Hugo Mario Moyano llevaba pocos años de ejercicio de la medicina en 1976, cuando participó de torturas a hombres y mujeres víctimas de la última dictadura cívico militar en Paraná, Entre Ríos. Con el advenimiento de la democracia, Moyano calló esos crímenes y continuó ejerciendo su especialidad, otorrinolaringología, hasta hace diez años, cuando la Justicia empezó a investigarlo. En 2015 recibió su primera condena por delitos de lesa humanidad y aguarda una segunda. Sin embargo, ni el Juzgado Federal 1 ni la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad comunicaron esos datos al Registro Nacional de Reincidencia, lo que derivó en que, en febrero pasado, el represor pudiera presentar un certificado de antecedentes penales limpito y sin ninguna arruga para lograr así su rematriculación como médico. Luego de que víctimas, familiares y organismos de derechos humanos locales denunciaran y difundieran el hecho, el Ministerio de Salud provincial le suspendió el permiso para ejercer.

Moyano fue uno de los condenados en el primer juicio por la megacausa Área Paraná que se desarrolló en Entre Ríos, uno de los pocos en el país que se resolvió sin debate oral y público y bajo la supervisión de un juez de primera instancia. En diciembre de 2015, el magistrado Leandro Ríos lo condenó a 8 años de cárcel por haberlo hallado coautor penalmente responsable de torturar a siete personas. Tras la revisión del fallo, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le sumó dos años más de encierro. Para entonces hacía seis que cumplia prisión preventiva.

La condena incluía una inhabilitación a ocupar cargos públicos, pero no hacía referencia específica al ejercicio de la medicina. En junio del año pasado cumplió la sentencia. Lo primero que hizo fue solicitar su excarcelación en la segunda parte del expediente, en la que está procesado y espera sentencia. Ríos le otorgó el beneficio, pero tras la apelación de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, la Cámara se lo revocó. Él insistió y fue en recurso extraordinario a la Corte Suprema, algo que la Cámara le concedió sin definir si, mientras, continúa en prisión preventiva o no.

Lo segundo que hizo fue intentar recuperar su matrícula médica para volver a ejercer. La condena en su contra implicó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos, funciones y comisiones públicas, pero no la pérdida de su matrícula de médico. Según la normativa del órgano público coordinador de estos permisos, todo personal prestador de servicios médicos debe rematricularse cada cinco años. En febrero pasado presentó los papeles necesarios para concretar su rematriculación ante el Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud entrerriano y también ante el Círculo Médico, para que lo reasocien.

Entre los papeles que exige el organismo estatal para dar ese paso figura el certificado de antecedentes penales del o la solicitante, otorgado por el Registro de Reincidencia y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y aquí sucedió la sorpresa: el certificado que Moyano presentó dice que “no registra antecedentes penales a informar”. ¿Qué pasó con su condena por delitos de lesa humanidad? ¿Y su procesamiento a la espera de otra sentencia? No figuran.

Pues Moyano lo logró. Reactivó su matrícula. Se instaló en un consultorio privado y se inscribió en algunas obras sociales, como en la de la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina. Fue revisando esa cartilla que las partes querellantes cayeron en la cuenta de que había vuelto al ruedo.

La Secretaría de Derechos Humanos y la querella de H.I.J.O.S. sospechan de un acto negligente por parte del Juzgado que lo investiga y lo condenó, al no informar al Ministerio de Justicia de la Nación nada de esto. “Por ley, el Juzgado debe informar sobre procesamientos y prisiones preventivas, no solo condenas. No lo hizo, así que consideramos que fue un acto de negligencia pura en el mejor de los casos. Porque también pudo haber habido connivencia”, señaló Marcelo Boeykens, abogado integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, representante de la querella de H.I.J.O.S Regional Paraná.

