El kirchnerismo trabaja para que Cristina controle las candidaturas en las elecciones del año que viene con el incremento de la influencia de La Cámpora en las decisiones del Estado. Una expectativa ambiciosa que depende de tres factores: no ser percibida como una supuesta lesión a la autoridad presidencial de Fernández, que el Frente de Todos permanezca unido aunque se privilegie el interés de un sector y que el liderazgo de la vicepresidenta no sea puesto en debate.

Un proceso complejo, pero cuyo avance inquieta a gobernadores, intendentes y sindicalistas del peronismo por el progreso experimentado con el acto del 17 de octubre en la CGT. Cristina y Máximo abortaron la proclamación de Fernández como nuevo titular del PJ. El primer paso que imaginaron para iniciar una disputa por la distribución del poder en el Frente de Todos. Fernández no desconocía esa intención. Aunque una semana antes adelantó que no sería parte de ella.

Advirtió que para ser orador del acto por el Día de la Lealtad debían cumplirse dos requisitos: no proclamarlo e invitar a Máximo. El hijo de la vicepresidenta impuso la presencia de María Fernanda Raverta y Mayra Mendoza. La titular de la Anses y la intendenta de Quilmes son las dos mujeres más encumbradas de La Cámpora y mantienen una estrecha relación con Cristina, que rechazó el insistente pedido de asistir que le efectuaron Héctor Daer y Andrés Rodríguez.

Los jefes de los sindicatos de Sanidad y UPCN apuestan a reeditar en la central obrera la histórica sociedad que mantienen con Fernández a través del PJ porteño, que conduce Víctor Santa María (Suterh). Un acuerdo para representarlo que sería refrendado con la recuperación económica que aguardan para el año que viene, pero de la que desconfían Cavalieri (Comercio), Lingieri (Aysa) y Martínez (Uocra).

Los rotulados "gordos" e "independientes" trabajan con sectores empresarios en un programa económico para proponerle al Gobierno, que, en apariencia, descree de la utilidad de ese instrumento. Daer especula con que por esa razón volverán a recostarse en Massa, de quien los intendentes de la primera sección ligados al Presidente sospechan que mantiene "una posición pendular" en este conflicto.

Dos días antes del 17, el jefe del Sindicato de la Sanidad le dedicó un furioso tuit a Mario Meoni: "El ministro vive en otro país. Habilitó los viajes en avión para trabajadores esenciales cuando ni siquiera está garantizado el transporte público para que puedan ir a trabajar y volver a sus hogares tranquilos".

Meoni es una pieza importante del Frente Renovador que convocó a un congreso extraordinario el 7 de noviembre para analizar "la apertura" del Frente de Todos. Massa reclama al oficialismo un trato igualitario para los gobernadores que no integran esa coalición, pero con los que mantiene un diálogo activo: Mario Arcioni (Chubut), Gustavo Sainz (Salta), Arabella Carreras (Río Negro) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

Manzur atendió ese pedido. Arcioni estuvo entre los que convocó la mañana del 17 a la Casa de Tucumán junto a Bordet (Entre Ríos) y Uñac (San Juan). Acordaron mantener un respaldo crítico a Fernández, pero a cambio de obtener otros resultados en la gestión. A los gobernadores les disgusta el predominio del peronismo porteño en el gabinete de ministros. Un reclamo que Daer también escuchó en el almuerzo servido en la CGT antes del acto: integra la conducción del PJ metropolitano.

Aunque el cuestionamiento más serio se lo hizo Martínez. El líder de la Uocra le reprochó la falta de obras públicas. Pero en especial la marcha de los camioneros que había tenido lugar unas horas antes. El precio de pertenecer al círculo más cercano al Presidente. La modesta movilización por la avenida 9 de Julio expresa el malestar con que Pablo Moyano haya sucedido a Hugo al frente del sindicato.

Esa relación filial es casi una cuestión de Estado. Fernández recibió el 13 a Hugo, acompañado por el intendente de Avellaneda, Ferraresi. Beliz hizo lo propio el 14 con Pablo, que llegó con Vera. Es muy probable que todos los protagonistas de esos encuentros supiesen antes lo que ocurrió ayer. El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera elevó a juicio oral y público la causa contra el hijo mayor de Moyano por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente.

Ferraresi se arroga haber intervenido para que Carlos Baccini sustituyera al suspendido fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, que a fines de 2019 disolvió la Unidad de Delitos Complejos que él mismo había creado. Un paso previo al desmembramiento de la causa contra Pablo Moyano cuyo tramo más sustancial quedó en manos del fiscal de Avellaneda Elvio Laborde.

La Corte bonaerense confirmó esta semana la prórroga en la suspensión de Ferrari, pero también la urgencia por habilitar el Departamento Judicial Lanús y Avellaneda el mes que viene. Si eso ocurriese, quedaría en sus manos resolver si esa causa debe continuar en Lomas de Zamora o en Avellaneda. El apuro del tribunal por inaugurar un nuevo departamento es extraño cuando argumenta que la Justicia carece de fondos para funcionar adecuadamente.

¿Los aportará Ferraresi? ¿O habrá una contribución filantrópica de la familia Moyano? A gestos de desprendimiento por el estilo se atribuye la buena relación que mantiene con sectores de la jerarquía eclesiástica. Marcelo Sánchez Sorondo es uno de los mencionados en esas versiones. A finales de septiembre el Papa designó a Beliz miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales a propuesta de Sánchez Sorondo, su director.

El arzobispo argentino es el nexo del titular de la Fundación Alameda con Francisco. Pablo se hizo retratar con Vera y el secretario de Asuntos Estratégicos mientras sostenía una pequeña foto de Francisco. ¿Se sentiría más a gusto Pablo si lo juzgara el Tribunal Oral Criminal 9 de Avellaneda? Son preguntas difíciles de responder sin despejar antes otros interrogantes.

Como la causa de la golpiza a Nicolás Angelotti la noche del 12. Uno de los curas cercanos al Papa por la obra que realiza en dos de las villas más peligrosas de América Latina: San Petersburgo y Puerta de Hierro, en La Matanza. Una alta fuente del gobierno bonaerense no duda en vincular el atentado con el desalojo de las tierras usurpadas en Guernica. La medida es resistida por sectores de la comunidad boliviana vinculados al narcotráfico en Campo Tonghi (Lomas de Zamora) y Villa Celina (La Tablada).

Se trata de dos distritos donde La Cámpora tiene resuelto competir. El intendente de La Matanza está enemistado con la vicegobernadora Magario. El de Lomas de Zamora no tiene la posibilidad de ser reelegido. Una situación que, como a otros, lo acerca a Fernández. Es lógico. En octubre el gobierno nacional conserva un nivel de aceptación del 60% según el informe de la consultora System & Function. El problema es que el Presidente no desea entrometerse en el liderazgo político de su vice. Es la razón del fracaso del acto del 17. La lealtad consiste en no irritar a Cristina. Una nueva verdad peronista.