Su femicidio fue fruto de una situación de resistencia en una sociedad heteronormativa y patriarcal, incapaz de tolerar que las mujeres quieran ser libres en su vida y en su historia”.

El sábado 2 de mayo, familiares, amigxs y organizaciones feministas que conforman la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná realizaron una movilización de barbijos a los tribunales para pedir Justicia por Julieta y exigir que Christe cumpliera la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1, contra el pedido de la defensa, que había solicitado el arresto domiciliario. Christe, de 31 años, es uno de los hijos de la ex camarista María Victoria Stagnaro. Sin trabajo conocido, sólo se sabe que tiene una moto de alta cilindrada y las llaves de dos departamentos de su madre en el edificio del Instituto del Seguro, donde vivía con Julieta. Del balcón de uno de esos departamentos cayó la joven en la madrugada del 30.  

Entre el 20 de marzo y el 10 de mayo, en la Argentina se registraron 49 femicidios, según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”. El 78 por ciento ocurrió en la vivienda de la víctima y el 68 por ciento fue cometido por sus parejas o ex parejas. De las 49 víctimas, sólo 8 realizaron una denuncia y 4 tenían medidas judiciales. Julieta integraba la franja de quienes no llegaron a denunciar. Alguna vez dijo que había perdido el celular que le regaló su madre para estar comunicadas, pero el aparato fue incautado en uno de los allanamientos que le realizaron a Christe antes de detenerlo, y del chip no hay noticias. “Resulta urgente y necesario que tanto las instituciones como la sociedad en su conjunto se comprometan para poder prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres”, expresa el comunicado del Observatorio. En Entre Ríos, las denuncias por violencia familiar y contra mujeres, lesbianas, trans y no binaries se mantienen en niveles similares a 2019. El Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), contabilizó 3.896 denuncias por Violencia Familiar y Contra la Mujer, mientras que en el mismo período del año pasado la cifra ascendía a 4.657 denuncias.

“En este escenario de pandemia no vimos un incremento de denuncias en proporción al aislamiento social, y eso tiene que ver con la imposibilidad de moverse. Todo se percibe anulado, se interrumpió la normalidad”, advierte la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad provincial, Mariana Broggi. “Registramos mayor cantidad de llamadas para consultar o para informarse sobre cómo denunciar, cómo irse de un domicilio, o para pedir traslados dentro y fuera de la provincia. En las dos primeras semanas de esta  cuarentena que lleva 57 días, muchas mujeres tomaron la determinación de irse o de cortar con una situación sin llegar a realizar denuncias, pudiendo hacer exposiciones de sucesos en el ámbito de la familia o de la pareja.” Broggi destaca que hubo detenciones por incumplimiento de medidas y por intento de avasallamiento, y que se intensificaron las comunicaciones con mujeres que llevan el botón antipánico o algún otro dispositivo. “Construir y ejecutar cercanía fue el objetivo central contra la sensación de soledad y distanciamiento que generó la pandemia.”

-¿La Secretaría es considerada servicio esencial en esta cuarentena?

-Somos servicio esencial en el esquema del ministerio de Desarrollo Social, del cual depende la Secretaría. Pero se desplegó un plan de abordaje integral de las violencias con todos los organismos de gobierno y una fuerte campaña de difusión, para unificar los recursos humanos y económicos, y los criterios de atención y seguimiento. Articulamos con Policía y Justicia, que toman las denuncias, disponen las medidas de protección y nos libran a nosotrxs mediante oficio para acompañar y hacer seguimientos, y se agilizaron las notificaciones electrónicas. Lo mismo ocurre en los municipios y en las 43 áreas Mujer locales. Nunca dejamos de atender, pensando que el encierro potencia las situaciones de violencia, y todos los días garantizamos muchísimos traslados.

-¿Se prorrogaron las medidas de protección en esta fase?

