Los obstáculos para acceder al aborto legal son significativos, políticos y múltiples: su criminalización, la falta de información pública sobre el alcance de las causales, las restricciones ilegales y los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud, la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizarlo en casos de violación. Sumado a este lastre histórico, la cuarentena. El aislamiento social preventivo obligó a permanecer en los hogares, limitando el desplazamiento y retrasando la detección de embarazos y las solicitudes de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), en especial para niñas y adolescentes. “Es hora de saldar una deuda. El costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina”, flamante investigación de Human Rights Watch (HRW), advierte sobre estas cuestiones, plantea una serie de recomendaciones y exhorta al Presidente Alberto Fernández a que envíe el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso nacional. Mientras tanto, garantizar el acceso al aborto seguro en los diferentes niveles de atención de la salud.

“Son medidas esenciales para proteger el derecho a la salud de las personas gestantes”, dijo esta semana en la videoconferencia-presentación del informe el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, quien aseguró que la iniciativa del Ejecutivo sería enviada al Congreso lo antes posible. “Hemos estado en contacto con el Gobierno al más alto nivel y nos manifestaron que el proyecto sigue siendo ´prioridad uno´ y que será enviado a fin de año o a principios del año próximo. Está demorado por la pandemia, pero no podemos dejar de lado una materia que es una deuda pendiente: el goce de los derechos fundamentales de las mujeres argentinas.”

La investigación elaborada por Sabrina Cartabia Groba, Paula Ini y Sonia Ariza, y coordinada por Tamara Taraciuk Broner, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires entre 2019 y 2020, se basa en las experiencias de mujeres y niñas, médicos y otras personas entrevistadas, que describieron los obstáculos al acceso a servicios de aborto, y analiza las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley en 2018. “Penalizar el aborto obliga a muchas personas gestantes que quieren acceder a un aborto a hacerlo por fuera del sistema de salud. Los abortos ocurren. Pero la clandestinidad afecta en mayor medida a mujeres pobres y de zonas rurales. El acceso a un aborto seguro depende de que se lo pueda pagar”, remarcó Taraciuk Broner.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 15 por ciento de los abortos inseguros del mundo se realizan a mujeres jóvenes y niñas menores de 19 años. Sin embargo, la Argentina no hace un seguimiento sistemático del número de abortos –legales o no— que se practican cada año. Tampoco existen datos sobre la cantidad de muertes que se producen por abortos clandestinos o inseguros. La investigación de HRW nos recuerda que la adopción del Protocolo Nacional no es obligatoria para las provincias. La ausencia de reglamentaciones claras y uniformes conforme al artículo 86, incluyendo los requisitos de servicios accesibles de aborto y post aborto, y la falta o implementación deficiente de las leyes, reglamentaciones y protocolos nacionales y locales, "ha llevado a un sistema en el cual el acceso al aborto legal no es uniforme y varía según la provincia o el municipio, así como según el centro de salud en el cual una persona gestante solicite atención", afirma.

Los últimos datos publicados por la cartera de Salud revelan que, entre 2011 y 2016, los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por abortos. Esto incluye al número total de mujeres hospitalizadas en el sistema público por una complicación relacionada con un aborto. Sólo en 2016, esa cifra llegó a 39.025 internaciones. Se trata de realidades paralelas, forzadas, informales y de altísimo riesgo. "Las restricciones al acceso al aborto no operan como un factor de disuasión para las mujeres jóvenes y niñas -concluye el informe-, sino más bien las fuerzan a acudir a centros clandestinos y a veces inseguros, lo que pone en riesgo su vida y su salud.”