Había ocurrido hace unos meses con Vicentin, cuando el gobierno nacional anunció su propósito de expropiar la cerealera declarada en cesación de pagos cuyo concurso de acreedores se tramitaba en la Justicia. Se repitió en las últimas dos semanas con la usurpación del establecimiento Casa Nueva, de la localidad entrerriana de Santa Elena, de la familia Etchevehere. En el campo volvió el temor a la violación del derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, con argumentos endebles y soporte político.

Finalmente, en ambos casos, la Justicia detuvo los intentos de atropello. Sin embargo, eso ocurrió tras protestas y días y horas de tensión que, según advierten productores y especialistas consultados por la nacion, tienen un costo extra sobre la actividad.

¿Se frenan las inversiones en el agro cuando se cuestiona el derecho de propiedad? ¿Hay impacto en el negocio sobre el mediano y largo plazo?, son algunos de los interrogantes que cabe hacerse en situaciones extremas como las vividas en las últimas semanas.

"Cuando suceden estas cosas la gente se pregunta ¿esto va a ser mío o del Estado?", dice Juan José Madero, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). "En el mercado de campos tuvimos un ejemplo emblemático con el episodio Vicentin, lo notamos en las consultas", afirma. Esta pérdida de interés por parte de potenciales inversores sucede aun cuando hay gente que busca alternativas de inversión frente al cepo al dólar.

Madero advierte que el retraimiento de inversores crece cuando hay cuestionamientos al derecho de propiedad e inacción por parte del Estado frente a las tomas de tierras. En el sur del país, especialmente en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, donde recrudecieron las ocupaciones por supuestas reivindicaciones de pueblos originarios, "el inversor le pone un signo de interrogación" a la compra de tierras rurales, añade.

Según los especialistas, además, cuando se pone en duda el derecho de propiedad hay un impacto económico negativo sobre la actividad. "No se hunde más capital y se afecta la asignación eficiente de recursos en el sistema", explica Daniel Lema, docente de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (Ucema).

El especialista recuerda que entre 1940 y 1968 hubo un congelamiento de los arrendamientos rurales que contribuyó al freno de la producción agrícola. Con el paso del tiempo, tras las sucesivas liberaciones, "el mercado de campos es uno de los más dinámicos del país, reacciona a las subas y bajas de los precios internacionales y a las contingencias climáticas", recuerda. Además, remarca su baja conflictividad en comparación con otras actividades de la economía.

Uno de los argumentos que sorprendió a los observadores fue el argumento que puso sobre la mesa el dirigente social Juan Grabois que, con el soporte de funcionarios nacionales y de Entre Ríos, pretendió llevar adelante su denominado Proyecto Artigas mediante la ocupación del campo propiedad de la familia Etchevehere: la supuesta imposibilidad de acceder a la tierra para producir.

Sin embargo, el último Censo Nacional Agropecuario, de 2018, identificó al menos una docena de formas jurídicas de contratos para producir, destaca Sebastián Senesi, director de la Maestría en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

"Cuando la propiedad de un bien está definida se le asigna valor y cuando no lo está, tiende a cero, es así de simple", explica Senesi. En la Argentina, "la valorización de la tierra se produjo con el alambrado, hasta donde llegaba lo mío y lo tuyo", rememora.

La valorización de los bienes "está en la base del sistema capitalista" y cuando esto ingresa en un terreno difuso se deja de invertir, observa. "Lo vemos con lo que ocurre con las semillas autógamas (trigo y soja) que las empresas, en el momento del intercambio, no saben cómo se va a repartir su valor y dejan de invertir", dice.

Un ejemplo inverso, apunta, se da cuando se vende la cosecha. "Un grano de trigo o maíz tiene valor porque alguien cumple con el pago", señala. "Cuando asegurás que es tuyo lo que producís, generás valor. Y cuando se da previsibilidad, hay menos incertidumbre e inversión en activos específicos", sostiene.

