La AFIP y la Policía Federal realizaron un allanamiento en un estudio contable de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, relacionado a una causa que investiga una maniobra por la que se habrían descargado gastos impositivos por una suma superior a $16 millones en el CUIT de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La maniobra habría comenzado a realizarse en 2015 y continuó hasta 2019, según informó el sitio Análisis, y se trataría de alteraciones en los gastos menores de diferentes clientes del estudio contable, en compras que no superaban los $100 pesos.

"La causa surge de un informe que realizó AFIP en el sur de nuestro país, de ahí se dispara que había gastos importantes en Gualeguaychú que superarían los 16 millones de pesos y que habrían sido descargados en el CUIT de la expresidenta", detallaron fuentes a ese medio.

Se trataría de 4.129 transacciones menores que tuvieron continuidad durante 4 años (2015/2019) en el estudio de los contadores Diego Rébora y Manuel Rossi, este último, yerno del ex senador nacional Héctor Maya.

A principios de agosto detectaron el IP de la computadora que los llevó hasta el estudio contable ubicado en Gualeguaychú, hacia donde se dirigieron una delegación de la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Policía Federal para realizar el allanamiento, que duró alrededor de 5 horas y en el que se secuestró documentación y se extrajo información de las computadoras.

El delito que investiga la Justicia Federal es "Alteración dolosa de registros", tipificado en el artículo 11 del Régimen Penal Tributario, que establece que "será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare:

a) Los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado;

b) Los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados, autorizados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado".