Dolores Etchevehere deberá declarar este viernes 6 de noviembre ante la Justicia entrerriana por ocupar y ceder tierras de su familia al "Proyecto Artigas", liderado por el dirigente social Juan Grabois. Por los delitos de usurpación y desobediencia podría recibir hasta tres años de prisión, situación que fue calificada por su abogado como "absurda", ya que es un "discusión familiar", según explicó. 

La jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno había dispuesto para esta semana la declaración por videoconferencia, debido a la pandemia del coronavirus, en la causa que investiga los delitos de usurpación y desobediencia judicial contra Dolores. En su imputación, el fiscal de La Paz, Oscar Sobko, sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar. Además, Sobko solicitó registros a la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas provincial y a la Inspección General de Justicia de la Nación para determinar si efectivamente existe "Las Margaritas" Sociedad Anónima, propietaria de los terrenos, y quiénes integran. Respecto a esa sociedad, Juan Diego Etchevehere había explicado que su hermana "hace más de dos años que no tiene ningún tipo de vinculación" y agregó: "Desde el 2009, año en el que falleció nuestro padre, hasta 2018, fue vendiendo sistemáticamente sus participaciones accionarias". 

Además, explicó que "este no es un hecho familiar, es una usurpación", concepto que Facundo Taboada, abogado de Dolores, refutó: "Es una ridiculez (la causa) porque es una discusión familiar. No hay usurpación ni desobediencia judicial. Habrá que presentar papeles y otras cosas, que lo vamos a ir haciendo". "El delito que le imputan es un absurdo total", insistió Taboada en diálogo con Telam y confirmó que la mujer presentará un escrito. Según la causa, Dolores tomó las instalaciones familiares, por lo que podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación y, además, fue detenida "por negarse a cumplir la decisión judicial", por lo que se le suma el delito de desobediencia, que estipula una pena de entre un mes y un año de prisión.