La usurpación de tierras privadas y públicas en Misiones es un problema histórico que los poderes político y judicial nunca se encargaron de resolver. El avance sobre las propiedades se da principalmente en el sector rural, en el interior de la provincia, y en algunos casos los intrusos cuentan con apoyo político.

En las últimas semanas los casos tomaron una mayor visibilidad a partir de la usurpación de una estancia de la familia Etchevehere, en Entre Ríos; y también desnudó la existencia de organizaciones delictivas que tienen accesos a bases de datos estatales, en la búsqueda de propiedades cuya situación dominial no está regularizada.

Policías que están afectados a la custodia de funcionarios y algunos punteros políticos vinculados al oficialismo están detrás de algunos de los casos más resonantes que se dieron en las últimas semanas y ameritaron la intervención de dirigentes agrarios y legisladores, que mostraron su preocupación por el problema.

El caso paradigmático fue el de una mujer de 84 años que reside en la localidad de Santa María. Arzí Silveira heredó de su padre una chacra que está en poder de la familia hace casi ocho décadas. Con sorpresa, “Doña Sisa”, como la conocen todos, se encontró con un grupo de personas que ingresaron armados en su campo y rápidamente montaron una casa de madera. El policía Jorge Ángel Díaz se presentó como el nuevo propietario y exhibió un título de propiedad que ahora está bajo investigación. Es que Silveira nunca vendió la propiedad, pero los usurpadores consiguieron un supuesto poder de la empresa Nobleza Piccardo para iniciar el proceso de escrituración. Esa documentación que lleva la firma de un escribano porteño está ahora bajo la lupa judicial.

La Justicia, que primero ordenó a Doña Sisa y a su hijo Ángel abandonar la propiedad, ahora les restituyó y busca determinar la legalidad de la certificación notarial que permitió tramitar el título por parte del policía.

El uniformado, que trabaja en la Jefatura de Gabinete de ministros de Misiones, habría iniciado todo el proceso después de constatar que la única heredera de la chacra no inició el proceso sucesorio tras el fallecimiento de su padre. Ese dato fue clave para avanzar sobre la propiedad.

Otro de los conflictos se dio en la localidad de Wanda, donde decenas de familias se apropiaron hace diez días de dos lotes que pertenecen a un empresario que pretendía montar allí un emprendimiento ecoturístico. El predio de once hectáreas está a sólo 300 metros de las minas de piedras semipreciosas y todavía no fue desalojado pese a que hay una orden judicial que así lo dispone.

Los usurpadores son liderados por un paraguayo que llegó hace poco tiempo a Misiones y consiguió velozmente su documento argentino. Miguel Gularte no dudó el fotografiarse empuñando un arma de fuego y hasta le envió una seria advertencia al presidente de la Legislatura y cacique del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira. Tras admitir que era puntero político del oficialismo, le pidió la cabeza de los tres concejales que repudiaron la usurpación y defendió enfáticamente al intendente Felipe Jeleñ, con quien tendría una alianza política.

El propietario de los lotes, Raúl Bertotto, no tiene dudas de que fue “una toma organizada” y que muchos de los intrusos cuentan con viviendas en otros barrios de Wanda. “Usan de escudo a mujeres y niños que trasladan hasta el lugar para que la Justicia no actué sobre ellos, pero tienen ayuda para hacer lo que hacen”, dijo Bertotto.

Detrás de las tomas existe un mercado negro de compra venta de los lotes usurpados. Las tierras son ofrecidas por poco dinero y en las redes sociales aparecen como “mejoras”, que no es otra cosa que un pedazo de tierra sin ningún documento que avale su legal tenencia.

Los procesos migratorios de campesinos empobrecidos de Paraguay y Brasil generan una presión extra sobre las tierras de Misiones. Esas personas son seducidas por inescrupulosos punteros políticos que alegan contar con suficientes contactos para evitar desalojos o cualquier otro inconveniente judicial.

Las intrusiones generalmente son presentadas como fruto de la desesperación de familias que viven en la pobreza extrema y no tienen dónde levantar sus precarias casas, pero no siempre es así.

Desde la Justicia sostienen que la Policía no necesita una orden de desalojo cuando constata una intrusión. “Deben intervenir para hacer cesar un delito. Es como que nos pidan permiso para detener a un ladrón que es sorprendido cometiendo un delito”, dijo un juez.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) advirtieron que las tomas de tierras son realizadas “por verdaderas asociaciones ilegales que se aprovechan del desconocimiento e inexperiencia de los productores que día a día se dedican a producir en las chacras de Misiones”. Y pidieron el acompañamiento del Poder judicial y del poder político para que tutele y proteja la posesión de las tierras de los productores que históricamente trabajaron sus chacras, frente a estas gavillas de maleantes que con artilugios legales propios de rufianes, pretenden apoderarse de tierras productivas expulsando a sus legítimos ocupantes”.