El dictamen del proyecto de ley sobre la reforma judicial impulsado por el oficialismo ingresó este jueves 20 de agosto a Mesa de Entradas del Senado y está listo para ser debatido el próximo jueves en el recinto de la Cámara alta.

El texto introduce 8 principales modificaciones al proyecto original, entre los que hay una polémica cláusula impulsada por Oscar Parrilli. La iniciativa obtuvo las 19 firmas necesarias de los integrantes del Frente de Todos que forman parte de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que debatieron la iniciativa tras escuchar a 50 especialistas en cinco audiencias de debate.

Por su lado, el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se negaron a acompañar el proyecto y votarán en contra. El dictamen se difundió esta noche con las firmas de los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, la santafecina María de los Ángeles Sacnun; y de Justicia y Asuntos Penales, el neuquino Oscar Parrilli.

Además, acompañaron el dictamen la mendocina Anabel Fernández Sagasti; los santiagueños Claudia Ledesma Adbala, Gerardo Montenegro y José Neder; los correntinos Carlos Espínola y Ana Almirón; los chubutenses Nancy González y Juan País, el salteño Sergio Leavy, el pampeano Daniel Lovera, el catamarqueño Dalmacio Mera, la neuquina Silvia Sapag, el jujeño Guillermo Snopek; el porteño Mariano Recalde, el entrerriano Edgardo Kueider y el chaqueño Antonio Rodas.

El dictamen ingresó a Mesa de Entradas del Senado minutos después de las 21, luego de que los senadores de Juntos por el Cambio reclamaron tener acceso al documento que terminó de ser discutido ayer en un plenario en el que la oposición anunció que iba a rechazar la medida, consignó la agencia Télam.

El proyecto introduce 8 principales cambios en relación al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo:

Modificaciones en torno al sorteo de la causas: se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Así se evitará que "siempre" sean para los mismos jueces.  

Regla democrática de selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas y se garantiza la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.  

Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.  

Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

Proceso acusatorio: La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.  

Se crean nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.  

Régimen Penal Juvenil: Se avanzará con un proyecto de ley para no discriminar y dotar a la Justicia Federal del interior del país como a CABA de la especialidad que la Convención de los Derechos del Niño exige para los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.  

En el artículo 72, inciso E, hay una polémica cláusula introducida por Oscar Parrilli que apunta a cualquier intento de influencia político, económico y hasta mediático: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.