El diputado es autor de la norma que disminuye de doce integrantes ad honorem que componían el comité a cuatro, pero rentados. Mendoza supera por lejos a todas las demás provincias argentinas en el porcentaje de detenidos desde 2015 a la fecha “tomando en cuenta la media nacional, que la acerca a los índices de Brasil”, según los abogados que presentaron el escrito.

La degradación de las políticas públicas sobre Derechos Humanos en Mendoza llegó a la CIDH en forma de denuncia. A la provincia se le imputa la reducción a una dotación mínima y afín al poder ejecutivo local del Comité de Prevención de la Tortura que dispuso el ex gobernador Alfredo Cornejo. Lo hizo mediante un proyecto de ley que ahora está por aprobar la legislatura provincial. El presidente del comité nacional de la UCR lo firmó pocos dias antes de alejarse del ejecutivo: el 3 de diciembre de 2019. Por su decisión, el Gobierno argentino tuvo que comparecer este jueves en una audiencia ante la Comisión de la OEA. La historia del político radical y actual diputado es prolífica en avances contra las garantías constitucionales y el menosprecio a los derechos humanos. Durante su mandato entre 2015-2019 degradó la Subsecretaría del área a dirección y las prisiones mendocinas aumentaron la cantidad de detenidos un 70 por ciento, la mayoría sin condena firme. Un índice insuperable en el resto del país, según el grupo de abogados denunciante.

Cornejo es el autor de la norma que disminuye de doce integrantes ad honorem que componían el Comité de Prevención de la Tortura a cuatro, pero rentados. En su proyecto propone que el poder ejecutivo ocupado por su sucesor, el radical Rodolfo Suárez, designe a quien lo encabezará: un procurador de las personas privadas de libertad. Suprime de ese modo la disposición que establecía su elección mediante un concurso de antecedentes. Los restantes tres miembros de esta comisión independiente del Estado reemplazarían a los doce no remunerados que mantenían las organizaciones de la sociedad civil. A una de ellas, la Asociación para la Promoción y Protección de los DDHH local, Xumek, pertenece el abogado Pablo Salinas, quien junto a tres colegas más llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Se está produciendo un avasallamiento institucional en Mendoza porque se elimina un mecanismo de control que le hace bien a la democracia y que además permite proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. En Derechos Humanos el interpelado siempre debe ser el Estado y en este caso, el proyecto de Cornejo afecta los mecanismos de contrapeso y de control para debilitar a la provincia y hacerla caer muy bajo en su calidad institucional”, le dijo el letrado a PáginaI12.

En el escrito de 35 carillas que fue presentado ante la CIDH se solicita “que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirija en forma directa a las autoridades legislativas de la Provincia de Mendoza a los efectos de que se abstengan de dar sanción legislativa al proyecto de ley que modifica el Comité Provincial de Prevención de la Tortura por resultar incompatible con el derecho internacional y un incumplimiento del acuerdo de solución amistosa”. Esta última línea del petitorio se refiere a un documento donde el Estado provincial aceptaba su responsabilidad internacional en política penitenciaria que la CIDH ratificó el 12 de octubre de 2007.

Salinas Moyano junto a los abogados Diego Lavado, Carlos Varela Alvarez y Alfredo Guevara Escayola sostienen en su denuncia que Mendoza supera por lejos a todas las demás provincias argentinas en el porcentaje de detenidos desde 2015 a la fecha “tomando en cuenta la media nacional, que la acerca a los índices de Brasil”. Advirtieron en su escrito enviado a la CIDH que hubo “un incremento irracional de personas privadas de su libertad, que crecieron en un 70 por ciento en ese período”. El propósito del Comité para la Prevención de la Tortura es lidiar con temas como ése desde su constitución el 4 de abril de 2014. El organismo ha denunciado tratos crueles y degradantes en las cárceles provinciales como las de Boulogne Sur Mer y San Felipe del barrio Intersección, situado en la capital.

La primera fue construida en 1904. No tiene las condiciones habitables mínimas que se agravaron por la pandemia. En abril fue escenario de una protesta de presos. Tomaron los techos, algunos se cosieron la boca y finalmente consiguieron hacerse escuchar. Pero la situación que empeoró en la gobernación de Cornejo y se mantiene durante la gestión de Suárez, llegó de todos modos a la CIDH.

En su denuncia los abogados solicitaron que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con el Estado Nacional, el Estado Provincial y los peticionarios conformen un grupo de trabajo a fin de analizar medidas urgentes para preservar la salud de las personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria covid-19”. Además pidieron estudiar “medidas urgentes a fin de garantizar el derecho al trabajo y educación de las personas privadas de libertad” y “fijar plazo y cronograma de cumplimiento de cada una de las obligaciones internacionales asumidas en el acuerdo de solución amistosa”.

La defensa del organismo provincial del que Cornejo hizo una caricatura con su proyecto de ley, la tomó en sus manos el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Juan Manuel Irrázabal, quien le envió una nota a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la bicameral mendocina en diciembre de 2019. Creado por la ley 26.827, la principal tarea del CNPT es el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad en cumplimiento con un protocolo de Naciones Unidas. En el país hay siete provincias que tienen su propio Comité: además de Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Misiones, Chaco y Chubut.

La ley provincial 8284 que creó el Comité mendocino y modificará la Legislatura local en los próximos días a instancias del proyecto que envió Cornejo, “generará impunidad y crueldad en cárceles, comisarias, en hogares de niños y niñas, geriátricos y hospitales de Salud Mental” según los abogados que acudieron a la CIDH.