Desde que comenzó la toma en el campo de los Etchevehere, que el jueves terminó con el desalojo ordenado por la Justicia, la inquietud política medular del conflicto fue el grado de apoyo del Gobierno nacional a Juan Grabois, en quien Dolores Etchevehere delegó la defensa, más mediática que legal, de su reclamo familiar.

Tras el fallo contundente de la jueza María Carolina Castagno, que ratificó el reclamo de la madre de Dolores y sus hermanos como legítimos poseedores de la propiedad privada en disputa, el dirigente social afín al Papa Francisco y al oficialismo kirchnerista vinculó esa “derrota” judicial con cambios en las actitudes de dirigentes.

Grabois acusó explícitamente al presidente Alberto Fernández de “ceder ante el poder fáctico”, como si la decisión no hubiera sido judicial sino de otro tipo de influencias.

Lejos de ofenderse, horas después el Presidente respaldó a Grabois. “La idea base de buscar tierras fueras de los centros urbanos para que la gente se asiente y los explote, es una idea a tener en cuenta; no es descabellada. Es para volver a recuperar la habitabilidad del campo", dijo.

Y aunque volvió a defender la propiedad privada, el aprecio hacia Grabois no tuvo correlato con los Etchevehere que durante 14 días, según determinó la Justicia, fueron usurpados.

Es extraño que un abogado priorice “leyes naturales”, invocando criterios divinos sobre el derecho positivo, que no es más que las normas que una sociedad establece para regular la convivencia. Grabois lo hizo para justificar la intromisión en tierras ajenas. Y otro abogado, el Presidente, respaldó su “aventura”, según consideró Leonor de Etchevehere desde sus lúcidos 82 años.

En elocuente apoyo a Grabois, el Presidente aseguró que "la producción de cultivos como la soja desempleó cada vez más gente en los campos y generó hacinamiento en zonas urbanas". En ese sentido, generó inquietud –en el sector agropecuario y entre quienes lo valoran como pilar de la economía- que se ponga otra vez a la oleaginosa, desde un mensaje presidencial, como causante de problemas, en vez de ser considerada parte de la solución, particularmente ahora que cotiza alrededor de los 400 dólares a nivel internacional.

No parecen pensar lo mismo, por ejemplo, Martín Guzmán, el ministro de Economía que está tratando de domar al dólar, y el canciller Felipe Solá, quien impulsó las conversaciones con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Ambos ministros han tratado de tender puentes desde hace meses, conscientes no sólo del aporte clave en divisas sino también por la confianza que puede generar en los mercados el potencial económico del campo argentino, si no se le ponen “palos en la rueda” a su dinámica productiva.

Cómo seguirá la relación campo-Gobierno

Con todo, la pregunta clave hacia adelante es cómo seguirá la relación del Gobierno con el campo. Hay indicios para cierto optimismo, pese al fuerte enojo que generó la usurpación entre los productores agropecuarios.

Fue inteligente de parte de la Mesa de Enlace y de otras entidades agropecuarias, como las 4 cadenas de cultivos principales, defender las leyes y la propiedad privada con firmeza pero sin entrar en confrontaciones sociales. En un comunicado conjunto, los presidentes de CRA, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural, incluso contemplaron, en línea con la opinión del Presidente, que debe promoverse el desarrollo rural, con fomento del arraigo en el Interior del país.

Ese es uno de los ejes de la Estrategia que el CAA retomará el miércoles próximo con el gabinete económico del Gobierno, en el intento de avanzar en consensos de políticas que promuevan la producción y las exportaciones.

Se busca que ese plan sea sostenido por una ley, con reglas claras y estables durante 10 años. Suena utópico, en medio de las discusiones de los últimos días. Pero desde la agroindustria siguen apostando al diálogo con el Gobierno convencidos de que es posible y beneficioso para todos, sin grietas.