No solo planean irse del país numerosos individuos, como señalamos ayer desde estas columnas. Crece también el número de compañías internacionales que deciden abandonar su actividad aquí. No nos referimos a las empresas locales afectadas por la cuarentena, o por las consecuencias de la pandemia, que no han podido sobrevivir a una paralización de ocho meses. De estos casos hay miles que lamentar, con consecuencias muy dolorosas para sus propietarios y empleados. Algunas lograrán acuerdos con sus acreedores y cierta ayuda estatal para superar una circunstancia que no han elegido. Muchas otras quedarán sepultadas por la situación. Pero la voz de alarma, la pregunta que inspira este editorial, se refiere a empresas cuya actividad en la Argentina es solo una parte de su organización global y que tienen espaldas suficientes para permanecer en el país si vieran un futuro auspicioso. Es importante por eso indagar sobre las causas que determinan su decisión de irse de la Argentina.

Alguien afincado en un lugar que decide dejar debe tener razones más poderosas que las que lo hubieran hecho desistir de instalarse allí. En otras palabras, si se van empresas es mucho más difícil que otras nuevas lleguen para radicarse. Efectivamente, hoy sobran los dedos de una mano para contar los nuevos proyectos productivos en construcción en nuestro país. Hasta el impulso que habían tomado las inversiones en Vaca Muerta se ha perdido. Sobre 202 países que analiza la ONU, la Argentina ocupa el segundo lugar con peor desempeño en la evolución de la inversión extranjera directa en lo que va del siglo XXI.

Han dejado de operar en la Argentina varias compañías aéreas, tales como Latam, Air New Zealand, Qatar Airways, Emirates y Norwegian. No tienen disposición de retornar cuando se normalicen los vuelos, ya que han comprendido que la política aerocomercial del actual gobierno pasa por monopolizar el mercado local con Aerolíneas Argentinas. Es un escenario que hace pensar en deterioro tarifario y competencia desleal. Además, las autoridades son contrarias a habilitar el Aeropuerto de El Palomar para vuelos low cost.

Al margen de empresas que desmienten estar a la búsqueda de compradores, han anunciado su voluntad de irse Pierre Fabre, Basf, Axalta Coating, Tiendas Falabella, Sodimac, Saint Gobain Sekurit, Glovo, Guerresheimer, Nike y Walmart, entre otras. Se trata de inversiones aún no recuperadas ni amortizadas que obligan a realizar pérdidas y dar explicaciones a sus accionistas. Está claro que, computando sus actuales bajos valores de venta, carecen de expectativas de recuperación.

Esta situación concilia con el dato de la muy baja tasa de inversión de la economía argentina, Según Orlando Ferreres, cayó un 14,9% en los primeros ocho meses de 2020. Así, la relación entre inversión bruta interna y PBI se ubicaría este año por debajo del 18%. Es un porcentaje que no alcanza para cubrir la reposición del capital desgastado. Las razones por las cuales las empresas se van son las mismas que desalientan la inversión. El muy elevado riesgo país exige retornos difíciles de alcanzar. En ese riesgo influyen el desmadre del gasto público, el consecuentemente elevado déficit fiscal y las caídas recurrentes en default. Esto determina, a su vez, un cuadro de inestabilidad tributaria y abuso impositivo que castiga a los cumplidores. Además, provoca emisión inflacionaria o fuertes endeudamientos del Estado, que desplazan al crédito privado. A estas inconveniencias deben sumarse los congelamientos de precios y los cepos cambiarios, que pueden llegar a impedir la remisión de utilidades.

Si todo esto se corrigiera, lo que exigiría un cambio copernicano en las ideas políticas y económicas de quienes hoy gobiernan, restaría reformar las reglas laborales para que contratar a un empleado no imponga un altísimo riesgo y un desmedido costo que impida alcanzar la productividad asegurada de otros países.

Los límites económicos, aun siendo determinantes, no alcanzan a ser tan desalentadores como los desvíos institucionales. Las ocupaciones ilegales y la débil y tardía reacción o incluso el apoyo del Gobierno a los ocupantes ponen en camino de demolición el derecho de propiedad. Nadie invierte si este derecho no está plenamente garantizado. Esta seguridad debe además apuntalarse con una Justicia independiente que actúe rápidamente en resguardo de la ley. La demora en desalojar los terrenos de Guernica, las tierras de Entre Ríos y las intrusiones en Mascardi dan prueba de espacios judiciales influenciados por funcionarios asociados a los ocupantes ilegales que pernoctan incluso en las tomas. Son episodios que, como los linchamientos y la inseguridad, llegan al mundo y a las casas matrices de las empresas que se van.

La Argentina podría atraer inversiones en vez de expulsarlas.

No hay misterio sobre cuál debiera ser el camino de las reformas estructurales para transformar el círculo vicioso del estancamiento y la pobreza en otro virtuoso de crecimiento y bienestar.

Generar un clima de confianza, de respeto por las instituciones y de seguridad jurídica, que lentamente nos devuelva la esperanza y convoque a la reconstrucción llevará tiempo, pero si no comenzamos ya, cada vez será más difícil detener la diáspora.