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Viernes 12 de junio de 2020
Vicentin: el Gobierno se concentra en "los términos de la expropiación" (rechazo entrerriano)
Vicentin

La intervención oficial transitoria por 60 días de la cerealera Vicentin está en marcha, mientras "se discuten los términos de la expropiación" para garantizar que la agroexportadora quede en manos argentinas, aseguró hoy el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“No hay marcha atrás. La intervención sigue en curso. No está en duda. Vamos a sostener la intervención mientras se discuten los términos de la expropiación”, reafirmó el funcionario, quien dijo además que ese modelo es el que sostiene el Gobierno para no perder esta empresa, que opera casi el 10% del comercio exterior de granos.

Basterra insistió en la importancia de que Vicentin “quede en manos argentinas" y explicó que la decisión oficial de intervención, a cargo de Gabriel Delgado, se tomó "ante el riesgo concreto de que la empresa se venda a precio de quiebra y la altísima chance de que la Argentina pierda una compañía de relevancia económica y simbólica”.

En declaraciones radiales, Basterra aseguró que la decisión del Gobierno “está libre de sospecha de ser no racional o arrebatada”, ya que se busca preservar las fuentes de trabajo dentro del capital nacional, mientras YPF “va a dar garantía de una gestión eficiente, como mostró en los hidrocarburos y la provisión de insumos agropecuarios”. “La producción agropecuaria es estratégica por el ingreso de divisas para resolverla restricción exterior: si no entran dólares hay que tomar deuda y eso llevó a una tremenda crisis a partir de las políticas de los últimos cuatro años”, remarcó Basterra.

Además, el funcionario consideró que la estrategia busca garantizar la soberanía alimentaria que no es una idea abstracta, sino un concepto adoptado por casi 200 países en el marco de la FAO (Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)".

“Se trata del derecho de los pueblos a garantizarla alimentación de sus ciudadanos con las pautas culturales y las necesidades de salud de un derecho humano esencial”, sintetizó Basterra.

Resaltó, en ese sentido, que “tener un instrumento que pueda garantizar la provisión de alimentos de manera sostenida en cantidad y calidad, de acuerdo con la libre elección de sus ciudadanos, es un derecho que vamos a acompañar en cada una de nuestras decisiones”.  

Ejemplicó con el caso del trigo, del que se produjeron en este ciclo 19,5 millones de toneladas y se destinan 7 millones al mercado interno: “A partir de un acuerdo consensuado con las empresas molineras y exportadoras se ha autoregulado la exportación, para garantizar la harina que se demanda para consumo interno, de aquí al enlace con la nueva cosecha, y los envíos al principal mercado, que es Brasil”.

Basterra consideró que la estrategia busca garantizar la soberanía alimentaria que no es una idea abstracta, sino un concepto adoptado por casi 200 países en el marco de la FAO (Fondo de Naciones ” Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

El funcionario dijo que ese acuerdo se adoptó al haberse adelantado las ventas al exterior de trigo, en la previa a la asunción del nuevo gobierno que buscaron cubrirse de la suba de retenciones, que pasó de 4 pesos por dólar exportado a 12%. “Nada le impide a las empresas seguir registrando exportaciones, con lo cual entraría en tensión el mercado interno y no estaría garantizada la provisión de harina”, sostuvo.

Y completó: “Ahí es donde una empresa de esta naturaleza (Vicentin) puede ser parte de una estrategia de garantizar la soberanía alimentaria; es decir, que en la mesa de todos los argentinos no falte el pan a partir de un aprovisionamiento equilibrado al mercado interno”.

Más rechazo sectorial

Mientras tanto, las entidades de las cadenas productivas de cereales, oleaginosas y frutas expresaron su "preocupación" ante una nueva intervención del Estado en el sector, a través de la estatización de empresas". "Los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medida elegida. Los datos productivos de nuestro país hablan por sí solos.