-La Justicia prorrogó todas las medidas de protección en mayo, y comunicamos permanentemente que aquellas personas con medidas vigentes no tienen que trasladarse para pedir la renovación de esa medida. Si hay una mujer desplazándose, la policía no sólo no debe interrumpir su traslado, sino que tiene que asistirla in situ. El tremendo dato de la realidad es que tenemos más muertas que vivas, por eso también es fundamental la vinculación con el movimiento de mujeres y con las compañeras de los barrios. Tenemos mucho para construir juntas.

-Julieta nunca hizo una denuncia y lo único que da cuenta de la violencia que sufría son los testimonios de vecinxs y amigxs.

-Desde la Secretaría estamos impulsando una campaña para instalar en la agenda social que todo lo que se sepa en el entorno de amigxs y familiares de una víctima de violencias, debe correrse del eje de la vida privada para extenderlo a la vida pública. Plantearnos cómo nos involucramos en esas cuestiones, que no necesariamente tiene que ser por medio de la denuncia. Tiene que ver con una cuestión cultural, con la búsqueda de modos de contención y diálogo con esas personas que sufren violencias.

Corina Beisel, la abogada que representa a la familia Riera, extiende la autoría penalmente responsable de Christe que los fiscales Leandro Dato y Juan Ignacio Aramberry caratularon “homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por alevosía y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género”, a dos momentos clave: el previo a la caída, por los golpes, los hematomas y las escoriaciones en el cuerpo de Julieta, y el posterior, con las lesiones que Christe habría provocado al arrojarla desde unos veinte metros de altura, más los signos de lucha física en su cuerpo. “Los testimonios relevantes, sobre todo de vecinos del edificio, aportaron que en la pareja existía una relación desigual de poder signada por la violencia, en la cual Christe se aprovechaba de la situación de indefensión de Julieta y abusaba de ella." En la audiencia con el juez Mauricio Mayer, que dictó la prisión preventiva por sesenta días, Aramberry enumeró que el imputado sometía a Julieta "a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas". 

-El la traía a casa y la pasaba a buscar. Si justo estaba el novio de una de mis hijas, Julieta me pedía que él no le abriera la puerta cuando se iba, porque si Christe lo veía se iba a poner celoso -recuerda Ana María, que creía que no era algo para andar discutiendo.

En una de sus declaraciones a los medios, Beisel alertó sobre el sometimiento económico como factor central de las violencias. “Un patrón común en este tipo de delitos es el de la vulnerabilidad económica de las víctimas. Es un dato a tomar en cuenta en la medida que tengamos contacto con mujeres que necesitan un trabajo o irse de un lugar donde están sufriendo violencia y no pueden hacerlo por sus dificultades económicas”, sostuvo. “Creo que el contexto de esta cuarentena obligatoria no ayuda para nada. Muchos actores sociales dicen que es un factor que contribuye a que la violencia recrudezca.”

Al día siguiente de la muerte de Julieta, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans emitió el documento “Todos los feminicidios son evitables y son responsabilidad del Estado”. Exigía la emergencia por violencia de género en la Nación y en la provincia, la aplicación de ESI en todos los niveles educativos y el acceso a información presupuestaria, de recursos humanos, de capacitación y condiciones laborales de los equipos interdisciplinarios que asisten a las víctimas. “El Estado -de conformación paternalista y machista- omite, prescinde y excluye la posibilidad de generar políticas públicas que aseguren el bienestar de las mujeres y las disidencias -denunciaba el documento-, exponiéndonos a la suma de todas las violencias: emocional, sexual, psicológica, económica y física.” El 8 de mayo, en una carta abierta dirigida a las funcionarias de los tres poderes del Estado, reclamaron presupuesto para profundizar políticas en género, la construcción de espacios públicos con participación de organizaciones feministas y acceso a trabajo, salud, vivienda y a lugares de cuidado para las víctimas.