Senesi destaca que aun en países que vivieron durante muchos años bajo un sistema socialista hoy se respeta el derecho de propiedad. "En Rusia y en Ucrania se asegura el derecho de uso con contratos a cien años, en muchos casos la propiedad sigue siendo del Estado, pero se otorga el derecho de uso, hay previsibilidad", apunta.

Diferencias

Los cuestionamientos al derecho de propiedad, más la presión impositiva y las constantes crisis económicas que vive el país deprecia el valor de los activos. "Mientras el valor de la hectárea en la mejor zona agrícola de la Argentina cuesta US$ 13.000, en los Estados Unidos, en una región equivalente, cuesta US$ 30.000", apunta José Álvarez, conocido en la red social Twitter como @bumpercrop1, y que trabaja en campos del noroeste, el sur bonaerense y del estado norteamericano de Illinois.

"En la Argentina no hay un sistema de castas para producir, cualquiera puede hacerlo. Con la venta de un departamento en Buenos Aires se alquila fácilmente un campo y se consiguen insumos financiados", dice. "Se siembran 35 millones de hectáreas y en el país hay 277 millones de hectáreas, hay territorio de sobra para experimentar", añade.

El productor destaca también que la proporción de productores agropecuarios es similar en la Argentina que en Estados Unidos, por lo cual no se observa un proceso de concentración. "Con 330 millones de habitantes, tienen 2,2 millones de productores, y aquí, con 44 millones hay unos 300.000, es el 0,6%, no hay ninguna diferencia", apunta.

Para Álvarez, el recrudecimiento a las tomas y otros cuestionamientos representa un "ataque a la producción de alimentos". Expresa que "el capitalismo es el responsable de que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, se produzcan más alimentos que los que se pueden consumir. Precisamente, 1,4 veces la cantidad necesaria para alimentar a los más de 7700 millones de habitantes con los que cuenta el planeta hoy".

Una de las consecuencias de ese volumen de producción es que haya exceso de comida en el mundo. "Y si a algunos no les llega, es justamente porque tienen la desgracia de vivir en países gobernados por dictadores colectivistas", opina.

"Por eso mismo, es que la propiedad privada, los eventos biotecnológicos, los fitosanitarios, la agricultura moderna, la industria cárnica y hasta las vacunas son objeto de sus intentos de destrucción", puntualiza.

Estos embates contra la propiedad y el sistema de producción, paradójicamente, ocurren cuando la Argentina atraviesa una de sus peores crisis económicas de la historia y, sin embargo, el campo es el sector que genera la mayor cantidad de divisas por exportaciones. Otra rareza de los tiempos.

Con el ojo en los que se van

"Hay que generar las condiciones para que no desaparezcan los 5000 productores por año como está sucediendo", advierte el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni en referencia a la supuesta necesidad de tierras para producir.

Aunque reconoce de casos en los que sí hay problemas, el dirigente federado alerta que hay productores de las economías regionales que están saliendo del circuito por falta de rentabilidad y quebranto de su negocio. "Tenemos el caso de la banana, Formosa ha perdido 12.000 hectáreas en los últimos años por la quiebra de los productores", dice Achetoni. "Llevamos años sin que ningún gobierno entienda perfectamente a las economías regionales que necesitan estímulos para el mercado interno y para exportar", apunta.

"Hay dos ejes: cuando hay producción hay que preservar el margen de rentabilidad y cuando no la hay (por contingencias climáticas por ejemplo) no hay un fondo de emergencia o un seguro multirriesgo" que les permita continuar en la actividad. "En la cuarentena, vimos que en tres o cuatro meses hubo hoteles que quebraron, al productor le pasa lo mismo cuando no tiene nada para vender", apunta. Para Achetoni, para frenar el abandono de la actividad por parte de productores habría que impulsar políticas que bajen la presión impositiva, mejoren el financiamiento y eviten las distorsiones de precios, entre otras medidas.