La Argentina tiene cadenas agroindustriales eficientes y que funcionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a las exigencias de los consumidores", señalaron 10 entidades de las cadenas productivas como la de soja, girasol, el trigo, el maiz y el sorgo, el arroz y los berrys.

Continuaron que esas cadenas proveen "alimentos de calidad a nuestra población y generan importantes saldos exportables" y remarcaron: "Con instituciones fuertes y una producción que ha pasado en menos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas, somos uno de los sectores económicos más dinámicos y eficientes del país. Eso se ha logrado gracias a un proceso de inversiones privadas, aun soportando una presión fiscal creciente y en algunos casos, con excesivos controles de distintos estamentos del Estado".

"La intervención Estatal tomando además el rol empresario genera incertidumbre y preocupación pues además de innecesario, implica el riesgo de distorsionarlos precios de equilibrio. Las empresas públicas tienen prioridades diferentes a las empresas privadas, no están sujetas a la necesidad de renta", sostuvieron para recordar que "la mala experiencia de la Junta Nacional de Granos es una dolorosa prueba de eso".

Tras recordar que "en el mundo los Estados han dejado de intervenir en el comercio de granos dado que es de alto riesgo comercial y financiero", y consideraron que "en medio de una crisis económica nacional muy grave, el Estado debería utilizar sus escasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicas fomentando las inversiones privadas en este sector, en beneficio del crecimiento de nuestras cadenas lo que sin dudas tendrá un enorme y positivo impacto en toda la economía del país".

Por su parte, seis de las bolsas de Comercio y de Cereales del país manifestaron que  "se encuentran a la espera de mayores precisiones sobre los términos y alcances del anunciado proyecto de ley de expropiación, que sería enviado al Congreso nacional".

"Abogamos por la utilización de las herramientas jurídicas para encontrar una salida a la situación de default de la empresa, manteniendo incólume el estado de derecho y  respetando los usos y costumbres del mercado de granos", señalaron en un comunicado conjunto. Las Bolsas de Rosario, Santa Fe; Chaco, Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos enfatizaron que "en momentos de tanta incertidumbre, resulta importante remarcar que la cadena agroindustrial argentina se ha caracterizado desde siempre por su gran eficiencia y capacidad para producir alimentos de calidad y a gran escala".

 "Estamos convencidos de que se deben procurar mecanismos para consolidarla confianza y la previsibilidad para la economía en general y para ese sector en particular, vital para el desarrollo de nuestro país, de modo que pueda alcanzar su máximo potencial en beneficio de todos los argentinos", completaron.

Por su parte, dirigentes históricos de la Sociedad Rural, muchos de ellos con fuerte exposición en el conflicto por las retenciones móviles de 2008 con Luciano Miguens y Hugo Biolcatti a la cabeza expresaron su rechazo a la intervención y proyecto para expropiar Vicentín.

"Resulta repudiable la actitud de las autoridades del Poder Ejecutivo de intervenir un grupo empresario, que se encontraba bajo la protección de la Justicia y ejercitando un derecho reconocido por la legislación de nuestro país", enfatizaron los dirigentes, que conforman el grupo de Comité “Unidad y Accion”, un movimiento interno de SRA, en los que están Miguens, Biolcatti, Enrique Crotto, entre otros dirigentes.

Reforzaron que "la ley de expropiación que se anuncia no podrá nunca ser debidamente fundada en este caso, ya que la utilidad pública necesaria para su dictado, no existe".

"El mercado argentino de granos y la industria transformadora cuentan con suficientes actores para atender nuestra producción en el momento y las plantas de Vicentin en unas u otras manos, se reincorporarán rápidamente. Por otra parte, el Estado argentino, afectado por un endeudamiento que ha confesado no poder pagar y que se encuentra sufriendo las vicisitudes de la pandemia, no debe afrontar el gasto de asumir una deuda de u$s 1300 millones, ni los que implica ponerla en movimiento y pagar sus activos", alertaron.

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