El sector agroindustrial desarrolló un plan que contempla beneficios impositivos sobre nuevas inversiones, reducción paulatina de retenciones y facilidades financieras. En los próximos días le presentarán el proyecto al presidente Alberto Fernández. Las metas son atractivas: dar fuerte impulso a la producción en el sector con mayor potencialidad exportadora que permita generar empleo, frenar la migración de campo hacia los bolsones de pobreza de las grandes ciudades y ofrecer una mejora a la restricción de divisas, el gran problema de la economía argentina. Los contrapuntos aparecen en relación al camino para lograr esas metas, en especial teniendo en cuenta la severa restricción presupuestaria que enfrenta un gobierno con otras urgencias.

“Tenemos una visión pragmática. Si caemos en el  'deber ser', lo más probable es que esto no salga. Pero también pedimos a los políticos que tengan apertura de mirar hacia adelante, esto quiere decir que si el Excel de hoy no da, que se tomen decisiones mirando el largo plazo, la sostenibilidad de la economía argentina. Queremos debatir con los distintos sectores y llevarle una propuesta al Presidente para que el Ejecutivo presente este proyecto de ley ante el Congreso”, indicó a este diario Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, entidad que agrupa a las cerealeras.

El llamado Consejo Agropecuario Argentino (CAA) tiene amplia representación sectorial. Involucra a la propia CIARA junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

El gran ausente es la Sociedad Rural, quien “decidió retirarse porque decía que no podía ir tan rápido y porque no se sentían cómodos con la construcción que se podía hacer. Ellos están más cómodos en el G-6 y la Mesa de Enlace”, señaló Idígoras.

La nota política saliente que dio el CAA fue la reciente reunión con la vicepresidenta, Cristina Fernández. “Fue muy positiva, ella había estudiado nuestro plan y fuimos a los temas particulares. Hizo hincapié en la necesidad de modificar la tendencia migratoria en nuestro país, para lo cual se necesita generar fuentes de empleo en todo el país para sacar presión sobre las grandes ciudades", dijo Idígoras.

También se reunieron con los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y La Pampa y están coordinando con Tucumán, Salta y Mendoza. En los próximos días dialogarán con Roberto Lavagna (Consenso Federal) y Mario Negri (Juntos por el Cambio).

El plan del agro

"El CAA tiene como objetivo la aprobación de un proyecto de ley de Reactivación Agroindustrial, Federal, Inclusiva y Exportadora. Nuestras propuestas pueden generar rápidos beneficios en materia de empleo, producción y de exportación. Es un plan a diez años que se sustenta en las capacidades nacionales y la certeza de que la demanda internacional de alimentos va a seguir creciendo", consideró Idígoras.

El primer pilar del proyecto es el otorgamiento de beneficios impositivos para nuevas inversiones. "Está destinado a aquel que quiera invertir en una planta frigorífica, un tambo, una planta de industrialización de aceite o de harina o en la ampliación de la superficie de producción. También para la producción primaria, como frutas, arroz, trigo o soja, para la inversión en fertilización, biomateriales, bioquímicos, semillas y maquinaria agrícola. La idea es que por la nueva inversión haya durante cinco años beneficios impositivos como amortizaciones aceleradas, devolución de IVA y rebaja de aranceles de importación. El régimen de beneficios estaría vigente durante diez años", explica Idígoras.

El segundo componente se basa en la generación de garantías públicas para facilitar el acceso del empresario del agro a líneas crediticias.

En tercer lugar está la "revisión de los derechos de exportación para economías regionales y productos procesados, para que la alícuota sea lo más baja posible, cero si se pudiera", dice Idígoras, y aclara que en el caso de los productos primarios como trigo, maíz y soja, pedirán un "cronograma de desgravación". Este punto posiblemente es uno de los más conflictivos, teniendo en cuenta el grado de urgencias presupuestarias en otras aéreas y la importancia fiscal de las retenciones.

El plan también contempla el aumento de la devolución de impuestos internos sobre las exportaciones. "En general, en el mundo se devuelven 6 o 7 puntos de impuestos y acá se devuelve sólo el 1 por ciento. No es normal y nos resta competitividad", compara Idígoras. El CAA también busca fortalecer las negociaciones internacionales que lleva adelante Cancillería y potenciar el Senasa, Agencia de Promoción de Inversiones, Instituto de Vitivinicultura, entre otros.