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Lunes 17 de agosto de 2020
La ofensiva judicial del Gobierno puede repetir el revés de 2013 (fallo contra Entre Ríos)
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La estrategia judicial del Gobierno abarca varias fases. La reforma, revisión de los traslados de diez jueces, modificación y ampliación de la Corte Suprema y el reemplazo del Procurador interino Eduardo Casal. Pero hay un denominador común: cierta incongruencia. Es decir, falta de una lógica política primero, y jurídica después, que posibilite que esa estrategia termine siendo exitosa.

Teniendo en cuenta que la vicepresidenta de Alberto Fernández es Cristina Kirchner, hay un antecedente que el oficialismo debería tener en cuenta para evitar un tropiezo.En abril del 2013, con amplia mayoría en el Congreso, el kirchnerismo convirtió en ley la reforma judicial denominada “Democratización de la Justicia”, lanzada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Varias de las normas fueron cuestionadas por la oposición y declaradas inconstitucionales por la Corte dos meses después, lo que provocó la caída de la reforma y una derrota política. ¿Puede volver a repetirse la historia?

Salvando las distancias, hay similitudes como la falta de consenso con la oposición. Los consensos o las políticas de Estado no son un proyecto que elabora una fuerza política y luego la debate en el Congreso con la oposición. Una política de Estado implica un acuerdo embrionario, porque sólo se entiende a partir de un amplio consenso. Y eso se logra antes, en el proceso de elaboración de la reforma. No después. Tampoco se consigue nombrando un comité de asesores con mayoría de oficialistas.

Sin acuerdo con Juntos por el Cambio, es probable que el proyecto de reforma judicial sea ley, como en el 2013, pero a un alto costo político para el Gobierno. En una entrevista con Clarín, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, calificaba de poco “auspicioso” que un sector opositor y de la sociedad rechazaran la reforma judicial antes de conocerla y hasta realizara un cacerolazo. Lo que no se tiene en cuenta es que existe una sospecha en parte de la sociedad de que la vice persigue impunidad en las causas en las que está procesada por presunta corrupción. Y las designaciones que Cristina hizo de dirigentes de su máxima confianza en lugares clave relacionados con la Justicia, lo alimentan esas sospechas.

En el ámbito tribunalicio observan inconsistencias en la reforma. Primero, en el traspaso de todas las competencias penales a la Ciudad, jueces, funcionarios judiciales y empleados del fuero nacional en lo Criminal y Correccional. Si bien en principio el traspaso será de quienes presten su conformidad, eso no garantiza el funcionamiento de los juzgados. Por lo que cualquier decisión unilateral de transferencia, activará juicios de quienes consideren sus derechos vulnerados. Se estima que al menos unos 300 juicios podrían presentarse de jueces o empleados.

También traería problemas la unificación de los fueros Nacional en lo Civil y Comercial Federal y Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ambos de la Ciudad. “El Ejecutivo carga contra jueces cuestionando su traslado porque, dice, se hizo entre juzgados de distintas competencias. Pero se contradice planteando una fusión entre dos fueros distintos, sin la misma competencia”, argumenta un juez. Otra vez, podría ser motivo de derechos adquiridos vulnerados.

Otro punto polémico es la creación de más juzgados y la desproporción entre la Ciudad y la provincia. Habrá 46 juzgados federales en la Ciudad, con 3 millones de habitantes. Y sólo 30 juzgados federales en territorio bonaerense, con 15 millones.

Otro flanco débil sería la propuesta de la reforma de designar jueces subrogantes para que se hagan cargo transitoriamente de los nuevos juzgados federales. No es una práctica habitual que se hagan cargo de un nuevo juzgado, jueces que no concursaron para desempeñarse en ese juzgado. Un abogado pone un ejemplo. “Si yo defiendo a un narco o a un contrabandista y un juez subrogante procesa a mi defendido, lo primero que hago es no reconocerlo como magistrado de ese juzgado y espero tranquilo hasta que se pronuncie la Corte, gano tiempo y por ahí tengo suerte de que algún tribunal falle antes a mi favor”.

Desde la oposición dicen que lo único que podría hacer el Ejecutivo para que la justicia funcione mejor “no lo hace”. Hay 153 pliegos cajoneados en el Ministerio de Justicia, que si se suman al resto de las vacantes, llegan a los 250 cargos sin ocupar.

Los traslados cuestionados por el oficialismo parecen ir derecho a un conflicto de poderes. Por un lado avanza con el tratamiento de los pliegos en la comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría cristinista, y podría decidir que algunos jueces dejen su cargo actual y vuelvan a un tribunal anterior. Pero hay tres magistrados, que han dictado resoluciones que complican a Cristina, por ejemplo en la causa de los cuadernos de las coimas -Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli-, que presentaron recursos ante la Justicia.

“Nosotros vamos a llegar a la Corte”, afirman cerca de uno de ellos. Sería lógico que terminara en la Corte, cuyo antecedente es una acordada en la que autorizó al Poder Ejecutivo durante el macrismo y al Consejo de la Magistratura a concretar los traslados de Bruglia y Bertuzzi, sin trámite del Senado.

Los miembros de la Corte no hablarán de la reforma ni de los traslados, porque estiman que todo se va a judicializar y podrían caer en la trampa de emitir opinión acerca de una causa que después deban resolver.

Aunque el cuarto piso del Palacio de Tribunales está hablando, y bastante, a través de sus fallos. En pocos días, rechazó recursos presentados por el ex secretario José López; su esposa; Roberto Baratta; el ex ministro Julio de Vido; de Ricardo Echegaray contra Elisa Carrió; de Axel Kicillof obligándolo a devolver $2800 millones a los usuarios por un aumento en el agua; hizo lugar a un amparo por la quema de pastizales contra la Nación y las provincias de Buenos Aires -otra vez Kicillof-, Santa Fe y Entre Ríos; y ratificó condena a Luis D’Elia.

También hay alguna semejanza en el Tribunal con la época de la reforma de Cristina Kirchner. Presidía y representaba a la Corte Ricardo Lorenzetti, y la posición era homogénea. Hoy es presidida por Carlos Rosenkrantz, cada ministro tiene su posición, pero la mayoría está abroquelada ante la ofensiva del Gobierno. “No insistan con el tema de las divisiones porque eso no sucede, está funcionando como un colegiado”, explican en el cuarto piso de Talcahuano 550. Y ponen como ejemplo la invitación que uno por uno, salvo Highton de Nolasco, fueron rechazando para asistir al anunció de la reforma judicial que hiciera Alberto Fernández en la Casa Rosada. Ni siquiera quisieron estar vía zoom.

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