El gobernador Axel Kicillof decidió este lunes extender por séptima vez el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por US$ 7.148 millones. Esta vez hasta el 9 de octubre. La negociación es clave para definir el futuro de los bonos de otras once provincias del país que buscan renegociar.

"La provincia de Buenos Aires informa que extiende el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 9 de octubre", indicó del ministerio de Hacienda y Finanzas, a través del sitio web.

El anuncio de prórroga se formaliza después de la tensión de la semana pasada por la protesta callejera de sectores de la Policía bonaerense. Esos planteos públicos determinaron compromisos salariales para el sector, con el blindaje financiero de $ 35.000 aportados por Nación. Para ello, el presidente Alberto Fernández trasladó poco más de un punto de coparticipación desde CABA a Buenos Aires. Una pelea que no está saldada todavía. El jefe de la Ciudad Autónoma, Horacio Rodriguez Larreta, concurrirá en queja a la Corte.

Mientras, este lunes, desde el área a cargo del ministro bonaerense Pablo López, se encargaron de mencionar que, "en este período, continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública".

Resuelto el problema de la deuda a nivel nacional, la centralidad de las finanzas ahora pasa por el futuro de las reestructuraciones que encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear más de US$ 11.000 millones con acreedores privados. El apremio es aún más gravoso por las limitaciones que transfiere la atención de la pandemia de COVID en la recaudación de las arcas provinciales. La caída de la actividad económica supera el 12%. No obstante, el acuerdo por la deuda nacional por US$ 66.300 millones, del 4 de agosto, abre expectativas.

En ese contexto favorable, los gobernadores procuran la obtención de mejores plazos y tasas.

Por la dilación en los plazos, el séptimo en la administración Kicillof, las posiciones aparecen distantes todavía.

El viernes había vencido la sexta prórroga en la negociación que Buenos Aires inició el 23 de abril. Entonces, la propuesta original era cambiar 23 bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por títulos con un período de gracia de tres años, recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

"Tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar", dijo en su momento Kicillof.

Buenos Aires definiría cuál es el piso de valores de oferta para el resto de los distritos.

Por ejemplo, el gobernador Rodolfo Suárez ya extendió plazo en agosto. y Arabela Carreras, en Río Negro, intenta reestructurar un título de US$ 300 millones.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti ya había iniciado el diálogo con los tenedores de tres títulos bajo legislación extranjera por un total de Us$ 1.700 millones.

Casi en simultáneo, el entrerriano Gustavo Bordet negocia acreencias por un título de US$ 500 millones. Además, Gerardo Morales (Jujuy) empezó otra por US$ 210 millones.

El listado completo de provincias en proceso de reestructuraciones tiene incorporado a Chaco, (US$ 250 millones), La Rioja (un bono de US$ 200 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones), Neuquén (US$ 900 millones), Salta (US$ 388 millones) y Chubut (US$ 700 millones).

El  viernes Mendoza también tenía vencimiento de la oferta. Según indicó el broker de Bolsa Balanz, la provincia cuyana parecía estar cerca de cerrar su trato, mientras los acreedores esperaban que Buenos Aires endulzara su oferta. La prórroga alteraría ambos esquemas.

El Ejecutivo bonaerense, en la actual negociación, acumula dos incumplimientos de bonos que están dentro del canje. No obstante, ninguno de sus acreedores solicitó que se la declare en default en plena negociación. El 14 de mayo había incumplió con el compromiso de pago de dos bonos por más de US$ 113 millones, y el 30 de julio, otro pago por US$ 27 millones.