La decisión de la jueza María Carolina Castagno de ordenar ayer “el reintegro en forma inmediata” de un campo en Entre Ríos a la madre y los hermanos Etchevehere -pedido que pasadas las 19 se hizo realidad- cerró un primer capítulo de una tensa disputa de tierras de corte familiar que terminó por nacionalizarse, al abrirle la puerta a Juntos por el Cambio para volver a apostar a la bandera de la defensa de una propiedad privada supuestamente amenazada en el país por las usurpaciones, en la antesala del electoral 2021.

En los hechos, una doble foto en el atardecer entrerriano reflejó el resultado de la jornada: la de los tres hermanos varones y su madre Leonor ingresando al predio de Casa Nueva (tras el retiro pacífico, en caravana, de las personas instaladas desde el 15 de octubre en el lugar) y la de Dolores Etchevehere, la única hermana, quien salió detenida por “desobediencia judicial” y fue trasladada a la Jefatura de Policía de La Paz.

Desde el inicio los gobiernos de Alberto Fernández y del peronista Gustavo Bordet mantuvieron una misma línea: que es un pleito familiar que no debe ser politizado y que debe resolverlo la Justicia, en el marco de la división de poderes. Pasadas las 18 y vía Twitter, Bordet lo puso en palabras. “Si bien es un conflicto familiar, se lo ha presentado como algo político para generar una oposición, (***), pero la oposición tiene que discutir en el terreno de las ideas y no apelar a golpes bajos”, enfatizó.

En esa línea,dijo que adoptaron “la misma posición que el Gobierno nacional: que debe resolverse en la Justicia”. “En Entre Ríos la división de poderes se practica, porque el republicanismo no es sólo en los discursos”, disparó, y resaltó que “nunca estuvo en duda el precepto constitucional de la propiedad privada”.

El sustrato de los reclamos opositores fue esa puja de los Etchevehere y el catalizador estalló el 15-O, cuando Dolores ingresó al predio con 40 personas para avanzar en el agroecológico “Proyecto Artigas”, tras donar 40% de las tierras -de las que se considera legítima heredera- a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de Juan Grabois.

La estrategia desató la reacción del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Etchevehere, quien denunció una supuesta usurpación y reclamó -junto a su madre y sus hermanos varones- el desalojo. Esa aspiración se convirtió en realidad ayer, tras la orden de la magistrada que se tradujo en un operativo sin incidentes, con fuerte presencia policial.

“Como Proyecto Artigas decidimos retirarnos de Casa Nueva y continuar la batalla en la Justicia”, dijo Grabois a las 15, vía YouTube. “Será antes de las 19”, prometió, lo cual se concretó. Pero advirtió que Dolores no estaba “dispuesta a hacerlo”, pese a su “recomendación” (la patrocina legalmente).

“Cada vez que trato de ejercer mis derechos hereditarios la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos; no voy a salir de acá, me van a sacar muerta”, había advertido Dolores. Finalmente salió pasadas las 19, pero detenida, tras resistirse al desalojo. Los ánimos eran diferentes en el resto de la familia: a las 19.15 reingresaron la madre y los tres hermanos.

“Hemos sufrido una derrota que nos duele y entristece, por los pequeños productores que soñaban con un proyecto agroecológico y por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional, heredera de una fortuna inconmensurable y hoy prácticamente en la indigencia”, sostuvo Grabois.

El desembarco en Entre Ríos de Grabois -quien enarbola una bandera de reforma agraria que genera incomodidad en distintos círculos- sirvió en los hechos como disparador de la reacción del ruralismo provincial y nacional, que se movilizó para exigir la liberación de las tierras, más por temor propio a potenciales futuras usurpaciones que por respaldo al reclamo puntual del exministro.

Ayer la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias dijo que “valora que se haya preservado a la República, se haya respetado el derecho a la propiedad privada y se haya dado lugar al cuidado de principios fundamentales plasmados en nuestra Constitución”. Pero dio un guiño para los “muchos argentinos (que) siguen sin poder acceder a la tierra”. “Bregamos para que en el corto plazo se puedan generar políticas públicas que permitan el acceso(***), pero de manera ordenada, legal, con sacrificio y esfuerzo”, recalcaron.

La preocupación ruralista fue recogida por Juntos por el Cambio. Ayer la titular del PRO nacional, Patricia Bullrich, se instaló frente al ingreso del campo entrerriano y siguió la resolución de la jueza junto a Luis Etchevehere. “Es un verdadero acto de Justicia y un precedente para frenar otras usurpaciones en el país; es importante que el Gobierno se ponga del lado de las víctimas y no del delito”, arengó Bullrich. El exministro horas antes había recibido allí al exsenador y actual auditor general de la Nación, Miguel Pichetto.

“Que sirva para que la gente pueda confiar en la Justicia y en el Derecho”, dijo el extitular de la Sociedad Rural. “El Gobierno nacional y el de Entre Ríos usaron a mi hija como instrumento”, afirmó Leonor, tras las denuncias sobre un supuesto apoyo de funcionarios a Dolores.

Pero los gobiernos de Fernández y Bordet se despegaron. “Decir que la propiedad privada está en riesgo es una estupidez”, dijo esta semana el Presidente, y habló en el caso de Entre Ríos de “dos hermanos que se pelean por una herencia”, que “son cosas que a veces pasan entre los ricos”.

La Casa Rosada monitoreó la situación, a partir de contactos diarios de Bordet con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Algunos fueron alcanzados por Grabois. “Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico”, disparó.

En su fallo, la jueza alegó que de la prueba surge que el “dueño del campo es Las Margaritas S.A y su titular es Leonor”. No avanzó sobre la cuestión de fondo -el pleito sucesorio- sino que se abocó a la pertinencia de la medida cautelar solicitada. El final sigue abierto, con la decisión de apelar de la defensa y mientras avanza en CABA la causa por supuesta violencia económica iniciada por Dolores.