La implementación de la Ley Micaela "es una urgencia pública ante la violencia que sufren las mujeres y es una deuda ética con todas las que ya no están”, señalaron Néstor García y Andrea Lezcano, padre y madre de Micaela García, en un comunicado que difundieron anoche. El mensaje surge como respuesta a la resistencia por parte de los miembros del poder legislativo de Tucumán que se oponen a adherir a la Ley , y a las declaraciones de Ricardo Bussi , presidente del Bloque Fuerza Republicana de la provincia, quien afirmó que “eso del femicidio, de todas las ideologías que están hoy de moda, nos parece totalmente extraño a esta sociedad”.

En el comunicado, los padres de Micaela señalaron que quienes se niegan a adherir a la Ley “no lo hacen desde sólidos argumentos legales ni técnicos, sino que lo hacen desde la negación de una problemática que se lleva la vida de nuestras hijas, hermanas, madres, compañeras y amigas”. Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a la Ley 27.499 que lleva el nombre de Micaela García y que establece la creación de un programa de capacitación de género y violencias contra las mujeres, con el objetivo de formar a todos los funcionarios públicos de los distintos niveles del Estado.

“Tenemos el orgullo de decir que pocas leyes de nuestro Congreso Nacional han sido tan democráticas como ésta”, aseguraron García y Lezcano a través del comunicado difundido por la Fundación Micaela, de la cual forman parte, y remarcaron que la norma “lleva el nombre de una joven violada y asesinada, y encarna tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente”.

En una entrevista radial, Bussi, legislador de la provincia de Tucumán e hijo del genocida Antonio Bussi, había afirmado: “no conozco casos de asesinatos por la condición de mujer, conozco a hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer, no conozco casos”. Junto a Walter Berarducci y Nadina Pecci, presentaron un proyecto para modificar la Ley , a la que se oponen por considerarla parte de "una moda ideológica".

Tras la polémica, los padres de Micaela García recordaron la lucha de su hija y afirmaron: “tenemos el convencimiento que si la Ley hubiera existido tiempo atrás y la provincia de Entre Ríos la hubiera aplicado, Micaela hoy la estaría militando junto a sus demás banderas”.