Poco se conoce a ciencia cierta cuáles serán los efectos que de manera directa afectarán la economía de bolsillo y la psiquis de los argentinos, luego de la prolongada cuarentena. ¿Qué capacidad tiene la clase empresarial para readecuarse o reinventarse a futuro , dado que nada será igual? ¿Qué subtítulos abarca dicha transformación? ¿Menos personal? ¿Más contacto con la nueva realidad de costos, salarios, y primordialmente la logística para la distribución de productos? ¿Cómo adaptarse a la nueva realidad, teniendo en cuenta las leyes laborales preexistentes en Argentina, las cuales sí o sí deberemos reformular? ¿Están los funcionarios en aptitud y actitud de plantear éstos y otros interrogantes y dispuestos a cumplir su verdadero rol de mediadores o negociadores en estas cuestiones? Todo indicaría que, a la luz de los acontecimientos, no existe una idea de qué hacer a futuro en lo inmediato, y mucho menos a mediano o largo plazo.

Problemas cada día más acuciantes, por la urgencia de sus definiciones, dejan en claro que con mediocridad rayana en incapacidad para el ejercicio y responsabilidades de los cargos de nivel superior, éstas y otras materias de la vida pública mundana Argentina no podrá abordarse con probidad y solvencia. La realidad actual demanda decisiones con precisión casi robótica. Trabajo de equipo no solo en definiciones sino en acciones. Y eso es en lo que en Argentina generalmente falla. No hay concepción de trabajo en equipo.

Son solo declamaciones de oportunismo político. Desde la definición del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”, hasta la última tragicómica del “gabinete de científicos”, los hombres de gobierno están generalmente ajenos a la realidad de su gente. No pueden ni tan siquiera organizar un retén sanitario en las autopistas de Buenos Aires. No pueden administrar una sola empresa en que el Estado tenga participación, mostrando como éxito algún resultado. Lo único exitoso que funciona en nuestro país es el SAME, de acuerdo a lo que pudimos observar y conocer en los últimos meses. Hemos escuchado que YPF presenta como un éxito, por el cual habría que felicitar a su conducción, el pago de una ON en un diez por ciento (10%) de su valor, que vence en el mes de marzo del 2021. ¿Pero cómo se abona el restante 90% de la obligación a vencer? No con dinero en efectivo sino con otro bono o papel, refinanciando unilateralmente la deuda a siete u ocho años de plazo. Y lo presentan como un hallazgo en la negociación con los acreedores y en la “muñeca” de su presidente para negociar pasivos. En cualquier lugar del mundo eso es un default natural y unilateral, y lejos de ser un orgullo nacional es un papelón mayúsculo que atenta contra la credibilidad de la empresa y del país. ¿Es el Estado consciente de la problemática del sector privado que sigue y pretende seguir apostando al país? Creo que en algunos casos, no.

En Entre Ríos, por ejemplo, el gobernador Bordet no tuvo mejor idea que exigir un nuevo impuesto a la riqueza (hay que ver que significa este término para él y sus colaboradores), en lugar de ver cómo y de qué manera puede colaborar desde el Estado, para facilitar la puesta en marcha nuevamente la maquinaria productiva de la Provincia. En Mendoza, provincia de signo radical opuesto al gobierno nacional, Rentas de la Provincia, acaba de solicitar la quiebra de una empresa que en su momento fue fuente de trabajo de 800 mendocinos y que viene de superar un proceso concursal.

La firma es Metal 1, que trabajó históricamente como contratista de YPF. En 2018, inversores compraron la empresa e invirtieron para poner en marcha esta empresa, con 160 trabajadores aproximadamente en esta primera etapa. Viene el descalabro económico de la pandemia, más la situación financiera de YPF de arrastre por el endeudamiento feroz y mala administración de gobiernos anteriores, y Metal 1 queda prácticamente en stand by hasta que la situación se normalice. ¿Qué hizo la provincia con esta empresa a través de la Dirección de  Rentas? Pedir la quiebra de Metal 1 en el mes de abril, obteniendo sentencia favorable en primera instancia, la cual se encuentra apelada -lógicamente-, solicitando un plan de pago con garantías suficientes de doce cuotas mensuales y consecutivas a partir de la firma de un acuerdo homologado judicialmente. Estos son solo dos ejemplos y vaya uno a saber cuántos otros existen en las demás jurisdicciones.

¿Dónde quedó la idea de constituir el Concejo Económico y Social? ¿Donde está el plan productivo del que tanto hablaron? Todos interrogantes que el Gobierno debe responder. Hasta ahora, fueron solo expresiones de deseos, sin consistencia alguna, y con acciones por demás improvisadas de funcionarios que no funcionan. Son solo fotos amarillas de una política que no va más en Argentina. Pongan de pie al país. Paguemos deuda externa con exportaciones. Eduquemos a nuestra juventud. Reformulen administrativamente la exacción injustificada de fondos de las provincias e entendencias afines al partido gobernante. Señores políticos, gobernantes, jueces, y legisladores: la Argentina no aguanta más. Basta ya.

Roberto Eiben. Abogado/Consultor de empresas