Las lógicas de la crueldad institucional hacia mujeres y disidencias, subraya una de las referentes de esa asamblea, Jorgelina Londero, se siguen revelando en cada femicida con denuncias anteriores ignoradas, en los violentos que incumplen las perimetrales, en los agresores que siguen compartiendo la tenencia de niñxs, en la sobreexposición de las mujeres al momento de denunciar, en todas las dudas que recaen sobre ellas y en un Poder Judicial revictimizador y sin perspectiva de género. “Decimos hace años que el botón antipánico es cargarle la responsabilidad a la denunciante. El Estado tiene que ponerle tobillera al agresor y estar presente cuando hay hijxs”, enfatiza. “Son muy pocas las que deciden interrumpir el vínculo con sus agresores, porque necesitan que el progenitor ejerza algún tipo de paternidad para que ellas tengan la oportunidad de trabajar o de tener espacios de ocio. Hay que poder transitar ese paso de la víctima a la denunciante y de la denunciante a la sobreviviente.”

Para Londero, la cuarentena evidenció las fallas del Estado al momento de intervenir en violencias de género. “No todo el personal tiene capacitación, pero el Estado viene muy demorado más allá de la Ley Micaela, que se aplica a cuentagotas, y por otro lado no hay presupuesto. Así como tenemos emergencia sanitaria, necesitamos la emergencia en violencia, para que las áreas que tramitan y atienden las denuncias cuenten con recursos genuinos. La policía sólo ejecuta las medidas judiciales o se encarga de verificar que los violentos no estén incumpliendo las perimetrales, cuando reciben alguna presión desde arriba. En este aislamiento las notificaciones por violencia son prioridad pero la policía no las entrega, y si son oficios electrónicos no siempre llegan en tiempo y forma, por tanto los violentos no pueden ser denunciados por incumplimiento, porque no fueron notificados.”

Mucho de lo que ocurrió con María Julieta Riera en sus últimos años es una interpelación a las dificultades de las mujeres para ser decisoras de sus vidas, como apunta Londero. “Nos gustaría que el Estado les brindara herramientas a quienes padecen violencias de sus parejas o ex parejas, para que puedan rehacer sus vidas como sobrevivientes con dignidad, y en un futuro con felicidad. Pero también las compañeras que trabajan en las áreas de violencias ganan dos mangos y tienen contratos basura que se les corta cada seis meses. Hace falta voluntad política para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres y las disidencias.”

Mariana, la hermana mayor de Julieta, cuenta que antes de que Christe tomara por completo la vida de Juli, la joven iba seguido a su casa de Villaguay y pasaba días enteros con sus sobrinos. Las visitas se espaciaron hasta que dejaron de verse, y en los pocos encuentros familiares, salvo las risas y las charlas livianas, Julieta nunca le pidió auxilio ni dejó vislumbrar una sombra de dolor. “Alguna vez llegamos a hablar sobre su distanciamiento. Le preguntamos por qué dejó de tener redes sociales, y nos decía que no era importante, que estaba bien. Creo que naturalizó esa relación conflictiva, pero todo es muy shockeante, nos va a llevar mucho tiempo poder elaborar lo que sucedió.”

-Tu mamá habló de utopías. Dijo anhelar una sociedad que respete a las mujeres.

-Es que debemos evolucionar como sociedad, la violencia contra mujeres y niñeces tiene que terminar. Soy maestra de Educación Especial, y desde mi lugar siempre transmití que no se deben naturalizar las violencias. Hay que pedir Justicia por Julieta y por todas, y repensar el mundo que les dejamos a nuestros niños. Este es un momento de aprendizaje para mí, porque pensás que nunca te va a tocar. Y es un momento de justicia. Exijo que por ninguna cuestión Jorge Julián Christe tenga privilegios, que su pertenencia familiar no sea un blindaje, porque si queda libre podría volver a hacerle a otra mujer lo que le hizo a mi hermana. Es un llamado de atención colectivo. Los números de femicidios son alarmantes, pero las violencias se perciben desde la infancia, y es entonces cuando debemos actuar.

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