En todo el mundo, la sociedad y los mercados demandan, cada vez más, garantías de sustentabilidad en la producción agropecuaria. Para eso, los productores argentinos implementan desde hace años un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en los planos ambiental, económico y social.

Se trata de una serie de principios, normas y recomendaciones técnicas utilizadas en la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles.

“El tema de buenas prácticas se ha instalado fuertemente en los últimos años en Argentina, hay mucha demanda de información, de capacitación y de implementación por parte de productores, empresas, municipios y provincias”, contó el coordinador técnico de la Red BPA, Ing. Agr. Juan Brihet.

“Para nosotros tener una producción cada vez más sustentable es central, trabajamos cada día para sumar productores al cumplimiento de las BPA”, indicó el presidente de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Fabián Quiroga. “Lo fundamental es la concientización, la comunicación y la capacitación, nosotros trabajamos en esos tres pilares desde hace varios años”, dijo Quiroga. En 2019 Casafe llegó a capacitar en BPA a 48.000 integrantes de la cadena de la producción de agroalimentos.

Varios indicadores dan cuenta de un gran avance en buenas prácticas en Argentina según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En primer lugar, el uso del sistema de siembra directa se mantiene desde hace una década por encima del 90% de la superficie agrícola total, una tecnología nacional de exportación que ha dado pruebas de su aporte en la protección y recuperación del suelo.

Asimismo, la rotación de cultivos con gramíneas alcanzó el 43% del área nacional, diez puntos más que en 2014/15.

La siembra de cultivos de cobertura viene creciendo y si bien en la campaña 2018/19 solo un 13% de productores los usó, este valor se triplicó en apenas cuatro campañas. Se encuentran valores superiores en el NOA, NEA, Entre Ríos, San Luis y Sur de Córdoba.

Además, la aplicación variable de insumos, que puede reducir entre significativamente la cantidad de producto utilizada, el costo económico y el impacto ambiental, fue adoptada por un 10% de productores en 2018/19 medido en herbicidas, fertilizantes y semillas y su uso viene mostrando un crecimiento sostenido durante los últimos años.

En el caso de las dosis de fertilizantes se vienen incrementando pero el balance de nutrientes es negativo. La fertilización nitrogenada en maíz aumentó tanto en dosis como en superficie. Entre las campañas 2014/15 y 2018/19 pasó de 55 a 65 kg/ha en promedio. La fertilización fosfatada en soja no ha variado durante los últimos años, manteniéndose en los 10 kg/ha desde 2016/17.

Y el muestreo de suelos sigue siendo bajo pero creció de 10% a 23% desde la campaña 2014/15.

Por otra parte, según Casafe, un 75% de los químicos aplicados a los cultivos están clasificados por el Senasa como fitosanitarios de banda verde, es decir, de la franja de menor toxicidad.

Algunas provincias están trabajando en implementar modelos de buenas prácticas. “Córdoba ha hecho punta, son líderes en este tema porque han articulado muy bien la parte pública y privada con el acompañamiento político, lograron crecer con un programa de promoción e incentivos de compensación económica y con indicadores claros, y eso se llegó a convertir en ley en 2019”, destacó Brihet.

“Santa Fe también trabajó muy bien, hasta la gestión anterior, en un programa provincial con mucha información, capacitación y comunicación. Y en Entre Ríos se está por lanzar un programa de Productor Sustentable que apunta a seguir estos modelos que promueven las BPA desde los estados provinciales”, repasó.

Calidad certificada

Para dar garantía de que se respetan las BPA , en la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid) trabajan con un programa de certificaciones que apunta a validar la implementación de prácticas sustentables.

Entre ellas se encuentra la de Agricultura Sustentable Certificada (ASC) que ya cuenta con 100.000 hectáreas certificadas en seis provincias. “ASC es el primer y único standard de origen argentino reconocido por la FEFAC (Feed Manufacturers Federation), organización europea que nuclea a 23 países compradores de harina de soja argentina”, explicó el gerente de Certificaciones de Aapresid, Tomás Mata.

Además, cuenta con la Certificación Municipio Verde destinada a brindar un marco de sustentabilidad en las prácticas que se realizan en las zonas linderas a localidades productivas.

“El objetivo es que el municipio trabaje en conjunto con productores, asesores, operarios y actores de la producción para lograr transparencia y trazabilidad en todos los procesos”, detalló Mata. El proceso es auditado por IRAM, brindando un marco de transparencia y confiabilidad al ser una parte no involucrada en la producción.

“Actualmente hay dos municipios certificados y dos más en vías de desarrollo, con un trabajo progresivo en 10 municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, principalmente, dijo el gerente.

Recientemente se presentó el sello Algodón Responsable Argentino, un desarrollo de Aapresid y la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, donde se trabaja en una certificación inicial de 20.000 hectáreas en tres provincias. “El objetivo es dar un marco de sustentabilidad a través de una marca que posicione en el mercado al algodón argentino”, señaló Mata.

Materia pendiente

Más allá del trabajo de las entidades “el tema es cómo lograr que efectivamente las buenas prácticas se hagan a campo, ahí pensamos en capacitación, incentivos, control, sanciones, pero esto realmente avanza cuando se convierte en política pública, ya sea nacional, provincial o municipal”, indicó Brihet.

“Nosotros vemos la necesidad de que se dicte una Legislación en Buenas Prácticas que traiga tranquilidad y seguridad a los vecinos, a toda la cadena agroindustrial y a la sociedad, trabajar en una legislación es algo pendiente y es lo que estamos propiciando”, coincidió el titular de Casafe. Darle un marco legal al trabajo en BPA que vienen haciendo todos los jugadores del sector público y privado “es necesario para integrar y cerrar este círculo virtuoso”, remarcó Quiroga.

De acuerdo a Brihet, “es fundamental definir el norte como país en materia BPA, con políticas de Estado basadas en ciencia y tecnología”.

Hoy la sociedad y los mercados reclaman el uso de buenas prácticas en la producción y es necesario demostrarlo con indicadores claros. Solamente el trabajo articulado de los actores del sector público y privado bajo un marco regulatorio claro y reglas previsibles, hará posible que las buenas prácticas se extiendan a todo el campo argentino.