Por eso, el viernes pasado las querellas solicitaron de manera oficial información tanto al Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud entrerriano como al Círculo Médico. Entre otras cosas, consultaron si recibieron un oficio del Juzgado de Paraná informando de la situación procesal de Moyano y qué tipo de información provino desde el Registro de Reincidencias. También enviaron pedidos de información al Círculo médico. Esta tarde, el Ministerio de Salud de la provincia decidió suspender la matrícula del represor.

Lo que aguardan ahora las querellas es entender por qué pasó esto. “Fue condenado por su función como médico. El Estado tiene el deber de garantizar la no repetición de estos crímenes. Y esa garantía incluye inhabilitarlo para ejercer la función desde la cual violó sistemáticamente derechos humanos”, dijo a PáginaI12 Lucía Tejera, abogada de la querellante Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. “No pedimos que sea inhabilitado para volver a trabajar. Lo que queremos es que no vuelva a hacerlo como médico", completó.

La casita de la base

Paraná es una ciudad de casi 250 mil habitantes. “Acá no es como en Capital, en donde es difícil cruzarte con los represores. Acá, el que está libre, se mueve”, apunta Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad, organismo que funciona en la órbita de la cartera de Justicia entrerriana. Hasta que fue detenido, en 2009, Moyano “iba al club, iba al café, se hacía ver”, agregó. Hasta ese día, también ejerció su especialidad de otorrrinolaringólogo en el Hospital de la ciudad.

¿Qué les puede pasar por el cuerpo a las víctimas si vuelven a cruzárselo por la calle? ¿Cuál es el riesgo de que alguna de ellas, distraída, acabe en el consultorio de quien habilitó sus torturas? “Parte de la reparación que el Estado les debe a las víctimas tiene que ver con no permitir que una persona que participó de torturas en calidad de médico vuelva a ejercer ese rol. Un represor no puede cuidar la salud de quienes fueron sus víctimas, ni la de nadie”, planteó Tejera.

Por los puestos que Moyano ocupó tanto en la Fuerza Aérea como en el Servicio Penitenciario Federal, la investigacion sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Paraná indica que todas las víctimas pasaron frente a las narices del médico. Tejera resume que a Moyano se lo identifica en dos momentos y escenarios. Por un lado en algunas sesiones de tortura en el centro clandestino conocido como "La casita de la Base", que funcionó en la base aerea de Paraná. Allí, auscultaba y tomaba el pulso a las víctimas en plena sesión de torturas para habilitar o no la continuidad de los tormentos.

José Daniel Irigoyen, por ejemplo, contó en su testimonio que logró ver a Moyano cuando se sentó al lado de la cama en la que estaba estaqueado en la Casita de la Bas , y recordó que estaba ahí para decir “si la tortura podía continuar, se acercaba a la cama a la que estaba estaqueado y me auscultaba el corazón”. Julia Leones, por su parte, testimonió que durante su tortura fue “revisada por el médico Moyano”, quien se negó a chequear las lesiones que tenía en los genitales producto de la tortura ya que “emanaba mal olor desde allí”, recordó que le respondió.

El otro escenario en el que es ubicado el represor es en los penales 1, de varones, y 6, de mujeres, donde las víctimas eran “blanqueadas” tras ser torturadas y secuestradas en la Casita, y en donde él era médico. “Todas las víctimas que eran llevadas a esos penales eran revisadas por Moyano. No solo durante su cautiverio en esas cárceles, sino también en el momento inmediato en el que llegaban desde los centros clandestinos, con las marcas de las torturas en el cuerpo, las cuales él ni registró ni decía nada”, apuntó la abogada.

En la UP1 lo conoció Mario Broin, quien relató que luego de ser torturado en la Casita de la Base llegó a la cárcel “en condiciones deplorables” y fue tratado “despectivamente” por Moyano, quien le “indicó que las heridas pasarían con un vasodilatador”. A Ricardo Godoy, en tanto, Moyano lo recibió en la cárcel y le dijo que estaba “en buen estado de salud”, a pesar de que presentaba quemaduras en la panza, tobillo y muñecas.