La situación ya era precaria pero con la irrupción de la pandemia? de coronavirus el estrangulamiento financiero las dejó al límite. Con la recaudación nacional en picada, las provincias se quedaron sin recursos.

Sólo entre abril y mayo, perdieron $ 90.000 millones en coparticipación (un derrumbe de casi 23 %). Y para algunas, significa más del 90% del total de sus ingresos.

Pero la ayuda -bajo la forma de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) previstos por $ 60.000 millones- no trajo hasta el momento más que un alivio relativo.

Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) elaborados en exclusiva para Clarín, se desembolsaron $ 38.033 millones, el 42 % del monto requerido para compensar la pérdida sufrida. Para cubrir por completo ese "bache" se necesitarían $ 52.190 millones.

En el caso de algunas provincias, por supuesto, estos aportes fueron mucho más exiguos. La Ciudad de Buenos Aires fue la que menos recibió: $ 440 millones, que compensaron el 9% de lo perdido.

Provincias como Santa Fe y Córdoba pudieron cubrir el 39% y el 40% de lo que dejaron de percibir. Entre las que más se beneficiaron están Chubut ($ 858 millones), Santa Cruz ($ 804 millones) y Tucumán ($ 406 millones), que recuperaron 65 %, 62 % y 57 % de los fondos que no les llegaron de la coparticipación, respectivamente.

Detrás de este intento por morigerar la asfixia de las provincias, está el colapso de la recaudación nacional, explica Nadín Argañaraz, director del IARAF. En mayo cayó 22% en términos reales.

Pero el peso de la coparticipación en los ingresos tributarios, explica, varía mucho. Si bien el promedio es 61%, hay distritos como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca para los que supone el 90% o más. Chaco, Jujuy y Corrientes no están tan lejos, con el 87 %.

La Ciudad de Buenos Aires es la que menos depende de la coparticipación con 27 %, mientras que para la Provincia de Buenos Aires representa el 50 % de lo que entra a su caja.

Para atenuar los efectos de esta menor coparticipación -y la propia caída de los recursos propios- el Gobierno puso en marcha el Programa de Emergencia Financiera Provincial, que además de estos aportes, involucra otros $ 60.000 millones como asistencia financiera (créditos a  en 36 cuotas, con actualización CER, a devolver a partir de enero).

Desde el instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, advierten que los recursos propios de las provincias se redujeron en un tercio. Y si se consideran también los transferidos por la Nación, resultan un 36% más bajos que en abril de 2018, en valores constantes.

Y hacen el siguiente ejercicio, parte de un informe que anticiparon a Clarín: cuál sería la necesidad de financiamiento extra de las provincias después de recibir la ayuda nacional y de pagar los servicios de deudas.

La conclusión es que aún si se volcara en junio el saldo total del programa, existiría una necesidad extra de financiamiento de hasta $ 18.000 millones (en un escenario en el que el ajuste del gasto no supera al de los primeros meses del año).

No todas terminarían en rojo. Pero algunas se quedarían muy cortas. La más comprometida sería la Provincia de Buenos Aires ($ 28.000 millones). También tendrían dificultades Santa Fe y Entre Ríos, con un faltante de poco más de $ 2.000 millones cada una, y la Ciudad de Buenos Aires, con $ 1.300 millones.

En cambio, si durante junio se distribuye la mitad del saldo del fondo de asistencia, la necesidad extra de fondeo llegaría a $ 63.000 millones. "Está claro que algunas provincias tendrían problemas para cumplir con sus servicios de deuda y/o pagar el medio aguinaldo", apunta Ieral.

Ya son varias, de hecho, las que están embarcadas en canjes que le den algo de oxígeno financiero y se descuenta que pronto se sumarán otras.