La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto que actualiza artículos de la Ley de Violencia Laboral (N° 9.671) y garantiza derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero. A la iniciativa, autoría de la diputada provincial Emilse Pross, se le incorporaron modificaciones, por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados para ser convertida en ley.

El proyecto establece que al menos un 1% del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado deberá estar ocupado por "personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo".

Además, propone un principio de "no discriminación", donde "toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género".

En la iniciativa también se incluye la creación de un "Registro Único de Aspirantes" para "facilitar la incorporación laboral" de las personas trans y se fija un "régimen de Incentivo fiscal" para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.

"Destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales", afirmó la vicegobernadora de Entre Ríos y presidenta de la Cámara de Senadores provincial, Laura Stratta, luego de la 11º Sesión Ordinaria que se llevó a cabo este jueves de forma virtual.

La actualización de la Ley de Violencia Laboral, festejó, no solo incorpora el cupo laboral travesti-trans sino que también fija capacitaciones como herramientas para la prevención. "Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria", celebró Stratta.

La senadora por Diamante Claudia Gieco (PJ), por su parte, aseguró que el proyecto "se trabajó con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que las personas trans continúan con dificultades en los derechos a la salud y educación". Esos "obstáculos estructurales", señaló, complican su "acceso al trabajo formal".

Con esta iniciativa se "da respuesta a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa", consideró Gieco, quien destacó que la misma "va en consonancia" con las políticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.