El cierre del crédito y el impacto de la pandemia volvió impagable sus pasivos. Casi la totalidad de las jurisdicciones que emitieron deuda entre 2016 y 2018 deben encarar ahora procesos de reestructuración.

En línea con lo que sucedió a nivel nacional, a partir de 2016, muchas provincias aprovecharon los bajos niveles de endeudamiento recibidos y emitieron un volumen muy significativo de deuda, mayoritariamente en dólares y bajo legislación extranjera. Según información oficial, el stock de deuda externa provincial alcanza los 12.523 millones de dólares, equivalente al 87 por ciento del stock total de deuda provincial.

Desatada la crisis, el financiamiento externo se interrumpió y la devaluación produjo un enorme deterioro en la relación pagos financieros versus ingresos fiscales. Esto llevo a que casi la totalidad de las provincias que emitieron deuda externa entre 2016 y 2018 deban encarar una reestructuración.

El anuncio de acuerdo entre el gobierno nacional y los acreedores externos allanará el camino para las negociaciones de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, no todas las provincias aprovecharan este nuevo contexto de igual manera. Son 11 las provincias que iniciaron diálogos o presentaron leyes para avanzar en el canje de su deuda y solo 6 de ellas buscarán llevar adelante una reestructuración con quita.

En términos generales, las provincias que reestructurarán deuda pueden dividirse en tres grupos dependiendo de la estrategia de reestructuración que adoptarán. En primer lugar, aquellas que buscarán una reestructuración que disminuya el peso de la deuda total con quitas de capital e intereses como son los casos de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Neuquén. Por otro lado, aquellas que buscarán una refinanciación del capital, con extensión de plazos pero sin quitas, como Córdoba y Chubut. Por último, que iniciaron procesos de reestructuración pero no oficializaron las propuestas, como Río Negro, Tierra del Fuego y La Rioja.

En el primer grupo, está Buenos Aires, que se encuentra más complicada ya que debe enfrentar pagos de capital por un total de 10.245 millones de dólares concentrados en los próximos 4 años. La provincia busca una disminución importante de intereses, quita de capital y la extensión de vida de los bonos en 13 años.

Mendoza se encuentra reestructurando 590 millones de dólares. La oferta realizada por el gobierno provincial busca una disminución de intereses y extensión de los plazos.

Salta también intentará una reestructuración con énfasis en alargar plazos y disminuir intereses. El monto elegible es de 388 millones de dólares, prácticamente el total de deuda salteña emitida en el periodo anterior.

Jujuy, por su parte, aprobó una ley para iniciar la reestructuración de sus pasivos permitiendo un alargamiento de los plazos y la reducción de intereses. Se trata del “Bono Verde” emitido en 2017 por 210 millones de dólares.

Neuquén, una provincia muy afectada por la caída de los ingresos petroleros, tiene una reestructuración abierta hasta el 28 de agosto. No plantea quita de capital pero sí de intereses y un alargamiento de los plazos para los casi 1.000 millones de dólares que necesita reestructurar.

Entre Ríos prevé renegociar 500 millones de dólares de un bono emitido en 2017. La provincia busca ampliar los plazos llevando la vida promedio de la deuda de 5 a 10 años y una disminución de intereses.

En el segundo grupo se encuentran aquellas que no propician quitas, sino refinanciación con alargamiento de plazos.

Córdoba busca alargar los vencimientos sin reducciones de intereses ni capital, al refinanciar 1.700 millones de dólares, incluyendo tres bonos que concentran vencimientos entre 2021 y 2027 – que contienen el abultado vencimiento de 725 millones en 2021-.

Chubut buscará reestructurar 700 millones de dólares, obteniendo un periodo de gracia, sin quita y extendiendo los pagos de capital desde 2023 hasta 2038.

Por último, Rio Negro y Tierra del Fuego buscaran reestructurar sus pasivos -por 300 y 200 millones de dólares respectivamente- con plazos más favorables.

*Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Fuerte ayuda a las provincias

Por Hernán Letcher y Luciano Foggia **

La pandemia de coronavirus ha generado una profunda crisis económica a nivel mundial. Pero esto no solo se manifiesta en el nivel de actividad, sino que como consecuencia de ello, se produce una sensible caída de los ingresos fiscales tanto en el orden nacional como en los niveles subnacionales. Uno de los principales indicadores para poder estimar esta problemática es la evolución de las transferencias por coparticipación a las provincias.

La importancia de éstas sobre los ingresos provinciales es particularmente relevante ya que, en promedio, el 71,3 por ciento de los ingresos de las provincias provienen de la masa de dinero coparticipable. Solo algunas pocas provincias se encuentran por debajo de este porcentaje y para todas, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos ingresos representan más de un 40 por ciento de sus ingresos totales.

La masa coparticipable bruta se compone del 100 por ciento del Impuesto a las Ganancias, del 89 por ciento del IVA y del 100 por ciento de los Impuestos Internos coparticipables además de otros impuestos menores. Estos son impuestos ligados al grado de actividad económica y, por lo tanto, la caída de la misma afecta a los montos recaudados. A esto hay que agregar que, tomando en cuenta las transferencias por coparticipación que se realizaron en 2019, el 86 por ciento se nutrió del Impuesto a las Ganancias y el IVA.

Para evaluar esta situación, el CEPA realiza mensualmente un seguimiento de la evolución real de las transferencias por coparticipación a las provincias. Los datos son contundentes: la recesión generada por el coronavirus implicó una caída del promedio simple de dichas transferencias para el conjunto de las provincias del orden del 11,5 por ciento en marzo, 18,7 por ciento en abril, 26,1 por ciento en mayo, 12,3 por ciento en junio y 14,6 por ciento en julio. Esto provoca que las provincias se encuentren en una delicada situación teniendo en cuenta el marco económico y sanitario general generado por la pandemia ya que, por un lado, los ingresos disminuyen como consecuencia de la caída de la actividad económica, pero la coyuntura obliga a destinar recursos para sostener la economía y la salud.

Asimismo, el informe mencionado realiza una estimación acerca de la evolución real de los dos impuestos que más aportan a la conformación de la masa de dinero coparticipable: IVA e Impuesto a las Ganancias. El IVA presenta una caída en julio del orden del 24,6 por ciento, por encima de la disminución de los meses de marzo (13,5) y abril (16,9 por ciento) y cercano al guarismo del mes de junio (18,5 por ciento). Resulta relevante realizar el seguimiento de la evolución del IVA ya que el mismo funciona como una suerte de termómetro del consumo de dicho mes. Por otra parte, el Impuesto a las Ganancias en julio sufrió una caída en torno al 24,5 por ciento, muy cercano a las diminuciones de abril (27,4 por ciento) y mayo (24,9 por ciento).

Frente a este escenario el gobierno nacional dispuso una serie de medidas tendientes a aminorar el efecto de la recesión en los recursos provinciales. A través del decreto 352/20 redestinó recursos para mejorar los aportes del tesoro a las jurisdicciones provinciales, con una erogación de 60.000 millones de pesos, y para fortalecer el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, lo que significó otros 60.000 millones de pesos. Asimismo, se verifica un incremento en la Partida Relaciones con Provincias y Desarrollo Regional y Asistencia a Gobiernos Subnacionales, del Ministerio del Interior, que se incrementa de 5.526 millones a 74.821 millones de pesos.

Entre las tres modificaciones presupuestarias el incremento ascendió a 179.295 millones de pesos adicionales y representa el 26 por ciento del total de la ampliación de las partidas presupuestarias. El promedio de la asistencia financiera (incluyendo cajas previsionales y convenios específicos) en relación a recursos de coparticipación asciende al 18 por ciento del total de las transferencias del primer semestre de 2020.

Pero además, las medidas para resguardar el empleo y el ingreso de sectores vulnerables han tenido un importante impacto en el sostenimiento de buena parte de la recaudación provincial. Los montos totales de las asistencias y créditos otorgados para sostener el empleo y el trabajo ascienden a 410.276 millones de pesos. En definitiva, una fuerte decisión política del gobierno nacional permitió que las provincias sortearan su crítica situación fiscal.

**Centro de Economía Política Argentina (CEPA)